El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador por prácticas abusivas a una nueva aerolínea low cost. Se trata de la sexta compañía señalada por Consumo en el marco de una investigación al sector iniciada a finales de 2023 y que “continúa abierta”, según confirman fuentes ministeriales. Por normativa, el nombre de la compañía no se revelará hasta que la resolución del expediente sea definitiva.

Las infracciones observadas por la Dirección General de Consumo del Ministerio son las mismas recogidas en los cinco anteriores procedimientos: el cobro del equipaje de mano, el sobrecoste de los asientos contiguos en el caso de personas dependientes, menores y sus acompañantes y la falta de claridad en los precios ofertados tanto en su web como en las de terceros.

Estas prácticas vulnerarían el Artículo 47.1 de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, argumenta el ministerio. “Generan un desequilibrio entre los derechos y los deberes de las partes interesadas. La aerolínea, por ejemplo, no asume ningún coste extra por incluir equipaje en cabina, como sí lo hace con el equipaje de bodega, del que además contrae la responsabilidad frente a posibles deterioros o pérdidas”, completa.

Consumo ya sancionó a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea con un importe total de casi 179 millones de euros por la comisión de infracciones “muy graves”. Las aerolíneas recurrieron las multas, consiguiendo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprobara su paralización como medida cautelar.

Los cobros denunciados se incluyen en lo que se conoce como auxiliary services, servicios accesorios que se pagan aparte del precio del billete. “Estas compañías obtienen beneficios frente a las que sí cumplen la legalidad, lo que puede generar un efecto dominó. Al final, el resto de aerolíneas encuentran incentivos para igualar ese juego sucio”, razonan fuentes ministeriales. A pesar de esto, se muestran tajantes: “Las aerolíneas que aplican estas prácticas son minoritarias respecto al resto del sector”.

La investigación de un expediente sancionador puede alargarse hasta nueve meses y, en caso de confirmarse los indicios de infracción, concluir con la interposición de multas por valor de hasta un millón de euros. “Cuando se estima que el beneficio derivado de estas prácticas ilícitas ha podido superar el millón, el valor de las sanciones puede ser mayor. En estos supuestos, la multa se calcula multiplicando por entre seis y ocho veces el beneficio obtenido”, aclara Consumo.

“Tenemos un sistema muy garantista. En cada una de las fases del procedimiento, las aerolíneas pueden dar su opinión y aportar información adicional”, recalcan desde el ministerio. Tanto en la incoación del nuevo expediente como en la defensa de las sanciones de los anteriores, el objetivo de Consumo permanece inalterable: “Defender los derechos de las personas consumidoras”.