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Coronavirus universidad El coronavirus debilitará aún más a las universidades catalanas

El sistema de educación superior ya estaba infrafinanciado desde la crisis de 2008 y la pandemia de la covid-19 empeorará la situación. Además, si no se dan becas a los estudiantes que sufran dificultades económicas, la brecha social podría ampliarse.

El edificio central de la Universitat de Barcelona.
El edificio central de la Universitat de Barcelona.

Paula Ericsson

Entre 2009 y 2015, la financiación pública de las universidades catalanas pasó de representar el 73% total de los ingresos al 60%. Los recortes, hechos durante los gobiernos de la antigua CiU, se intentaron recuperar aumentando las tasas que pagan los alumnos, que subieron un 68%. En total, la financiación de los centros universitarios ha sufrido una caída del 17% en los años de la crisis. Y ahora, cuando se habían cerrado acuerdos para rebajar las tasas, cuando los profesores podían empezar a tener mejores condiciones laborales, llega el coronavirus y lo altera todo. Ahora bien, eran avances pequeños frente a una situación que ya era precaria.

Así lo ve la portavoz del Sindicat d’Estudiants del Països Catalans (SEPC), Anna Clua. "Nosotros hemos sufrido una crisis educativa permanente, con los recortes de 2011 y 2012 y desde la subida de tasas universitarias, con toda la mercantilización de la educación que provocó el plan Bolonia", denuncia la portavoz estudiantil. Así pues, la subida de precios tanto en las tasas como en las primeras matrículas se convierten en dos obstáculos que dificultan todavía más el acceso a la universidad para los estudiantes de las clases populares.

Respecto a ello, el Observatori del Sistema Universitari destaca que 82 de cada 100 jóvenes con padres con estudios universitarios entran en la universidad frente a solo 28 de cada 100 con progenitores sin más estudios que los obligatorios. De hecho, Catalunya tiene los precios más caros en primeras matrículas de grado y máster de todo el Estado. Con este contexto previo, llega el coronavirus y hace que las dificultades aumenten. La conferencia de rectores de universidades españolas estimó que unos 36.000 alumnos tenían problemas técnicos para seguir las clases.

La brecha económica y digital

Para Clua, uno de los problemas que más han afectado a los estudiantes es la brecha digital, ya que los que no tienen recursos económicos o viven en zonas donde no hay fibra óptica no tienen el acceso a internet que les permita seguir las clases a distancia. En ese sentido, la vicerrectora de Comunicación y Producción de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Virginia Luzón, ha explicado que desde la UAB se han proporcionado más de 100 ordenadores portátiles y se han facilitado más de 100 paquetes de datos a los alumnos que lo han necesitado. Pese a ello, Clua insiste en cómo se van a pagar los sobrecostes –piso de estudiantes, transporte– los estudiantes que no viven en las ciudades donde se encuentran los centros educativos. "¿Y qué ocurrirá con aquellos que han sufrido un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) o un despido?", añade.

Frente a todo esto, el SEPC reclama equidad, recursos y futuro. Entre varias propuestas, Clua considera que las becas salario deberían ayudar a aquellos alumnos que, debido a situaciones relacionadas con la crisis, no puedan asumir el coste de la matrícula. "Nuestra generación no puede estar marcada por el coronavirus, porque no es nuestra culpa, es culpa de un sistema que no funciona", subraya. Por su parte, Virginia Luzón reclama que las becas emergencia –destinadas a los casos de mayor vulnerabilidad– se den sin tener en cuenta la declaración de la renta de 2019, ya que la situación económica puede haber cambiado radicalmente en 2020. "Si el ministro no saca estas becas, habrá mucha gente que se quede fuera del sistema universitario", ha advertido.

Además de los alumnos, la brecha digital también ha afectado a los profesores. El responsable del Departamento de Comunicación de la UAB, David Vidal, explica que el espíritu de la universidad también se ha visto contaminado por la covid-19. "Conocer gente que dice cosas que tú consideras que no son ciertas y que tú quieras responder... este debate es lo que nos hace crecer como intelectos y como sujetos emocionales", remarca. Pese a que ha hecho el esfuerzo de mantener conversaciones por WhatsApp con sus 25 alumnos en prácticas, reclama mucha más inversión para tener más profesores que puedan asumir las asignaturas. "Igual que la presión en el sistema sanitario se ha podido sostener en un par de meses de forma excepcional, tener a 150 alumnos por WhatsApp es inasumible", lamenta Vidal.

