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La Delegación del Gobierno desmiente a Ayuso y niega que dijera que las niñas obligadas a prostituirse no eran tuteladas

Afirman que esta información sólo la conoce la Consejería de Familia, Juventud y Política Social que dirige Concepción Dancausa y que la presidenta de la Comunidad "utiliza una cortina de humo para despistar y para no asumir su responsabilidad"

Diaz Ayuso
Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en un desayuno informativo de Fórum Europa. Eduardo Parra / Europa Press

La Delegación del Gobierno desmiente categóricamente las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso en relación a que desde esa institución se le comunicara a la Comunidad de Madrid que las niñas rescatadas por la policía de una red de prostitución y narcotráfico no estuvieran tuteladas por el Gobierno regional y afirman que las palabras de Ayuso son solo "una cortina de humo para despistar y para no asumir su responsabilidad".

La Comunidad de Madrid negó durante las primeras casi dos días que las menores rescatadas estuvieran tuteladas o acogidas en centro de la Comunidad de Madrid antes o durante el dispositivo policial, cosa que posteriormente rectificó, reconociendo que, al menos tres de ellas si lo estaban.

Durante una entrevista este lunes en la Cadena Ser, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que en un primer momento habían negado que alguna de las diez menores rescatadas estaban tuteladas o acogidas en centros de la Comunidad porque así se lo había transmitido la delegada del Gobierno, Mercedes González, al consejero de presidencia de la CAM, Enrique López en una conversación telefónica.

Desde la Delegación del Gobierno de Madrid no sólo desmienten a Público esta versión de los hechos, sino que explican que esta institución no tiene competencias para saber el estado de tutela de las menores y que esto es competencia exclusiva de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social que dirige Concepción Dancausa. Explican que cuando el pasado 3 de enero saltó la noticia de la detención de la red a los medios de comunicación, el consejero de Presidencia de la Comunidad llamó por teléfono a la Delegada del Gobierno preguntando si existía una operación abierta por la Policía sobre menores tuteladas. Tras pedir información a las Fuerzas de Seguridad del Estado, González le comunicó a López que se trataba de una operación Policial cerrada el 30 de noviembre, pero que en ningún momento se habló sobre la tutela o no de las menores por parte de la Comunidad de Madrid. 

Un informe enviado por la Policía a dicha delegación con posterioridad hacía referencia a que al menos cinco de las diez menores liberadas habían tenido algún tipo de relación con centros de acogida de la Comunidad, aunque afirman desconocer la naturaleza de la misma, si estaban en acogida, en tutela o qué tipo de relación.

Todos los grupos de oposición de la Asamblea de Madrid han solicitado la comparecencia urgente de Dancausa para que de explicaciones sobre el caso y para que aclare las contradicciones en los mensajes. Este lunes Dancausa manifestó su voluntad de comparecer en la Asamblea para explicar la situación de las menores, aunque esto sólo podía ocurrir en el mes de febrero, puesto que enero es un mes inhábil. Desde el grupo Socialista afirman que si hay interés por parte de la consejera para dar explicaciones, se puede promover la realización de un pleno extraordinario o que la consejera comparezca de urgencia ante la comisión de Asuntos Sociales. 

La Comunidad, acusación particular

Ayuso también manifestó este lunes su intención de que la Comunidad de Madrid se presente en el caso como acusación particular y ha afirmado que lo hacen para "dar toda la información necesaria y colaborar totalmente con la Policía para esclarecer cualquier duda".

Algunas voces críticas han comenzado a cuestionar esta postura de la presidenta. Es el caso de la jueza y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. En su cuenta de Twitter afirmaba que "esa jugarreta procesal ya la conocemos. Lo procedente sería no admitir que ese gobierno actuara como acusación particular ni popular, sin habilitación legal en defensa de un interés público y que no trataría de averiguar la verdad, sino de defenderse, o incluso de bloquear".

Nada más conocerse la noticia de la operación policial, este periódico adelantó que al menos cinco de las menores rescatadas estaban acogidas en centros gestionados por la Comunidad de Madrid. 

La redada policial que detuvo el pasado 30 de noviembre a a 37 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a diez menores, se inició en el mes de abril es este año cuando una patrulla policial tuvo paró a una menor interna en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid que "se fugaba con asiduidad, tomando contacto con personas mayores de edad con las que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero y de drogas", según el relato Policial. 

Estos hechos fueron ratificados por la propia menor en una primera exploración, pero no quiso colaborar más ni ahondar en detalles. Aquí arranca la investigación, que no tuvo frutos hasta que en agosto pasado, se vuelve a localizar a la menor "fugada del centro" y en los trámites para reintegrarla al centro de menores, la niña cuenta que además de ella hay otras menores en la misma situación y que estaban siendo "utilizadas sexualmente y para la venta de drogas por un grupo organizado", formado principalmente por dominicanos relacionados con bandas latinas, aclaran fuentes policiales. A partir de ese momento la investigación avanza y se producen las detenciones. Al parecer el padre de una de las menores formaba parte de la banda de prostitución que fue detenida. 

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