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Energías renovables El 'boom' de las eólicas agita el medio rural

Organizaciones en defensa del entorno rural, grupos ecologistas y conservacionistas reclaman una moratoria de los proyectos eólicos en trámite. El despliegue de aerogeneradores tiene consecuencias directas en la biodiversidad, pero también está empezando a afectar al precio de la tierra y a actividades como el turismo rural.

Un ciclista descansa en la Sierra del Perdón, Pamplona, con un paisaje dominado por aerogeneradores eólicos.
Un ciclista descansa en la Sierra del Perdón, Pamplona, con un paisaje dominado por aerogeneradores eólicos. Rafa Rivas / AFP

La silueta montañosa de España está cambiando. La transición energética ha impulsado hacia lo más alto a las energías renovables, que se extienden por todo el mapa en gigantescos proyectos eólicos y solares. Los primeros son, quizá, los que más problemas empiezan a dar. Tras las aspas de los aerogeneradores hay un alto impacto ambiental que preocupa a colectivos ecologistas y plataformas en defensa del entorno natural y rural. Las colinas que antes eran vírgenes se ven profanadas por extensas redes de molinos de hasta 100 metros de altura que generan un impacto directo en la biodiversidad, pero también en las economías locales. Las consecuencias van desde las cientos de aves que mueren al año al colisionar con las aspas de los complejos renovables, hasta el encarecimiento de los precios del suelo en entornos rurales y el deterioro paisajístico del que depende el grueso del turismo rural español.

Ana Carricondo, coordinadora de Conservación en SEO/Bird Life, considera que parte del problema guarda relación con la forma en la que España ha iniciado su transición ecológica; mal y con prisas. "Llevamos años pidiendo que haya una planificación para ordenar todo este despliegue de energía renovable. Se ha planteado la transición como un cambio de modelo energético, pero eso no es sostenible. Está claro que el sector de la energía es el más implicado para conseguir los objetivos de descarbonización, pero no basta con cambiar fósiles por renovables, hace falta un cambio social profundo".

Si bien, la legislación estatal pone muchas más trabas al despliegue de complejos eólicos, su margen de actuación sólo afecta a aquellos proyectos superen los 50 Mw. Los parques de menor potencia dependen de las administraciones autonómicas, que poseen una legislación demasiado laxa que está permitiendo que se autoricen proyectos en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o espacios catalogados como Reserva de la Biosfera. "Está todo manga por hombro", denuncia Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, una de las zonas más afectadas por esta suerte de apogeo eólico que vive el Estado español.

Allí, en la Cordillera Cantábrica, actualmente existen 433 complejos que suman 8.377 aerogeneradores, además de otros 380 proyectos que se encuentran en tramitación. En torno al 51% de los parques implantados y en tramitación se sitúan a 2 kilómetros de espacios incluidos en la Red Natura 2000 y el 23% se ubican dentro de Reservas de la Biosfera. Además, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, un 32% de los molinos que se proyectan están ubicados en zonas de sensibilidad máxima por el impacto en la biodiversidad. "Los planes de implantación de renovables que rigen en las Comunidades Autónomas están obsoletos. Disponemos de planes sectoriales eólicos como el de Asturias que tiene cerca de 17 años de antigüedad, cuando no había el despliegue que hay hoy en día y cuando los aerogeneradores eran mucho más pequeños de los que se están instalando", denuncia Díaz.

El otro punto negro está en Aragón. Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, califica la situación de "masificación". Tanto es así que sólo en la provincia de Teruel hay 17 complejos funcionando y 94 en proyecto. A ello se suman los 38 parques fotovoltaicos que se ubican en esta región de tan sólo 14.800 kilómetros cuadrados. "Lo peor es la zona en la que se colocan. Hablamos de que Aragón es una región muy rural. Se está ocupando terreno rústico con actividades industriales que se diseminan por todo el territorio", denuncia. El último proyecto polémico ha sido el complejo eólico Clúster PEOL-449-AC, ubicado en el Maestrazgo turolense. Allí se plantean 22 parques compuestos por 160 molinos de viento, 507 torres de alta tensión y una red de caminos de 300 km.

