El pasado mes de febrero el Gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page aprobó una moratoria que paralizaba hasta 2025 la apertura de nuevas macrogranjas y la ampliación de las ya existentes. Se pretendía así frenar la burbuja del sector, que ha crecido un 47% desde 2006, según los datos de la Junta, y que ha abierto un foco de malestar en los pueblos afectados por los excesos ambientales de la industria. Sin embargo, la reforma ha dejado algunos resquicios que permiten a las empresas sortear con facilidad la prohibición temporal, al eximir de la moratoria a las nuevas explotaciones que sean de menos de 2.500 cerdos.

Este resquicio ha sido aprovechado ahora por la empresa ICPOR, que planea construir una macrogranja de 2.496 cabezas porcinas en Portalrubio de Guadamejud, un pueblo de tan solo 35 habitantes asentado en la Alcarria conquense y a escasa distancia del pantano de Buendía. "Los acuíferos van a quedar contaminados. Somos pueblos sin recursos económicos para luchar contra estos proyectos faraónicos", advierte Pilar Moya, portavoz de la plataforma ciudadana Pueblos Vivos Cuenca, que en los últimos meses se ha organizado para hacer frente a las grandes granjas porcinas que asedian a la provincia. La activista, vecina de Tinajas –un municipio cercano al lugar donde se planea levantar la explotación ganadera–, señala a la diputación por permitir que se pueda sortear la moratoria con tanta facilidad: "Es una desfachatez que se puedan presentar esas cifras, solo cuatro cerdos por debajo de lo permitido; es reírse de las normas, de la población y del sistema".

Con cuatro puercos más, la compañía estaría afectada por la moratoria y, además, debería presentar una Autorización Ambiental Integrada, por lo que todo el proceso se alargaría en el tiempo debido a los trámites burocráticos. La granja de Portalrubio, además, no es la única en el punto de mira de los vecinos, pues en el portal de transparencia de Castilla-La Mancha aparecen otros dos proyectos, uno de ellos ubicado también en ese municipio, y el otro en Moncalvillo de Huete. Todo ello en un radio de unos tres kilómetros de distancia. Aunque sólo se han concretado los datos de una de las explotaciones, los vecinos de la zona sospechan que la empresa pretende operar de la misma forma y planificar las otras dos instalaciones bordeando el límite de cabezas establecido en la moratoria. 

"Este tema lo llevábamos oyendo desde hace tiempo. Se venía diciendo meses atrás que la empresa planeaba construir tres instalaciones para más de 6.000 cerdos, pero ahora lo han rebajado por la moratoria. Lo que ocurre es que entre las tres van a superar las 7.000 cabezas", denuncia Guadalupe Avilés, vecina de Portalrubio. "Dime tú quién va a querer venir aquí, con todo olores y contaminación", espeta. "Esto se hace así para evitar tener que presentar los informes, pero ya verás que cuando pase todo el tema de la moratoria se ampliará la capacidad", agrega.

Fuentes cercanas a ICPOR aseguran a Público que los tres proyectos diseñados "cumplen escrupulosamente con la moratoria" y defienden que las instalaciones que se pretenden construir serán "cien por cien sostenibles, tanto desde el punto de vista social como económico". "Nuestras granjas contemplan aspectos relativos como el tapado de las balsas donde se almacena el purín para evitar emisiones, promovemos cursos de formación a granjeros para que hagan una gestión eficiente y responsable durante su aplicación; disponemos de soluciones para tratar el purín, reduciendo el olor y su contenido de nitrógeno para facilitar su posterior valorización como fertilizante orgánico en los campos de cultivo, entre otros", arguyen.

Este discurso, sin embargo, no contenta a los vecinos de la zona. "Vamos a ser la pocilga de España", dice Moya. "¿Cómo es posible que se permitan planear granjas de más de mil cerdos en pueblos donde no viven ni cien personas? Esto lo único que hace es acelerar la despoblación, van a conseguir que la España rural se vacíe aún más", agrega la portavoz de Pueblos Vivos Cuenca. De hecho, el proyecto que ya se ha subido al portal de transparencia no arroja buenos datos en cuanto a creación de empleos, pues sólo habla de dos puestos de trabajo fijos: un empleo para limpieza y otro para manejo de animales. 

El descontento se empieza a canalizar y los vecinos no piensan bajar los brazos. De hecho, el pasado sábado decenas de ciudadanos de siete pueblos de la comarca se reunieron para tratar de organizarse ante el inminente despliegue de las macrogranjas. "Se piensan que somos cuatro gatos y que nadie se va a enterar si protestamos, pero esto tendrá repercusiones tarde o temprano", avisa Avilés. "Esto es alucinante, de esto se va a beneficiar muy poca gente, la mayoría de los que viven en la zona o quienes tienen casas aquí se van a ver perjudicados. Aquí no hay ninguna macrogranja, pero sabemos lo que implican porque nos hemos informado. Esto va a traer olores, moscas y contaminación de acuíferos. Ni siquiera vamos a poder beber agua", critica. 

Este medio ha preguntado al gabinete de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha por los problemas vinculados a este proyecto porcino y si se plantean estudiar algunas de las denuncias ciudadanas, pero no ha recibido respuesta en el momento en el que se cierra la información.

El caso de estos tres proyectos no es el único que ha puesto sobre relieve las deficiencias de la moratoria de García-Page. Según informaba La Marea, al menos 68 explotaciones podrían sortear la limitación a las macrogranjas de una forma similar.