El Defensor del Pueblo reclama un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social, y ha pedido a las administraciones más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social.

También ha censurado el cobro de determinadas comisiones bancarias por parte de las entidades financieras, en especial en aquellos casos de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

Lo ha hecho en el informe de gestión correspondiente a 2018, que el organismo ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados. En este texto, el organismo insta al Ministerio de Economía que fije un límite máximo de comisiones bancarias para colectivos especialmente vulnerables. Además plasma la investigación de la legalidad del cobro de comisiones por realizar ingresos en efectivo en las cuentas corrientes. Una práctica justificada por el Banco de España y por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

En este sentido, se refiere también en su informe a las comisiones por tener abierta una cuenta básica, y pone como ejemplo un ciudadano de 63 años, casado y con tres hijos menores, que cobra un subsidio por desempleo de 430 euros mensuales y al que su banco le cobra 16 euros de comisiones al trimestre.

La necesidad de una "política de vivienda"

El Defensor del Pueblo denuncia que "no ha habido política de vivienda" y esto ha derivado en la realidad actual, en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

Formular una oferta pública a favor del alquiler social

El organismo ha insistido en que a lo largo de la crisis económica, y en función de las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010, se ha vivido un retroceso en la política de vivienda que ha conducido a España a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social "en un bien tan esencial".

En el contexto actual, ha abogado por un cambio en la política de vivienda ya que considera "urgente" formular una oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los grupos que más han sufrido los efectos de la crisis económica.

Entre ellos, cita a las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; familias constituidas por personas en situación de desempleo o que perciben una baja retribución; jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial y mujeres víctimas de violencia de género. "Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor", se subraya en el informe.

Entre las quejas recibidas en materia de vivienda por la institución, destacan aquellas derivadas de problemas con la adjudicación de viviendas de protección pública, por ayudas en materia de vivienda, o por la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas.