DesahuciosEl delegado del Gobierno en Madrid pide que la Policía Nacional no vaya a los desahucios

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha planteado a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los agentes de la Policía Nacional dejen de acompañar a la comisión judicial en los desahucios para que esa misión sea encomendada a las policías locales.

En un encuentro con periodistas, Rodríguez Uribes ha explicado que se trata de una sugerencia que se planteó el pasado 19 de diciembre en una reunión con colectivos antidesahucio y que después se trasladó a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid. Esta reunión se produjo después de que el día 14 se frenara por quinta vez el desahucio de Pepi, una vecina del barrio madrileño de Lavapiés.

Pese a que la Delegación del Gobierno no tiene competencias en materia de desahucios, ya que son los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y los jueces los que ordenan a la Policía Nacional acudir a un lanzamiento, el delegado quiere mejorar la respuesta cuando estos se producen.

Así y, a raíz de las resoluciones de Naciones Unidas que piden paralizar un desahucio si las administraciones no dan a ese vecino una alternativa habitacional, Rodríguez Uribes apuesta por la creación de una persona "de enlace" y "que se podría llamar agente del Reino de España".

Esta figura serviría para coordinar con los jueces la respuesta cada vez que Naciones Unidas emite una resolución señalando que un desahucio no puede llevarse a cabo sin una solución de vivienda por parte de las administraciones.

Además de esta propuesta, el delegado del Gobierno considera que los policías nacionales deberían dejar de participar en estos desahucios que son sociales y a los que deberían acudir agentes municipales y el Samur social.

"La Policía Nacional debe estar para las ocupaciones delictivas y mafiosas", ha añadido el delegado del Gobierno que también quiere impulsar un "protocolo" de actuación con todas las instituciones implicadas en materia de vivienda y desahucios, como la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos más grandes, la Federación de Municipios, los jueces y el fiscal de Madrid.

El objetivo, ha insistido, es que se puedan "explorar" todas las soluciones antes y mejorar la coordinación.