El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio por el asesinato de dos hermanas de 3 y 6 años, que fueron asesinadas el martes en Castellón por su padre, que ya había amenazado con matar a las niñas y a la madre, y ha pedido información al Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado.

En concreto, según indica esta institución, Francisco Fernández Marugan ha pedido información a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado sobre la existencia de denuncia previa por violencia de género en el ámbito familiar y si se había adoptado por el órgano judicial competente una orden de alejamiento de las menores.

Además, el defensor en funciones ha pedido datos sobre si existía una valoración del riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de ser así pregunta a quién se había comunicado la estimación del nivel de riesgo.

La institución lleva años mostrando su "grave preocupación" por las hijas e hijos de las víctimas de violencia de género y considera "imprescindible y de vital importancia" visibilizar la situación de estos menores que también son víctimas de la violencia machista".

Fernández Marugán ha incidido en la idea de que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y ha señalado que para acabar con la lacra de la violencia machista hay que "remover la conciencia de la sociedad en su conjunto y sensibilizar a las distintas administraciones implicadas para que se trabajen siempre con los dos enfoques: género e infancia".

El Defensor considera que es necesario otorgar protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.

"La protección -asegura- ha de ser integral, tenemos que ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre".

En 2014, la institución recomendó favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos.

También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Fernández Marugan comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.

El Defensor ha recordado que desde 2013, 27 niños y niñas han sido asesinados "por aquellos que debían protegerlos: sus padres". Hasta esa fecha, tal y como subraya, ni siquiera se contabilizaban sus muertes como víctimas de violencia de género.

La Institución también ha abierto una actuación de oficio ante la Fiscalía General del Estado por el asesinato de una mujer en Bilbao. Ha solicitado información sobre si en este caso existió denuncia previa por violencia de género y para saber si se había concedido una orden de alejamiento respecto de la víctima y de sus hijas.

También ha pedido conocer si se había producido una valoración del riesgo por parte de los funcionarios policiales.