¿Especular con el viento?

Este boom eólico que se extiende por todo el territorio estatal no sólo responde a la imperante necesidad de descarbonizar el modelo energético. Tras el despliegue masivo de complejos renovables hay una lógica especulativa que ha hecho saltar las alarmas de los colectivos ecologistas y del propio Gobierno, que en junio de 2020 se vio obligado a aprobar un Real Decreto-ley para evitar que el sector convirtiera en una burbuja de inversión. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España se marca el objetivo de alcanzar en 2030 la producción de 50 Gw a través de complejos eólicos (y 39 Gw por fotovoltaica). Según los datos de Red Eléctrica Española, en la actualidad ya hay 27 Gw generados con eólica. A ello se suman 42,9 Gw con permiso de acceso y 9,2 Gw solicitudes en curso, lo que asciende a 79,6 Gw de potencia, una cifra que excede los planes de 50 Gw para finales de década.

Para grupos como Ecologistas en Acción, los datos y la proyección de un volumen de potencia superior a los objetivos marcados por el PNIEC son un síntoma de que el sector de las renovables se esta convirtiendo en una burbuja especulativa. Esta postura es compartida también por los defensores de los territorios afectados por los complejos eólicos y solares. "Si estamos instalando por encima de nuestras necesidades, ¿qué va a ocurrir con todo el excedente energético?", se pregunta Oquendo, que asegura que la situación supone una contradicción con los criterios de eficiencia energética y ahorro que defiende el Gobierno. "Es una burbuja que en algún momento terminará de explotar. Entonces nos preguntaremos qué hacer con las instalaciones que no sirvan ya para producir".

José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), llama a la calma y asegura que gran parte de los Gw que podrían desbordar las proyecciones del PNIEC son simplemente permisos referidos al acceso a la red. "Es verdad que hay una gran cantidad de potencia, pero todas esas empresas todavía deben tramitar licencias, presentar ante las Administraciones estudios de impacto. Al final muchos se quedarán por el camino", argumenta. El experto comprende la inquietud que puede generar la llegada "de algo nuevo" como las renovables, pero asegura que los datos son "razonables" y llama a la tranquilidad. "Queda muchísimo camino por recorrer, vamos a ordenar todo en el sentido de que quien quiera un acceso a la red lo deba justificar", agrega.

Una familia pasea por la Sierra del Perdón, Pamplona, en un paisaje decorado por complejos eólicos. Rafa Rivas / AFP

Repercusiones en el precio de la tierra

En diciembre, 23 científicos independientes publicaron una carta en la revista Science en la que alertaban de las posibilidades de que el mercado eólico y fotovoltáico terminaran pervirtiendo el horizonte verde al que aspira España y el resto de Europa. No sólo por los impactos ambientales, también por los efectos que podría tener en la economía local. Señalaban directamente a una subida de precios de la tierra que podría afectar directamente a actividades como la agricultura y la ganadería. La industria solar es quizá la que más implicaciones tiene debido al espacio que ocupa en comparación con los complejos eólicos, que tienden a asentarse en zonas más montañosas.

"Para hacernos una idea, las energéticas pueden estar pagando cerca de mil euros por hectárea arrendada al año y 20 mil por hectárea en venta. Esos terrenos podrían estar antes a un precio de 300-400 euros por hectárea alquilada a ganaderos o agricultores. ¿Qué ocurre entonces? Que nos encontramos con que, en muchos territorios, las plantaciones renovables, sobre todo de fotovoltaica, van a desplazar a las actividades agrícolas porque van a tener más capacidad de pagar más dinero por hectárea", resume Carricondo.

