El Consejo de Ministros aprobó este martes el indulto parcial para Juana Rivas. El acuerdo del Gobierno supone la rebaja a la mitad de la pena de prisión y la deja en un año y tres meses. El ejecutivo ha acordado, además, conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad que le impuso el Tribunal Supremo por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

La decisión del Gobierno llega tan sólo tres días antes de que la corte de apelación de Cagliari, localidad italiana donde reside la expareja de Rivas, deje visto para sentencia el juicio por la custodia de sus hijos que se está desarrollando desde hace cuatro años en Italia. Sin este indulto, Rivas no podría optar a la custodia de sus hijos en el proceso civil que tiene lugar en dicho país, ni a tener visitas con ellos, por lo que para la madre de Maracena (Granada), la medida de gracia llega in extremis.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se trata de un acuerdo importante por la atención social que recibió el caso y por las consecuencias para la mujer afectada". El Gobierno toma esta decisión, afirma el Ejecutivo, para "tomar en consideración el interés del menor, de sus hijos, y las circunstancias vitales que tuvo que afrontar esta mujer y por las que fue condenada por la justicia". 

El ejecutivo afirma que tomó esta esta medida atendiendo al protocolo, a la ley y está en sintonía con los informes tanto del tribunal sentenciador (el Tribunal Supremo) como de la Fiscalía.

El 4 de noviembre el Tribunal Supremo emitió un informe al gobierno sobre la posibilidad de indulto parcial a Rivas. En él, los 16 magistrados del Ato Tribunal se partieron en dos. Ocho se posicionaron en contra de la medida de gracia parcial y otros ocho a favor. El dictamen del Supremo es preceptivo, pero no de obligado cumplimiento. Desde ese momento la decisión estaba en el Ministerio de Justicia, que debía elaborar un informe para presentar al Gobierno, lo que ha ocurrido este martes en el Consejo de Ministros.

Como afirman fuentes oficiales a Público, la medida de gracia la llevó personalmente el presidente del Gobierno en la mano al Consejo de Ministros. Desde que el Tribunal Supremos emitiera su informe y trasladara todo el expediente al Ministerio de Justicia, la propuesta de indulto estaba en el tejado de la titular de dicha cartera, Pilar Llop, magistrada con amplia experiencia en casos de violencia de género.

La medida de gracia llega después de una intensa campaña en las redes sociales pidiendo al Ejecutivo que no retrasara más la decisión de la concesión del indulto a Rivas puesto que adoptarla unos días más tarde dejaría a Rivas sin posibilidades de luchar por la custodia de sus hijos en el juicio que tendrá lugar en Italia esta misma semana. 

En abril de este año, el Tribunal Supremo condenó a Rivas a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores y a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un período de seis años. Desde el pasado día 11 de junio en que ingresó de forma voluntaria en el Centro de inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, Rivas se encuentra cumpliendo la pena a la que fue condenada. 

Los hechos por los que fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por violencia de género y al que Rivas había vuelto a denunciar por maltrato en julio de 2016. Sin embargo, esta denuncia nunca fue tenida en cuenta en el proceso judicial que tuvo lugar en España ni tampoco en Italia, donde aún se decide sobre la custodia de los menores.

Su abogado pedirá la suspensión de la pena restante

Por su parte, el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha manifestado su satisfacción por la concesión del indulto parcial del Gobierno. En un comunicado afirmó que "este indulto deja las manos libres a Juana para poder seguir luchando por sus hijos" y añade que solicitarán en breve la suspensión de la pena, puesto que Rivas se cumplen todos los requisitos del artículo 80 del Código Penal. "Se ha abonado la indemnización de 12.000 euros al señor Arcuri, Juana no tiene antecedentes penales, es una persona con una buena inserción laboral y social y por tanto consideramos que se le debe conceder la suspensión", afirmó Aránguez. En dicho artículo se especifica que "los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos". 

"Si el juez fuese razonable, lo normal sería que se suspendiera la ejecución de esos diez meses de prisión que restan por cumplir" puesto que Rivas ya ha cumplido cinco en prisión. "Por supuesto, seguiremos luchando por Juana y sus hijos. El próximo paso es el juicio por la custodia en Italia el próximo viernes, día 19 de noviembre. El indulto parcial supone un enorme refuerzo para nuestras pretensiones", añadió Aránguez. 

El abogado ha anunciado que solicitará que se amplíe el régimen de salidas de Rivas del Centro de Inserción Social "porque no tiene sentido seguir ejecutando una pena por un delito que cometió, al fin y al cabo, con un delito que cometió con un móvil muy comprensible desde el punto de vista humano: defender a sus hijos de un maltratador", concluyó el abogado.

Arcuri recurrirá al Supremo que Rivas recupere la patria potestad

Nada más conocerse la noticia del indulto, Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ha calificado de "inconcebible" que el Gobierno haya incluido en el indulto parcial que Rivas recupere la patria potestad de los dos hijos de la expareja, y ha anunciado que recurrirá esta medida ante el Tribunal Supremo. En declaraciones a Efe, el letrado de Arcuri ha mostrado su sorpresa ante el indulto parcial aprobado por el Consejo de Ministros, no tanto por la reducción de la pena de prisión impuesta a Rivas sino por conmutarle la privación de la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Zambrano ha calificado de inconcebible que el Gobierno se haya posicionado sobre la patria potestad de los dos hijos de la expareja, una decisión que afecta a terceros y que, por tanto, no tiene cabida en la ley que regula el indulto. "Que recupere la patria potestad es como decirnos vete al Supremo, que te darán la razón", ha resumido Zambrano, que ha incidido en que al ser una medida civil que no afecta solo a la condenada, no puede modificarse en un indulto.