Unas 3.000 personas podrían verse afectadas por procesos de expulsión en 90 bloques del barrio del Eixample de Barcelona

En el barrio de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, unos 3.000 vecinos podrían verse afectados por procesos de expulsión en 90 bloques en manos de fondos de inversión. Es uno de los datos que recoge el nuevo informe de la Asociación de Vecinos y Vecinas de l'Esquerra de l'Eixample (AVVEE). Son 22 edificios más que hace tan sólo cinco meses, cuando alertó de que el barrio había perdido cerca de 20.000 residentes en los últimos 50 años y que 867 bloques son de propiedad vertical, es decir, que un único propietario tiene todos los pisos.

Esta tipología de edificios es muy atractiva para los fondos de inversión y operadores inmobiliarios interesados en impulsar colivings, alquileres de temporada o alquiler de habitaciones. La asociación considera que estos datos son sólo "la punta del iceberg" de la crisis de la vivienda que vive el barrio y alerta de que la situación podría ser aún más extensa. Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha celebrado este martes junto con el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat como responsables por no haber frenado estos procesos. En concreto, critica que los expedientes sancionadores abiertos durante el mandato anterior en aplicación de la Ley del derecho a la vivienda hayan caducado sin resolución y asegura que no se han impulsado de nuevos.

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Según la AVVEE, el consistorio ha optado por abrir algunos expedientes vinculados a la normativa urbanística por irregularidades en las obras, unas sanciones que considera insuficientes para disuadir operaciones inmobiliarias con beneficios económicos elevados. La entidad sostiene que la legislación permitiría imponer multas más elevadas en aquellos casos en que se haya intentado evitar la obligación de destinar el 30% de la vivienda a precio asequible.

Ante esta situación, la asociación ha reafirmado la voluntad de continuar impulsando una campaña conjunta con otros colectivos para que los residentes puedan seguir viviendo en el barrio. La entidad también ha puesto el foco en varios propietarios y fondos de inversión con presencia en el barrio, entre los que ha citado New Amsterdam Developers (NAD), Vandor y Finques Gallard.

Vandor asegura a Públic que actúa siempre "dentro del marco legal". La empresa afirma que "respeta" todos los contratos vigentes y sostiene que "evita" operar en inmuebles donde residan "personas en situación de vulnerabilidad". También defiende que su modelo de negocio, "centrado en alojamiento temporal para estudiantes y jóvenes profesionales", "contribuye a aliviar la presión sobre el mercado residencial convencional".