El Congreso aborda el 'Bibliocausto' para dignificar la memoria de los libros destruidos por Franco

El 19 de agosto de 1936 se produjo la primera quema pública de libros de la Guerra Civil. Ardieron más de un millar de ejemplares en pequeños fuegos repartidos a lo largo de la dársena del puerto de Coruña. "A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica", escribió esa jornada El Ideal Gallego.

Las obras de Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pío Baroja o Miguel de Unamuno acabaron hechas cenizas. Corrió la misma suerte la biblioteca privada del diputado de Izquierda Republicana Santiago Casares Quiroga o la de la editorial Nós. No sólo desaparecieron sus colecciones en lengua gallega, sino que su director acabó fusilado. Como él, decenas de libreros y  bibliotecarios fueron asesinados o encarcelados. La pionera de la biblioteconomía, Juana Capdevielle, fue una de ellas. Sus restos aparecieron ese mismo 19 de agosto en una cuneta de Lugo.

La del Bibliocausto español es una historia poco conocida y que apenas se ha investigado. Ahora, en el 95 aniversario de la proclamación de la II República, el PSOE ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a reconocerlo y documentarlo. La iniciativa se debate este martes en el Pleno del Congreso.

"La destrucción literaria nazi en 1933 causó tal impacto que llevó a la revista Time a hablar de Bibliocausto y la revista Newsweek la calificó como holocausto de los libros. Pero lo que es menos conocido es el hecho de que, desde el golpe de Estado de julio de 1936 hasta el final de la guerra, numerosas hogueras se encendieron en España, en las que ardieron gran número de publicaciones tildadas de 'antiespañolas'", defiende el PSOE. La formación enmarca la propuesta en el aniversario de los 50 años de la muerte de Franco y también pretende reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante este periodo.

Ana Martínez Rus es la historiadora que más ha documentado esta destrucción del patrimonio bibliográfico español. Su investigación queda recogida en el libro La persecución del libro: Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951) (Trea, 2014) y en publicaciones universitarias como De quemas y purgas: el bibliocausto franquista durante la Guerra Civil (Bulletin hispanique, 2016). La autora cree que es una buena noticia que se ponga el foco en estos sucesos.

"Cuando empecé a investigar, tras realizar mi tesis sobre la República, había muy poco documentado de un fenómeno que, de hecho, se acaba repitiendo en otras dictaduras. Es necesario que esto se sepa, de cara a la sociedad", defiende la investigadora. "Todo el mundo conoce las quemas del nazismo, pero aquí sucedió algo parecido y también se usaron cuchillas y guillotinas", añade. Además de calcinar las obras, los sublevados las trituraron para hacer pasta de papel con la que crear otras "nuevas y sanas".

Así recordaba Max Aub cómo su madre destruyó gran parte de sus colecciones por el miedo a la represión: "Aquella biblioteca de mi padre acabó como tantas otras cuando llegaron los bárbaros y hubo que quemar libros antes de que quemasen también al lector. En mi casa había aquello que se llamaba cocina económica, un gran fogón de hierro colado con varias bocas y un termosifón: cupieron grandes cantidades de libros malditos. Creo que algo lloré, y traté de salvar algunos de la mirada inflexible de mi madre, que tenía miedo. Sí, alguno quedó".

¿Por qué se sabe tan poco de las quemas?

Martínez describe estas "piras purificadoras" como "rituales de inicio" franquistas tras la toma de un territorio. Siempre seguían un patrón similar: las hogueras se organizaban frente a iglesias o ayuntamientos –en sitios emblemáticos– y las antecedía la lectura de algún texto religioso o político. Se organizaron, principalmente, en los primeros años de la guerra, según avanzaba el bando sublevado.

Poco a poco, la censura fue evolucionando a métodos algo más sofisticados, aunque nunca desapareció: "La censura duró hasta después de la muerte de Franco, incluso hay gente que a primeros de los 80 tiene problemas con procesos judiciales de este tipo. Y afecta a toda obra de creación, desde películas o canciones a informaciones periodísticas o novelas".

Tras la caída de la Alemania nazi, se intentó olvidar esta etapa. El Régimen buscaba cambiar de imagen para suavizar sus relaciones con una Europa controlada por los Aliados. A ello hay que sumarle un incendio en los laboratorios Madrid Film que arrasó decenas de documentos gráficos del NODO, así que apenas hay imágenes de esas fogatas. Por otra parte, recuerda la historiadora, "en cuarenta años de dictadura, borraron todo lo que quisieron".

Una de las pocas fotografías que dejan constancia del fuego, se ubica en Tolosa (Guipuzkoa). En ella se puede ver a un soldado posando al lado de las cenizas, en el centro de la plaza Zaharra, a 11 de agosto de 1936. Destruyeron todo el material en euskera de imprentas, bibliotecas y escuelas. Ese mismo día las tropas sublevadas habían entrado en la localidad.

