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Defensor del Pueblo Las quejas al Defensor del Pueblo disminuyen un 31% 

Según el Informe Anual 2018, la mayoría de ellas fueron por la calidad de los servicios públicos, por lo que la institución ha planteado en el Parlamento que "hay que invertir en política pública".

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Detalle de la entrada a la sede del defensor del Pueblo en Madrid. EFE | Archivo

En 2018 el Defensor del Pueblo tramitó  17.697 expedientes, —frente a los 25.776 de 2017, un 31% menos— y la mayoría fueron quejas de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos, por lo que la institución ha planteado en el Parlamento que "es el momento de invertir en política pública". El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y posteriormente lo hará al presidente del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018 que estudió 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron ante la Institución, que remitió a las Administraciones 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.

"Yo creo que el giro de las políticas económicas con un predicamento total y absoluto por las estrategias de austeridad a políticas más normalizadas se nota en el comportamiento de los ciudadanos. Los años malos fueron los años duros de ajustes", ha opinado al ser preguntado por la bajada del número de quejas, cuya cifra es muy similar a la de 2016, cuando fueron 16.485. También ha argumentado que los ciudadanos se acercaron a la institución para ser atendidos de forma personal y sin que se abriera formalmente ningún expediente; 17.923 optaron por esta vía, de los que 15.442 expresaron sus quejas por teléfono y 2.481 de forma presencial.

Servicios públicos

No obstante, el defensor ha considerado que las formalmente tramitadas "están fundadas" y que se han identificado "cuestiones de gran calado respecto a los servicios públicos", en concreto la vivienda, la sanidad, la educación y las residencias de mayores."Es necesario aumentar el número de viviendas públicas dedicadas al alquiler social y dirigidas a los colectivos más vulnerables: familias con menores a cargo, mujeres con cargas familiares y víctimas de violencia machista, desempleados, trabajadores pobres y jóvenes", ha subrayado.

"Es necesario aumentar el número de viviendas públicas dedicadas al alquiler social y dirigidas a los colectivos más vulnerables"

Respecto a la sanidad, Fernández Marugán ha apelado a la "urgente necesidad" de incrementar las plantillas y los medios materiales y de mejorar las condiciones laborales.Y también ha constatado, fruto del envejecimiento de la población, una "insuficiencia de las plazas públicas y concertadas en las instalaciones residenciales" y unos ratios de personal que, aunque se cumplen, habría que "mejorar y actualizar" porque se han quedado "anticuados". "Hay que abordar una modernización legislativa para garantizar los derechos de los mayores y la tranquilidad de sus familias", ha subrayado.

En este apartado, el defensor ha apostado por conjugar dos flujos de población, el de los mayores y el de los extranjeros residentes en nuestro país: "no vamos a librarnos del envejecimiento y la presencia de los extranjeros es necesaria. Hagamos lo posible para aunar los esfuerzos y encontrar una solución", ha señalado.

Por último, ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto educativo "para dar estabilidad al sistema". "Tenemos que ser capaces de empeñarnos por cerrar ese pacto en esta legislatura", ha zanjado.

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