Los investigadores del caso del pequeño Nicolás encabezados por el comisario Marcelino Martín-Blas - destituido de la Unidad de Asuntos Internos por este caso y que depende actualmente del juez instructor de la causa, Arturo Zamarriego- piden la imputación de cuatro altos mandos de la cúpula policial, empezando por el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y que presuntamente participaron en la grabación y difusión de la conversación entre miembros del Centro Nacional de Inteligencia y los investigadores del caso, y que fue entregada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias con la intención de archivar la causa.

Además de Pino, que ha sido premiado con la medalla de Plata por el ministro de Interior antes de jubilarse, los mandos policiales citados en las actuaciones que durante año y medio a supervisado el juez Zamarriego son el comisario Enrique García Castaño y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del DAO, que mantuvieron abundantes contactos telefónicos con los periodistas investigados Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta; y el comisario José Manuel Villarejo, cuyo entorno empresarial y familiar mantiene estrechas relaciones con los periodistas que tuvieron acceso a diferentes exclusivas.

También pide la imputación de la mujer del comisario José Manuel Villarejo, Gemma Alcalá, que es propietaria del medio Información Sensible donde se publicó que existía una grabación entre el CNI y Asuntos Internos mucho antes de que hasta el pequeño Nicolás tuviera acceso a ella.

Los policías pudieron cometer los presuntos delitos de revelación de secretos, intervención de las comunicaciones y obstrucción a la justicia.

La investigación acredita que fue un funcionario quien le entregó periodistas la grabacion ilegal a los ex periodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Estrban Urrieztieta, y que presuntamente ellos entregaron al pequeño Nicolás. Por eso piden el sobre registro de sus casas incluso su imputación. La comisión judicial tiene señala a otros periodistas que pudieron colaborar en su difusión, estos son Daniel Montero, Manuel Rico, Sandra Fernández y Carlos Mier.

Por los pagos realizados a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por las entrevistas concedidas en Telecinco, la instrucción solicita la imputación del director de Producciones Mandarina, Pedro Antonio Revalderia, y del presidente de esta productora, Santiago Botello.

La Fiscalía se ha opuesto a estas investigaciones y sólo ha solicitado la imputación del periodista Carlos Mier, que desveló en Información Sensible la detención de Nicolás y la existencia de la grabación. Esta es la tónica del ministerio público desde diciembre de 2014, cuando los investigadores solicitaron interrogar a los miembros de Manos Limpias que tuvieron relación con el pequeño Nicolás; al ex secretario de las infantas, Carlos García Revenga; o al secretario de estado de Comercio, Jaime García Legaz.

Sin embargo, la acusación popular representada por la Asociación Municipal de Policía Unificada (AMPU) ha estado siempre en la línea del juez Zamarriego y los investigadores y estudia apoyar algunas de las diligencias solicitadas por los investigadores.