Lo mismo pasó a pocas semanas de tomar Madrid, en 1939. Un grupo de estudiantes organizó una hoguera en la Universidad Central, que quedó capturada en una imagen en la que se ve a decenas de personas realizando el saludo fascista. El 27 de marzo de ese mismo año, tras caer Barcelona, unas 72 toneladas de tomos fueron destruídas.

¿Qué títulos eran candidatos de acabar siendo pasto de las llamas? Se eliminó todo tipo de obras, nacionales e internacionales. Incluso cuentos infantiles o novelas clásicas: El Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita, La Celestina, de Fernando de Rojas, La educación sentimental, de Flaubert, Werther, de Goethe o Crimen y castigo, de Dostoiewski. Autores más recientes como Pérez Galdós, Pío Baroja, Alejandro Dumas o Juan Ramón Jiménez también sufrieron la censura.

A estos actos de violencia simbólica, les siguió la persecución y el exilio. Lorca o Miguel Hernández son algunos de los nombres que componen este episodio negro de la historia de España. Otros muchos murieron en el exilio, sin haber podido ver el regreso de la democracia. Los libreros y bibliotecarios encargados de vender y ordenar las obras tampoco se libraron de los ajusticiamientos. Es el caso del librero Miguel d’Iom de Ceuta, Rogelio Luque de Córdoba o Pilar Salvo, maestra y responsable de una biblioteca infantil en Zaragoza.

Del primer al último día de guerra

La investigadora explica que no existe una fecha concreta que determine cuándo acabó esta tradición pirómana: "Se sabe que hubo algunas fogatas en Madrid o Barcelona en 1939. Lo que siguió más tiempo fue la práctica de requisar libros para hacer pasta de papel".  La falta de celulosa era un problema generalizado en el bando franquista durante el conflicto bélico, porque las dos principales capitales del libro – Madrid y Barcelona– estuvieron hasta los últimos momentos en manos republicanas.

Lo que sí está claro es cuándo empezó. El 1 de agosto de 1936, pasados pocos días del golpe de Estado perpetrado por el Ejército, el periódico Arriba España animaba a destruir cualquier tipo de publicación que incitase al "judaísmo, la masonería, el marxismo o el separatismo". Era una especie de contrarreforma a los cambios educativos implantados durante la República. Todavía bajo el régimen republicano, Ramiro de Maeztu – icono de la idelogía falangista– pedía en sede parlamentaria que "los libros ardieran", en uno de los discursos y documentos que recoge la investigación elaborada por Martínez Rus.

El 23 de diciembre de 1936, la Junta Técnica del Estado declaró oficialmente ilícitas todas las publicaciones "socialistas, comunistas, libertarias, pornográficas y disolventes". El 16 de septiembre del año siguiente se ampliaría esa normativa con la creación de las comisiones depuradoras. Todos los distritos universitarios contaron con comisiones de este tipo presididas por un rector, un archivero o bibliotecario, un representante militar, otro de las FET de las JONS y otro de la Asociación Católica de Padres de Familia.

La comisión clasificaba las colecciones en varios grupos: pornográficos o de carácter vulgar; de propaganda revolucionaria o ideas subversivas con poco contenido ideológico;  y, por último, aquellos con mérito literario o científico, pero con peligro de ser nocivos para lectores "poco preparados para su lectura". Solo los últimos acababan a buen recaudo en salas para textos prohibidos que se llamaron "infiernos" y  no eran accesibles a la mayoría del público.

El papel de la Iglesia en la censura

La investigadora y profesora de Historia Contemporánea ha recopilado todo tipo de testimonios y documentos escritos de la época, desde diarios a recortes de prensa. Todos ellos demuestran una práctica más propia de la Inquisición, en la que se buscaba "proteger las mentes y las almas de los patriotas". De hecho, en las hogueras, generalmente organizadas por militares, participaron activamente sacerdotes.

Uno de los intelectuales que inspiró a los rebeldes fue el religioso Pablo Ladrón de Guevara, autor de Novelistas malos y buenos (Mensajero del Corazón de Jesús, 1910). La publicación ya planteaba prohibiciones para "salvar la moral" y  una clasificación de los textos heréticos, blasfemos, anticlericales o irreligiosos.

El obispo de Palencia, Manuel González y García, en la pastoral Lecciones de la tragedia presente. Preparando soluciones para la posguerra, de noviembre de 1937, hablaba de "desinfección cultural" y de "reconstrucción del pensamiento sobre las ruinas del liberalismo secularizador". Además, acusaba al gobierno republicano de haber extendido la literatura "extranjera, anticatólica y pornográfica". "(La Iglesia) Adora la Verdad, pero no es fetichista del libro, porque sabe que hay libros buenos y libros malos, libros benéficos y libros venenosos y corruptores", decía el obispo de Salamanca Enrique Pla y Deniel en otra pastoral similar.

Aunque los incendios y las guillotinas de libros no se han vuelto a repetir, en los últimos años del franquismo y los primeros años de la Transición se volvieron a disparar los ataques contra librerías y editoriales. Grupos de ultraderecha provocaron importantes daños materiales y económicos por todo el país, hasta provocar que en 1976 decenas de locales convocaran un paro general para exigir mayor protección.