La Cumbre del Clima llega a su ecuador y, tras una semana de negociaciones, los avances son escasos. El compromiso para reducir las emisiones de CO2 que calientan el planeta sigue estancado y todos los focos están puestos sobre los debates de financiación. Los países más empobrecidos y vulnerables a la crisis climática reclaman un incremento de los fondos para sufragar sus planes de transición ecológica, así como para afrontar las pérdidas generadas por la crisis climática a través de inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Aunque no hay nada cerrado, los temas de financiación están acaparando la mayor parte de las acciones y propuestas de los países, con el liderazgo absoluto de las regiones del Sur Global –los Pequeños Estados Insulares y el Bloque Africano–, que tienen un gran interés en cerrar un acuerdo sólido antes de que finalice la Cumbre del Clima de Sharm el Sheikh. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha sido quien más se ha dejado ver durante estos días al introducir en el debate una idea que empieza a tomar fondo: las petroleras deben ser quienes financien los planes de transición energética de los países en desarrollo y quienes sufraguen los gastos por pérdidas y daños generados por la crisis climática.

Esta propuesta cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, pues su secretario general, António Guterres, pidió en la inauguración de la COP27 que los gobiernos gravasen los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles y utilizasen lo recaudado para financiar la adaptación a la crisis climática del Sur Global. "Redirijamos el dinero a las personas que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía y a los países que sufren pérdidas y daños causados ​​por la crisis climática", dijo el dirigente.

Esta propuesta, sin embargo, no ha impedido que los focos sigan en los países ricos e industrializados, que apenas han anunciado grandes sumas de dinero para solventar la brecha existente entre grandes y pequeñas economías. EEUU, el país que más emisiones de CO2 ha concentrado en la atmósfera y el principal responsable de la crisis climática, no ha conseguido movilizar grandes cifras y su plan de cooperación deja todo en manos delas empresas, lo que ha generado críticas de ecologistas, pero también de países ricos como Alemania.

El problema sobre la financiación se centra, sobre todo, en las pérdidas y daños. Tanto es así que ni siquiera hay acuerdo sobre la definición política y técnica de qué se entiende por financiación. En esta semana se ha visto cómo el Bloque Africano y los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) reclamaban desglosar una descripción técnica sobre qué es la financiación sobre pérdidas y daños y qué obligaciones tienen las regiones más ricas en esta materia. Frente a ello, EEUU, Canadá, la Unión Europea, Japón o Noruega se niegan a poner sobre el papel las cosas.

¿Por qué? Porque hasta la fecha la mayor parte de las ayudas destinadas por los países ricos para la lucha climática se organizan en forma de préstamos. Es decir, los países más vulnerables reciben el dinero, pero deben devolverlo. Si en la COP27 se plasma un acuerdo que defina los criterios de financiación podrían verse perjudicados ya que se pretende hacer distinciones entre "prestamos" y "subvenciones".

Una posible reforma del FMI, en la agenda

Donde sí parece haber avances es en un punto que no estaba en la agenda de negociaciones, pero que ha tomado fuerza. Los países del Sur Global, con Barbados, Ghana, Sudáfrica, Cabo Verde y Surinam a la cabeza, han pedido una reforma de las instituciones financieras creadas en los años 40 del siglo XX, el FMI y el Banco Mundial. Entienden que se trata de organismos que nacieron en un momento específico, cuando muchos de los países hoy adscritos a la ONU no existían o funcionaban como colonias. 

La idea planteada es reformar las reglas de estas entidades internacionales para dar mayor flexibilidad en las deudas y para introducir clausulas que contemplen los daños de la crisis climática. Esta idea parece haber entrado con buen pie y Francia o EEUU han respaldado el debate. Tanto es así que ya se ha planteado una agenda para empezar a abordar los cambios a partir de febrero de 2023.

Falta ambición y el planeta cada vez más caliente

La otra cara de la COP27 es la de la falta de ambición para rebajar las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. En la primera semana no ha habido demasiados avances ni nuevos compromisos para dejar atrás los combustibles fósiles. 

De los cerca de 200 países asistentes, sólo 22 han acudido al encuentro con sus Contribuciones Nacionales Determinados (NDC) actualizados. Este es el documento con el que cada nación plasma qué políticas emprenderá para cumplir con el Acuerdo de París de aquí a 2030. De los Gobiernos que sí han reestructurado sus promesas, sólo uno, Australia, lo ha hecho para mejorar sus compromisos climáticos.

El multilateralismo está lejos de cumplir sus objetivos. Según Climate Action Tracker, si los países aplicasen sus NDC actuales la temperatura del planeta subiría 2,4ºC, es decir, se superaría el umbral del 1,5ºC fijado por el Acuerdo de París y por los científicos del IPCC como punto de no retorno.