PALMA.- José Zaforteza, el abogado defensor del expresidente balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha negado este viernes ante el tribunal del caso Nóos que cometiera malversación ya que ordenó la contratación de Iñaki Urdangarin por sus contactos y "no por ser vos quien sois", ni para que se lucrara.

En su informe ante el tribunal que juzga el caso Nóos, Zaforteza ha admitido dos delitos de prevaricación y fraude por parte de Matas, pero ha negado que cometiera malversación continuada ni falsedad documental como le achacan la Fiscalía y las acusaciones.

El Govern balear que presidía Matas abonó 2,6 millones de euros al Instituto Nóos por la oficina del proyecto del equipo ciclista que patrocinó la comunidad y por organizar dos foros sobre turismo y deporte.

El abogado ha pedido al tribunal que analice los hechos en el contexto en el que se produjeron en 2004 y no con lo que se sabe actualmente y ha recalcado que el Instituto Nóos se presentó ante Matas como una asociación sin ánimo de lucro y "no se podía plantear" que se estuvieran desviando fondos públicos.

Ha señalado además que Matas "no decidió libremente" su contratación, que fue una iniciativa del exdirector general de Deportes y amigo de Urdangarin, José Luis "Pepote" Ballester, y la ordenó después de una reunión donde el marido de la infanta Cristina y su socio Diego Torres presentaron al Govern un evento sobre turismo y deporte, en un momento en el que Baleares había sufrido una pérdida muy significativa de turistas y requería promoción.

"En ese contexto es cuando se contrata al señor Urdangarin, no como parecen dar a entender las acusaciones 'por ser vos quien sois'", ha manifestado el letrado, quien ha recordado que el marido de la infanta era una personalidad reconocida en el mundo del deporte, donde tenía contactos relevantes.

El letrado ha negado que se pueda imputar a Matas malversación por el mero hecho de la contratación, porque en ese caso debería haber otros acusados.

"Si Matas es responsable por haber ordenado la contratación de Urdangarin, yo me pregunto dónde están el señor Gallardón, dónde está la señora Rita Barbera y dónde esta el señor Camps. ¿Qué diferencia hay en la actuación del señor Matas con las personas que acabo de citar?", ha dicho Zaforteza sobre otros responsables políticos de administraciones que contrataron al Instituto Nóos.

Tampoco admite que la acusación por malversación sea de un delito continuado, cuando Matas únicamente dio una orden de contratar a Urdangarin.

Niega también que se pueda considerar al expresidente balear inductor por ordenar a Ballester que pagara 400.000 euros que reclamaba Nóos por trabajos que el Govern consideraba inadecuados, algo que cree que no se ha probado.

La Fiscalía y la comunidad autónoma de Baleares piden una condena de 5 años de prisión para Matas por malversación de caudales en concurso con prevaricación y falsedad y otro de fraude a la administración, teniendo en cuenta las atenuantes de reparación del daño y colaboración con la Justicia. Su abogado pide una condena de 7 meses, sustituible por multa de 45.000 euros.

También ha presentado su informe el abogado defensor del exdirector del Ibatur Juan Carlos Alía, José Ignacio Herrero, quien ha señalado que concuerda con la pena solicitada por la Fiscalía y por la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que piden una condena sustituible por multa y ha manifestado su discrepancia ante los 8 años de prisión que reclama Manos Limpias.

Herrero ha señalado que Alía admitió lo ocurrido, al igual que los otros tres ex altos cargos acusados en Nóos y le ha descrito como "un indio más", por lo que considera que "no se merece una cosa distinta" y se le deben aplicar en la misma medida las circunstancias atenuantes de colaboración con la Justicia y reparación del daño.

Ha recalcado ante el tribunal que consideraría "una injusticia" si la pena contra Alía "se elevase de una forma absolutamente desorbitada".

Además ha planteado una "posible cuestión prejudicial" y ha señalado al tribunal que Manos Limpias está siendo investigado en otro procedimiento que podría derivar en la inexistencia de personalidad jurídica del sindicato, lo que abriría la posibilidad de presentar un recurso extraordinario contra dicha acusación popular.