Comienza el juicio a los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar más de 1.900 millones

SAN FERNANDO DE HENARES.- El juicio oral a los catorce directivos de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. acusados de estafar más de 1.900 millones de euros a 190.000 familias ha arrancado en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) este jueves, casi diez años después de que se destapara la estafa.

En esta primera sesión del juicio, que se prolongará como mínimo hasta enero, se verán las cuestiones previas a los interrogatorios de la cúpula de la compañía, que incluye al presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cano Cuevas; al fundador, Albertino de Figueiredo; y a los consejeros Carlos de Figuereido y Vicente Martín Peña, a la sazón director general de Inversiones del grupo.

No obstante, también se sentarán en el banquillo de los acusados Emilio Ballester López, Francisco Guijarro Lázaro, Joaquín Abajo, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide, Gregory Manning, Francisco Blázquez, Ramón Soler y Juan y Jordi Domingo Brualla.

La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.

De hecho, en octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a Cano Cuevas, Carlos Figuereido y Vicente Martín Peña al pago mancomunado de 1.825 millones de euros y a inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos o ejercer comercio alguno, además de retirarles cualquier derecho como acreedores y obligarles a devolver los bienes obtenidos indebidamente del patrimonio de la sociedad.

En ese juicio mercantil se concluyó que los condenados habían contabilizado de forma incorrecta las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos, habían sobrevalorado los sellos y su revalorización y habían retrasado de forma deliberada la declaración del concurso, lo que empeoró la situación de Afinsa.

Sin embargo, se absolvió al fundador de Afinsa, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y a otros colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.

"Los sellos no tenían una revalorización en la medida que se atribuía al ahorrador".

Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".

El uso de un esquema piramidal, recogido en el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal, en el que el capital invertido por nuevos clientes se utilizaba para abonar unos beneficios que no eran reales, y los artificios contables de la sociedad que avalaba su auditor permitieron mantener la empresa a pesar de sus pérdidas.

No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".

Así, el perjuicio económico causado por este negocio "ruinoso" que se llevó a cabo entre 1998 y 2006 alcanzó los 2.574 millones de euros que, tras restarle los activos, arroja una cifra de 1.928 millones de euros de pasivo exigible por los contratos de inversión vigentes en mayo de 2006.

En estas circunstancias, la mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa, que se enfrenta a 19 años de prisión; para Carlos de Figueiredo, para quien se piden 16 años; Albertino de Figueiredo y Vicente Martín Peña, con 15 años cada uno; y Emilio Ballester, que podría recibir una pena de hasta trece años de cárcel.

Completan la relación Joaquín Abajo (once años), Francisco Guijarro (ocho años), Gregory Manning (cinco años), Esteban Pérez (cuatro años), Ramón Egurbide (cuatro años), Ramón Soler (tres años y un día), Francisco Blázquez (dos años y un día), Juan Domingo Brualla (dos años y medio) y Jordi Domingo Brualla (dos años y medio).

En el juicio, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que actúa como acusación popular, pedirá las mismas penas que el Ministerio Fiscal y además reclamará una fianza de 1.500 millones de euros para que los acusados respondan de los daños causados a los afectados, un grupo de los cuales asiste al juicio.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción, que representa a más de un millar de afectados, pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de Afinsa y los directivos Albertino de Figuereido, Carlos de Figuereido, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Joaquín Abajo, Ramón Egurbide y Esteban Pérez Herrero, así como otros responsables de la entidad.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid también condenó a seis administradores de Fórum Filatélico a pagar mancomunadamente 2.200 millones de euros de la masa, el 16,6% del déficit concursal, así como a inhabilitación y pérdida de derechos como acreedores. Aún debe celebrarse el juicio penal por este caso.

Más de un centenar de afectados de Afinsa se han manifestado ante la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde este jueves comienza el juicio penal a los responsables de la empresa que, entre 1998 y 2006, habrían estafado casi 2.000 millones de euros a más de 190.000 familias.

Entre los manifestantes se contaban miembros de asociaciones que piden la absolución de los exdirectivos de la sociedad, llegados desde Murcia, Madrid y otras regiones españoles, quienes consideran que el caso no es una estafa sino que fue la "intervención política judicializada" la que provocó la caída del valor de los sellos en los que se fundamentaban las inversiones.

A su juicio, las familias y la propia empresa son las víctimas de este caso por lo que, megáfono en mano, han exigido "justicia y solución" y se han preguntado "dónde están las promesas del PP". Una solución que sólo encontrarán, consideran, cuando recuperen la filatelia y puedan vender sus activos.

Lo que este grupo comparte con los afectados que, representados por Adicae, se manifestaban unos metros más allá es haber perdido sus ahorros y su exigencia de una indemnización al Estado, al que consideran responsable subsidiario en esta estafa entre otras cosas por la demora en su resolución. No en balde, la intervención de Afinsa se produjo hace casi diez años.

Casi 200.000 familias llevan esperando cerca de diez años la apertura del juicio 

El presidente de Adicae, Manuel Pardo, ha señalado a la entrada de la Audiencia que "hoy no es día de la justicia, sino el día de la ira, el de la indignación" de las 190.000 familias que llevan nueve años y medio esperando que se abra juicio para ver si recuperan algo de los 2.500 millones de euros que les estafaron. "Esto no es justicia", ha clamado.

Y por eso desde su papel como acusación popular la asociación reclamará la culpabilidad de los empresarios y la responsabilidad subsidiaria del Estado para que indemnice a las víctimas, por los retrasos en la Justicia tanto para cerrar el concurso de acreedores como para señalar juicio oral. Tiempo durante el que los activos de la sociedad, fundamentalmente inmobiliarios, se han "deteriorado mucho".

Y es que hasta ahora los afectados apenas han recuperado el 5% de sus ahorros "por los obstáculos que han puesto los acusados" y, en el mejor de los casos, reconoce Pardo, podrían llegar a recuperar apenas entre el 25% y el 30% de sus ahorros con la venta de los activos de Afinsa.

Durante los minutos previos a la entrada en el juzgado se han llegado a vivir algunos momentos de tensión entre ambos grupos de afectados, que se reprochaban mutuamente sus "mentiras" sobre el caso.

Los representados por Adicae, que han llegado portando carteles y pancartas, creen que la otra parte ha sido "inducida a un gravísimo error por los criminales que se sentarán en el banquillo", mientras que quienes reclaman la absolución de los directivos les recriminan a que se conformen con "limosna".

Hablando incluso de "bandos", finalmente ha sido la Policía Nacional la que ha tenido que intervenir para templar los ánimos y, pidiéndoles que se comportaran "de forma civilizada", han organizado a los manifestantes para garantizar su entrada ordenada en la Audiencia.