Consumo se une a una iniciativa internacional para luchar contra el ecopostureo de las aerolíneas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha firmado una carta dirigida a las aerolíneas con el fin de evitar prácticas de ecopostureo (greenwashing). El departamento se une a 16 autoridades internacionales de protección de consumidores que representan a 35 países. Su objetivo es defender que las comunicaciones comerciales que hagan las compañías aéreas sobre su impacto ambiental deben ser "veraces, claras y precisas" y estén respaldadas por pruebas científicas sólidas.

El greenwashing es una práctica con la que las compañías engañan a los consumidores al hacerles creer que sus productos son sostenibles, a través de afirmaciones dudosas o falsas.

“El uso de términos vagos y generales en la publicidad de las aerolíneas puede inducir a error, haciendo creer a los consumidores que la aerolínea tiene un menor impacto ambiental del que realmente tiene, o incluso que no tiene ninguno. Por ello, las afirmaciones deben presentarse de forma clara, específica, precisa y sin ambigüedades, tanto en su contenido como en lo que implican”, recoge la carta.

Según apuntan, decir simplemente que una aerolínea es "verde" o "sostenible" sería el ejemplo de un término vago; en cambio, destacar las medidas concretas que se han tomado para reducir las emisiones sería una forma más adecuada de comunicarlo. “Es fundamental que, antes de la compra, el consumidor conozca a qué proyectos se destinará su dinero, cuánto tiempo tomará compensar las emisiones y quién supervisa su cumplimiento”, se lee en el documento.

El objetivo de esta comunicación es, además de prevenir prácticas de ecopostureo, asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras. La iniciativa ha sido promovida por la red internacional ICPEN (Red Internacional de Protección y Cumplimiento de los Derechos de los Consumidores), que agrupa a más de 70 autoridades de todo el mundo dedicadas a esta labor, entre ellas España. En esta acción específica participan, junto a la Dirección General de Consumo de España, organismos de protección al consumidor de diversos países. Entre ellos se encuentran autoridades de países europeos como Bélgica, Dinamarca y Noruega; de América Latina, como Colombia, Chile y Perú; así como la COMESA, una unión aduanera que representa a 21 países del África Oriental y Austral, incluyendo a Kenia, Angola y Etiopía.

“Esta actuación se enmarca en una estrategia global de vigilancia del cumplimiento normativo y toma como referencia los principios internacionales sobre publicidad ecológica. Estos principios se basan en los elementos comunes que contiene la legislación de protección al consumo en la mayor parte del mundo”, señalan desde el Ministerio.