"Estamos muy preocupados por esta situación, nadie va a querer venir aquí", dice Belén Bernardos, portavoz de una plataforma vecinal contra el desarrollo de las macrogranjas porcinas en campiña segoviana. Su inquietud no es para menos, los datos de la Junta de Castilla y León revelan que en toda la provincia hay ya más cerdos que personas: 1,2 millones frente a 150.000 habitantes. La cifra es aún más impactante si se tiene en cuenta que en toda Segovia hay más del doble de granjas de cerdos que municipios; 745 frente a los 209 ayuntamientos registrados por el Instituto Nacional de Estadística.

La apuesta por este tipo de explotaciones es generalizada en la Comunidad Autónoma castellana y sus consecuencias empiezan a vislumbrarse. Tanto es así que en once años las zonas vulnerables por la contaminación de acuíferos –fruto de filtraciones y vertidos de purines– han pasado de ser una decena a ser 24. Si en 2009 había 67 pueblos amenazados por estos problemas de contaminación y olores, en la actualidad la cifra asciende hasta los 387 municipios, según explican desde la Junta de Castilla y León a Público. De estos, más de sesenta se ubican en la provincia de Segovia y presentan problemas para el acceso al agua potable, debido a la presencia de nitratos en los acuíferos.

En este momento de crecimiento porcino, la campiña segoviana, ubicada en el centro oeste de la provincia se ve cómo una de las más damnificadas. Pueblos pequeños que temen convertirse en "la pocilga" de España, tal y como cuentan desde la plataforma vecinal que aglutina los intereses de ciudadanos que habitan en Añe, Domingo García, Miguelañez o Bernardos, todos ellos afectados por este boom cerdicola que experimenta España. En este último pueblo de 490 habitantes hay ya dos centros que dan cobijo a más de 5.000 puercos y se plantea construir una nueva granja que ampliará las cabezas hasta las 9.000 . Una cantidad de mamíferos cuyo proceso de cría podría generar más de 20.000 metros cúbicos de purines al año.

Lorena Gómez Gala, concejala del PSOE en el pequeño municipio de Añe –no alcanza los cien habitantes– muestra su preocupación por la coyuntura y por las consecuencias que está teniendo el asentamiento de la industria intensiva en poblaciones rurales de este tipo que pelean por no desaparecer fruto del proceso de despoblación. "Ahora tenemos en funcionamiento una granja con 1.570 cabezas de cebo, pero se ha solicitado una ampliación de 6.100 cabezas. Esto significaría que se aumentase el tamaño de las piscinas de purines", explica la política. "Ahora estamos intentando trabajar para crear legislación, porque, como se puede entender, un pueblo como el nuestro, que nunca se ha dedicado a la ganadería intensiva, no dispone de leyes para afrontar la llegada de estos proyectos. Nos vemos en una tesitura complicada y no queremos lo que ya está pasando en otros pueblos de España, donde la contaminación de los acuíferos ha dejado sin agua potable a parte de la población".

En Domingo García, hoy con 27 habitantes, hay dos macrogranas porcinas. Una de ellas, situada a 250 metros de El Bon, un humedal que está en proceso de ser declarado zona protegida por su alto nivel de biodiversidad y cuya perversión podría tener consecuencias graves para el ecosistema, pero también para el resto de masas de agua que derivan de su caudal y que nutren a pueblos de la zona.

En esta comarca todos ponen el foco en Lastras de Cuéllar, un municipio situado al noreste que lleva más de siete años sin acceso a agua potable por un exceso de nitratos y por la presencia de arsénico. Mercedes Rodríguez, vecina del municipio, explica a Público que "no está probado" que la causa del problema sea la ganadería. "En mi pueblo no hay ninguna macrogranja, aunque sí ha habido algunos cebaderos de cerdos. No podemos afirmar al cien por cien que ese sea el problema. Es probable que también influya el uso intensivo de abonos en la agricultura. Lo que sí sabemos es que llevamos siete años sin poder beber del grifo. Para cocinar necesitamos agua embotellada, para lavarnos los dientes o para limpiar una manzana antes de comerla", expone.

La apuesta clara por las macrogranjas –algo generalizado en los territorios rurales de España– no sólo tiene consecuencias en las masas de agua del Estado. Organizaciones ecologistas como Greenpeace señalan al modelo de producción intensivo como uno de los principales causantes del incremento de las emisiones de amoniaco (NH3), cuyos niveles llegaron a superar los umbrales permitidos por la Unión Europea en 2019. En este año, fue el único país del viejo continente en incrementar el porcentaje de emisiones de este gas. Entre Catalunya, Castilla y León y Aragón suman el 61% de las emisiones de NH3 de España, la mayor parte de ellas vinculadas a la cría de ganado porcino y a la avicultura, según Greenpeace.

Sin empleo y sin crecimiento poblacional

La industrialización del sector ganadero se apoya en el argumento del empleo y la necesidad de atraer motores económicos a zonas de España que se encuentran en un declive demográfico claro. Al igual que ocurre con el despliegue de la industria de las renovables, las posibilidades laborales son escasas y no terminan de convencer a la población. De hecho, hay algunos datos que apuntan a que el maltrato al entorno generado por estas prácticas económicas contribuyen a que los pueblos queden todavía más aislados de lo que estaban. El ejemplo del municipio manchego de Balsa de Ves es uno ejemplo revelador. En 2006, su población se mantenía con cierta estabilidad en los 227 habitantes, pero la construcción de una macrogranja porcina hizo que la tendencia cayera en picado y en la actualidad, según los datos del INE, la población del municipio es de 131 personas; un descenso demográfico del 40%.

Belén Bernardos, teme que esto ocurra a su pueblo y al resto de municipios asediados por este tipo de proyectos. "En mi caso, yo me vine a vivir aquí porque me surgió la oportunidad de teletrabajar, pero la mayor parte de las personas que vienen a esta zona es porque tienen segunda residencia o que alquilan una casa rural. Quién va a querer venir aquí a pasar un fin de semana si no se puede beber agua y está lleno de malos olores", lamenta. "Necesitamos que se paralice todo y que se estudie a nivel político el impacto que están generando estas granjas. Es importante estudiar cómo generar una industria que sea limpia y que genere inversión real en los pueblos, porque la verdad es que este modelo de ganadería no genera inversión", denuncia la portavoz de la plataforma.

Desde la Junta de Castilla y León explican a Público que todos los proyectos de granjas porcinas que se registran en la Administración obtienen la autorización siempre que se garantice que "cumplen con la legislación vigente, tanto sectorial, como medioambiental". Sin embargo, desde la plataforma contra las macrogranjas consideran que los mecanismos de control están fallando puesto que en los últimos once años el número de zonas vulnerables por contaminación por nitratos ha pasado de 10 a 24, con más de 14.400 kilómetros cuadrados en riesgo en toda la región.