En ese sentido, González Moya reconoce que las fotovoltaicas pueden tener una mayor incidencia en el precio de la tierra. "Necesitamos buscar el equilibrio y para ello las administraciones deben velar por la compatibilidad de estas actividades con el uso de la tierra para generación de energía", comenta el directivo de la APPA, que reclama una mayor responsabilidad a las administraciones autonómicas, las cuales deben "decir dónde y cómo deben actuar" las empresas del sector renovable y facilitar "medidas correctivas para minimizar todos los impactos".

En el caso de las plantas fotovoltaicas, las cuales tendrían mayor impacto en el precio del alquiler del terreno rustico, las proyecciones del PNIEC hablan de alcanzar 39 Gw para 2030. Una potencia que también podría ser superada con creces debido al despliegue masivo que durante el último año ha habido en España. Tanto es así que, según Red Eléctrica Española, actualmente hay 10,9 Gw generados en complejos solares a los que se podrían sumar otros 101 Gw que se encuentran actualmente con permiso de acceso.

Pérdida de biodiversidad

En tan solo diez meses, más de cien aves y rapaces han muerto al colisionar con las aspas de los aerogeneradores del complejo eólico del Cavar, en Navarra. Este es sólo uno de los muchos ejemplos que revelan hasta qué punto el entramado de molinos de vientos puede afectar a la vida silvestre. Carricondo, como portavoz de la Sociedad Española de Ornitología, señala directamente a la falta de ordenación que existe en las normativas autonómicas que regulan el asentamiento de estos parques energéticos. "Por lo general no se proyectan dentro de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pero sí que hay muchos que se ubican en el límite o a escasos kilómetros", denuncia. La experta sostiene que tampoco se está teniendo en cuenta otros conceptos básicos relacionados a los comportamientos de la avifauna. Se refiere a que, en numerosas ocasiones, los aerogeneradores se sitúan en zonas que afectan a rutas migratorias de aves. "Necesitamos que se exijan estudios más pormenorizados sobre el impacto en las fauna y que, además, esos estudios sean vinculantes y sirvan para decidir si un proyecto se aprueba o no".

Los murciélagos también son víctimas de las hélices. De hecho, según estudios científicos, su mortalidad por la colisión con aerogeneradores puede llegar a ser hasta un 35% superior que en las aves. La Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (Secemu) alertó el pasado mes de octubre que el despliegue de este tipo de instalaciones podría convertirse en un factor de riesgo para la supervivencia de las poblaciones en determinadas zonas de España. 

Desde el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica explican que el impacto en la naturaleza va más allá de estas especies voladoras. Díaz, portavoz de la plataforma, pone el foco en las instalaciones de evacuación eléctrica y en los kilómetros de infraestructuras que se construyen para abrir paso hasta la cima de los montes donde se colocan los molinos. "Se necesitan abrir carreteras para acceder hasta los aerogeneradores. Esto tiene un impacto enorme en el paisaje y termina siendo un efecto barrera para el movimiento de muchas poblaciones de mamíferos".

Por una moratoria de los proyectos en trámite

El asentamiento de plantas eólicas llega a todos los rincones de la España rural, donde la ciudadanía se ha unido en plataformas y campañas que cuentan con el apoyo de las amplias redes de grupos ecologistas que vertebran el Estado español. Grupos como Plataforma Salvemos O Iribio, en Galicia, Plataforma Bierzo Aire Limpio, Mesa Eólica Merindades de Burgos o la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos reclaman que el Gobierno apruebe una moratoria para paralizar todos los proyectos eólicos que se encuentren en trámite. De esta forma, se pretende ganar algo de tiempo y conseguir aprobar una legislación más restrictiva que reduzca los impactos ambientales y económicos del sector.

"No somos negacioncitas ni estamos en contra de la descarbonización", puntualiza Ernesto Díaz. "Entendemos que las renovables son necesarias, pero consideramos que hay que parar todo y planificar el despliegue de una forma ordenada". Entre las peticiones de estos grupos, destaca la necesidad de que la herramienta de zonificación ambiental –un mapa elaborado por el Gobierno en el que se establecen que lugares son más sensibles a la implantación de proyectos renovables– sea vinculante y no orientativo como hasta la fecha. 

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