El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley 14/2019, la norma conocida como decretazo digital, que faculta al Gobierno a intervenir Internet y el resto de comunicaciones electrónicas sin control judicial. La oficina que dirige Marugán considera que "no es imprescindible" presentar dicho recurso de inconstitucionalidad –algo que le pedían varias organizaciones civiles– porque ya lo han hecho los Gobiernos catalán y vasco ya han interpuesto sendos recursos. 

Para el Defensor del Pueblo es mucho más importante que el decretazo digital cuente con el control judicial, tal como reclamó desde un principio la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto a otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión y otros destacados juristas.

"Los derechos fundamentales en juego exigirían reforzar las garantías para que la norma sea plenamente satisfactoria, tanto en lo que se refiere al control judicial (previo y posterior) como a la intervención del Congreso de los Diputados", escribe el Defensor del Pueblo en su informe.

Y añade: "Asimismo, un debate parlamentario sosegado –ahora posible iniciada con normalidad la Legislatura– a través de un proyecto de ley, permitirá reforzar la legitimidad de las medidas que –siempre con las máximas garantías– deben abordarse (en un sentido o en otro, con mayor o menor alcance y por unos sujetos o por otros) en la sociedad global y digital en la que vivimos". 

Por último, el Defensor del Pueblo ha anunciado que dará traslado de estas observaciones al Gobierno.

Tras el anuncio del Defensor del Pueblo, Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI y portavoz de la amplia coalición de organizaciones de la defensa de los derechos digitales, internautas, consumidores y juristas que presentaron el escrito con las recomendaciones, ha mostrado su satisfacción."Por nuestra parte estamos satisfechos. La sociedad civil ha hecho su trabajo, y de forma muy seria con un escrito muy solvente y elaborado, y a las instituciones les tocaba hacer el suyo. En la decisión del Defensor ha pesado, como era de esperar, que el Govern haya presentado un recurso y también el Gobierno Vasco. Así, de cualquier modo, el Constitucional va a valorar si esta norma se adecua a nuestro ordenamiento y, al mismo tiempo, va a poder aclarar sus límites, que es lo que pretendíamos. Por tanto, podremos tener garantías de que nuestros derechos y libertades ciudadanas no se verán alterados a causa de esta legislación de urgencia".