La costa de Elche recuperará parte del espacio que hace más de cincuenta años fue tomado por el hormigón. El Hotel Arenales del Sol, ubicado en la homónima playa ilicitana, dejará de manchar la arena para siempre, después de que se haya ejecutado la orden de demolición del Ministerio para la Transición Ecológica, sustentada en una sentencia de la Audiencia Nacional que acredita que el edificio se ubica dentro del dominio público marítimo terrestre

Desde este martes, los operarios trabajan con maquinaria pesada para destruir paredes y apilar los escombros de uno de los hoteles más polémicos del levante español. Su estructura representa el virus urbanístico que infectó el litoral con edificaciones de elevado impacto ambiental durante la segunda mitad del siglo XX. "La demolición significa que la naturaleza vence a los excesos que se dieron en los sesenta y los setenta en el dominio público marítimo", dice a Público Carlos González, alcalde socialista de Elche. 

El hotel, que fue abandonado en 1979 –escasos años después de su inauguración–, ha sido uno de los quebraderos de cabeza del Ayuntamiento ilicitano por su imagen decadente, pero también por los problemas de seguridad y salud pública. "Las paredes estaban en estado de ruina y eso siempre ha sido un riesgo evidente si se tiene en cuenta que era habitual que hubiera incursiones de personas sin hogar o de chavales que se adentraban en el hotel para hacer botellón o realizar alguna pintada", expone el alcalde. 

El peligro de derrumbe no ha sido la única amenaza. Tanto es así que el Ministerio para la Transición Ecológica informa de que, antes de proceder al desmantelamiento físico del edificio, se han tenido que desamiantar las instalaciones al detectarse ingentes cantidades de asbesto, un material cancerígeno. "Todo lo que pudiera pasar ahí iba a ser negativo desde el punto de vista sanitario", apunta el político, que celebra que por fin los operarios hayan empezado a trabajar para devolver la playa a su estado natural.

Esther Díez, concejala de Movilidad y Medio Ambiente de Compromís, señala la importancia que tiene la demolición para la ciudad alicantina: "El litoral de Elche ha sido uno de los que, durante las décadas de urbanismo, ha sabido mantenerse más a salvo de este tipo de construcciones. Tenemos que seguir trabajando para que esto sea un hecho diferencial de la ciudad y que por fin se desmantele el hotel es una buena señal". La política pone el foco en la necesidad de renaturalizar el espacio y apostar por la creación de nuevas dunas que adapten la costa a los nuevos tiempos que se avecinan. "Es una forma de luchar contra la emergencia climática", agrega. 

El largo (y habitual) periplo judicial

Para que las excavadoras hayan podido comenzar a sacar escombros de la playa han tenido que pasar décadas de sentencias y reveses judiciales. Todo el proceso se remonta a 1997, momento en el que el Consistorio de Elche dio los primeros pasos para demoler la estructura que llevaba, por entonces, 18 años abandonado. El Ayuntamiento aprovechó que la Administración incluyó la ubicación del hotel dentro de un nuevo linde del dominio público marítimo, pero se topó de bruces con los intereses de Princesol, la empresa propietaria del esqueleto de hormigón, que inició los trámites legales para conseguir una licencia de obras que permitiera rehabilitar el edificio y devolverlo al esplendor turístico del pasado.

Una licencia que tardó en llegar una década. En 2007, la Administración del Estado tuvo que otorgar una concesión compensatoria a los propietarios, alejando aún más la posibilidad de devolver el terreno a la costa. Así, en 2015, cuando la crisis económica parecía haber quedado atrás, comenzaron las obras de rehabilitación. Sin embargo, un particular alertó con una denuncia de que se estaban incumpliendo las autorizaciones al intentar levantar una nueva estructura en la zona, por lo que todo vuelve a adentrarse en un nuevo proceso judicial que termina llegando en 2019 al Tribunal Supremo con una sentencia que reconocía la ilegalidad de las obras y dictaba la orden de demolición, respaldada por la Audiencia Nacional. 

En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica daba un paso más y declaraba la caducidad de la concesión otorgada a Princesol. Para ello, el gabinete de Teresa Ribera se hacía eco de los batacazos judiciales y emitía una nueva orden en la que no sólo se reclamaba la demolición, sino que se recalcaba la necesidad de "devolver" el terreno a la naturaleza y al uso público. El final había llegado.

Un desenlace extraño

Una historia urbanística atípica –por el desenlace que indica la demolición– pero habitual –por la dilatación de los tiempos judiciales–. El Arenales del Sol es una muestra más de las trabas que imposibilitan revertir las malas políticas urbanísticas del pasado. Por toda la geografía española se encuentran vestigios del ladrillo que, sumergidos en un limbo jurídico, siguen asentados en la naturaleza.

En Extremadura, el complejo urbanístico de Valdecañas –levantado en una isla en mitad del Tajo– sigue en pie a pesar de haber recibido sentencias que reconocían la ilegalidad de las obras. En el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar se levanta frente al mar el emblemático Hotel El Algarrobico, un gigantesco edificio a medio construir que podría forrarse de papel con las numerosas sentencias contrarias a su existencia que ha recibido en la última década. Sin embargo, ninguna toga ha ordenado todavía su derribo. En el Mar Menor, más de 300 construcciones que se asientan sobre el dominio público marítimo siguen a la espera de que la Administración actúe y declare su ilegalidad. Son sólo algunos casos de los numerosos conflictos derivados de la expansión urbana sobre espacios naturales que continúan enquistados.

Tras más de veinte años, la desaparición del hotel Arenales del Sol es un hito extraño en la historia reciente de España; una de las pocas veces en las que la naturaleza, en este caso la playa ilicitana, vence al urbanismo.