Los falsos profesores asociados

David Vidal explica que hay cuatro o cinco plazas para profesores asociados que aún no se han confirmado en el Departamento de Comunicación. Pero la situación de los profesores asociados es precaria desde la crisis de 2008. La profesora asociada de la Universitat de Barcelona (UB) y de la Universitat de Girona (UdG) de Sociología Clara Camps detalla que un profesor asociado es un profesional que tiene un trabajo fuera de la universidad. Sus sueldos no suelen ser superiores a los 500 euros en Catalunya, y desde 2010 no hay la capacidad económica para generar otras plazas  –lectores, becas predoctorales o postodoctorales–, las cuales tendrían mejores condiciones laborales. A partir de entonces se empiezan a usar los contratos de asociados de forma fraudulenta, ya que una gran parte de ellos también hace investigación, pese a que su sueldo no lo contempla. Así se crea la figura del falso asociado.

Una de las preocupaciones principales de este colectivo es que los profesores que hayan perdido el trabajo externo que tenían a la universidad –el que permite que ejerzan en el centro educativo– provoque que se les retire el contrato. Frente a esta duda, Luzón anuncia que en la UAB están negociando que, en el caso de los profesores asociados, que suponen más del 50% de la plantilla, se "congele" el año 2019. Es decir, que los que hayan sido despedidos durante la pandemia conserven el empleo por el momento. Pese a ello, es una decisión que todavía no es firme.

Las medidas gubernamentales

El ministro de Universidades, Manuel Castells, aclaró que el nuevo sistema, legislado por decreto ley, establece un precio máximo por titulación y comunidad autónoma y retirará el impuesto del Gobierno del PP, pero desplazó la responsabilidad a las comunidades autónomas del Estado a reducir estas tasas. Por su parte, el Govern de Catalunya declaró previamente al anuncio del Gobierno central que aprobaría la reducción del 30% de las matrículas universitarias en sus presupuestos de 2020. Pese a que las cuentas de la Generalitat han sido aprobadas, el decreto de precios aún no se ha publicado.

Por otro lado, Castells ha manifestado en una entrevista a Público que pretenden abrir un nuevo sistema de becas y reducir las tasas, pero ha expresado que "el control de precios públicos es para todos". Para Virginia Luzón, la medida política a destacar deberían ser las becas para los alumnos. "Bajar la matrícula en Andalucía no sirve de nada si una persona tiene matrícula gratuita pero no tiene dinero para comprarse los libros", considera. Además, el Gobierno español también anunció que modificaría el texto de la ley universitaria sobre precios que había introducido el polémico ministro Wert.

"La redacción dice que las comunidades autónomas podrán fijar los precios universitarios de la matrícula en función de los límites que tiene que fijar la Conferencia General de Política Universitaria. Y eso no ha pasado aún", remarca Vera Sacristán, profesora de matemáticas en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y miembro del Observatori del Sistema Universitari.

Además, Sacristán recuerda que el incremento que recogen los nuevos presupuestos "lo único que hace es compensar el incremento de gastos" que ha habido en los últimos años, como el aumento de la masa salarial. "Desde los rectores no se ha recuperado lo recortado", determina la profesora. Además de contar con un sistema infrafinanciado, las universidades catalanas deberán enfrentarse a las pérdidas provocadas por la covid-19. La Societat Catalana d’Universitats Públiques analizó que las pérdidas llegarían a los 74 o 75 millones de euros. Sacristán analiza que las principales pérdidas serán en la disminución de la matrícula, la reducción de investigación de I+D, la reducción de los alquileres en las salas, y la contratación de los servicios para adecuar las universidades a las exigencias sanitarias: más servidores, más material informático, desinfección y adaptación de los espacios.

Pese a ello, el rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, afirmó en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies que no prevé un descenso de las matrículas el próximo año. En ese sentido, Luzón añade que están haciendo lo posible para frenar el previsible descenso del 30% de matrículas en másteres y posgrados de la UAB, ya que hay una gran cantidad de alumnos internacionales que pueden mostrarse reacios a venir a estudiar a Catalunya. Por su parte, la rectora de la Universidad Rovira y Virgili, María José Figueras Salvat, habló de cerrar másteres sin mucha demanda, cancelar asignaturas optativas y reducir el profesorado asociado. Así pues, cada universidad seguirá diferentes estrategias, pero los estudiantes y profesores se mantienen alerta frente a los posibles cambios de rumbo que tomen las Administraciones.

¿Aumentará la brecha de clase?

La covid-19 podría aumentar aún más la diferencia de clase social entre alumnos. Ahora bien, Vera Sacristán explica que en las situaciones de crisis hay menos posibilidades de tener un trabajo, por lo que los progenitores sin estudios fomentan la formación de sus hijos para así conseguir más oportunidades laborales. Lo que podría frenar el acceso a la universidad sería el precio de la matrícula.

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