El expresidente de Consejo General de la Enfermería de España Máximo Antonio González Jurado está siendo investigado por un presunto desvío de fondos de esa entidad para gastos personales, como la compra de moqueta, billetes de AVE, e incluso el envío "a través de aduana" de unos zapatos.

En un auto, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid considera que hay indicios suficientes para enviar a juicio por delitos de administración desleal y malversación a González Jurado, quien dimitió de su cargo en 2017.

Esta causa parte de una denuncia del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España por varias facturas emitidas entre 2010 y 2015 que reflejarían esos gastos no justificados repercutidos al organismo que presidía.

Facturas por el toal de casi 6.000 euros

Según expone el juez instructor en su resolución, durante el tiempo en que González Jurado fue presidente, "y con esta condición", acordó el pago de facturas emitidas en dichos años, "no justificadas, a cargo del Consejo General", por, al menos, casi 6.000 euros.

Según detalla el auto, y de acuerdo con la denuncia presentada por el Consejo General de Enfermería, a la que también ha tenido acceso Europa Press, González Jurado habría costeado con fondos del organismo un "almuerzo con 98 invitados" con motivo de su tesis doctoral por el importe total de 3.532,13 euros, en cuya factura consta su firma como autorización.

También, billetes de ida y vuelta en AVE a Puente Genil (Córdoba) por 794,70 euros con motivo del funeral del padre del denunciado; a lo que se suman los gastos de envío a través de aduana por 319,77 euros de zapatos de la marca estadounidense Allen Edmons.

También consta la compra de una moqueta por el valor de 491,52 euros para la boda de su hijo; facturas de alojamiento y desplazamientos en AVE de asistentes a este evento, sin concretar el gasto total; y la adquisición de productos de una vinoteca en el contexto de dicha boda por los que se abonaron mediante transferencia bancaria 794 euros.

El juez Fernández considera que pese a que el investigado aseguró que no autorizo estos cargos a las cuentas del Consejo y que no sabe cómo pueden haberse realizado, "lo cierto es que la documental aportada evidencia, al menos de manera indiciaria, que estos tuvieron lugar".

Por ello, ve indicios de la comisión de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, si bien subraya que será en el juicio donde González Jurado "podrá acreditar la falta de conocimiento de los gastos a la que se refiere o los errores que puedan haber cometido la agencia de viajes o los servicios administrativos del Consejo, a los que se refiere en su escrito de alegaciones".

Férreo control

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España asegura en su denuncia que el que fuera su presidente durante tres decenios ha mantenido "un férreo control personal de gastos económicos de la Corporación con la colaboración de su hermano Julio González Jurado, gerente del citado Consejo General y de todas las entidades de su grupo corporativo".

El escrito explica que "a partir del mes de octubre de 2019", una vez que el actual presidente, Florentino Pérez Raya, ha podido "recuperar parte de la información económica" del órgano y de las entidades de su grupo corporativo, se han analizado las cuentas y se ha constatado la "improcedencia de determinados pagos realizados".

"Durante el tiempo en que el denunciado ostentó la Presidencia del Consejo General, éste ordenó el pago habitual y como costumbre con cargo a los fondos del mismo de una serie de facturas y gastos de naturaleza privada, sin ninguna relación con los fines corporativos, y siempre en beneficio propio o de sus familiares directos. Igualmente, y con cargo a los mismos fondos se hizo uso de una tarjeta de crédito para pagar otro tipo de gastos de naturaleza privada", afirman los denunciantes.

Añade la denuncia que el Consejo reclamó a González Jurado mediante burofax la "devolución de los importes indebidamente dispuestos, al tratarse de gastos personalísimos ajenos al objeto social", y que la falta de respuesta motivó que se acudiera a los tribunales.

El Consejo recuerda en el escrito que los fondos económicos del Consejo proceden de las aportaciones que, por colegiado y mes, son fijadas anualmente por la Asamblea del Consejo General con carácter obligatorio para todos los Colegios de España.