¿Qué hay detrás del endurecimiento de las multas por incivismo impulsado por gobiernos municipales del PSC?

Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, El Vendrell (Tarragona) y Lleida son ejemplos de municipios que han endurecido en los últimos meses las sanciones por incumplir la ordenanza de civismo. ¿Qué tienen en común? Todos tienen gobiernos locales liderados por el PSC, que tras las elecciones del 2023, llegó a muchos ayuntamientos con la idea de adoptar "una estrategia centrada en el orden social como elemento definitorio de su proyecto político municipal", explica el antropólogo especializado en el conflicto urbano y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), José Mansilla, en una conversación con Públic.

Desde el área metropolitana hasta capitales de demarcación y municipios medianos, diferentes ayuntamientos han impulsado modificaciones de las ordenanzas de civismo con un denominador común: aumentar el importe de las sanciones y ampliar los comportamientos punibles en el espacio público. Esta tendencia responde, según los consistorios, a una demanda ciudadana para mejorar la convivencia y la limpieza, pero también abre un debate sobre la eficacia real de estas medidas.

El primer ayuntamiento en hacerlo fue el de Barcelona, con el conocido y polémico Pla Endreça, una actualización de una ordenanza que data de 2005 y que ha sido objeto de debate político constante. Entre otras, prevé multas de hasta 1.500 euros por beber alcohol en la calle; multas de hasta 300 euros por no disolver la orina del perro con agua; el endurecimiento de sanciones por hacer ruido, por hacer grafitis y por la venta ambulante ilegal.

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El antropólogo considera que este tipo de políticas "no transforman las causas de fondo del incivismo y que, en la práctica, tienen un impacto limitado más allá de reforzar la imagen de un gobierno que controla la situación", señala. "Endurecer las multas no hace desaparecer los comportamientos incívicos, como mucho los desplaza. Es una manera de demostrar a la ciudadanía que el gobierno hace algo", asegura.

"Endurecer las multas no hace desaparecer los comportamientos incívicos, como mucho los desplaza"

En Santa Coloma de Gramenet, el gobierno municipal también ha aprobado un encarecimiento de las multas por conductas y actos incívicos en la vía pública. Tirar basura en la vía pública pasará de 125 a 400 euros, un aumento del 220%, mientras que orinar en la calle se incrementará un 200%, hasta los 180 euros. Además, se introduce un recargo por reincidencia que puede doblar estas cantidades. La ordenanza también endurece sanciones por abandonar residuos voluminosos -hasta 800 euros- o bañarse en las fuentes, e incorpora nuevas infracciones vinculadas al sistema puerta a puerta.

Un planteamiento similar al del gobierno municipal del Vendrell (en la comarca del Baix Penedès, en Tarragona), donde la nueva ordenanza de convivencia eleva las sanciones hasta 3.000 euros en casos como la prostitución en la vía pública o el abandono de residuos fuera de los contenedores. El gobierno local justifica la reforma como una herramienta para "hacer más presión" contra el incivismo y agilizar los procedimientos sancionadores. También se penalizan conductas como no limpiar los orines de los animales (100 euros), vender alcohol fuera de horario (750 euros) o peleas en la calle (hasta 1.500 euros).

En Lleida, la propuesta de ordenanza de civismo incorpora elementos más controvertidos, como la prohibición de llevar el rostro cubierto en el espacio público -incluyendo el velo integral- con multas de entre 300 y 750 euros. El texto también introduce sanciones por conductas discriminatorias, prostitución en la calle o reventa de citas administrativas, con un sistema progresivo que puede llegar a los 3.000 euros en casos muy graves. Sin embargo, la ordenanza también refuerza la persecución de la reincidencia y amplía el alcance de las conductas penalizadas.

"Estas ordenanzas pueden contribuir a criminalizar comportamientos asociados a colectivos vulnerables"

Pese a que se presenten como normas universales, iguales para todos, en realidad acaban afectando sobre todo a colectivos vulnerables. "Estas ordenanzas pueden contribuir a criminalizar comportamientos asociados a colectivos vulnerables", lamenta el experto. Mansilla argumenta que muchos de los comportamientos sancionados -como orinar en la calle, vender productos en la vía pública o consumir alcohol fuera de establecimientos- a menudo no responden a una voluntad de incivismo, sino a situaciones de precariedad.

Mansilla sostiene que actividades como la venta ambulante o el consumo de alcohol en el espacio público a menudo son consecuencia de la falta de recursos. Según explica, muchas personas recurren a estas prácticas porque "no pueden acceder a opciones más reguladas, como bares u ocio privado". Por ello, el experto considera que el endurecimiento de las sanciones no solo no resuelve el problema, sino que puede agravarlo, ya que penaliza situaciones derivadas de desigualdades estructurales. Además, contribuye a estigmatizar a determinados colectivos y a consolidar una visión que asocia pobreza con incivismo.

Para el antropólogo, las ordenanzas de civismo se inscriben en una lógica de orden que puede acercarse a planteamientos conservadores. "Es una cuestión de orden, de buscar el orden desde el teórico caos". Esto, según Mansilla, puede tener efectos en la percepción social y en la manera en la que se construyen los límites de lo que es aceptable en el espacio público.