Greenpeace llevará al Tribunal Supremo su pretensión de que la justicia anule la licencia municipal del obras y se demuela el hotel El Algarrobico después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazase derribarlo en una sentencia de la semana pasada. El hotel, una mole de hierro y hormigón –cuya construcción fue paralizada hace más de una década– de 21 plantas y 411 habitaciones en plena playa, en Carboneras (Almería) se ha convertido en el símbolo de los excesos de toda una época, de un urbanismo sin límites.

El tribunal andaluz, que tuvo este fallo paralizado durante casi dos años, se agarró a un argumento formal para evitar la orden de derribo: "La demolición por razones de legalidad de las obras construidas solo es una decisión que corresponde a la Administración o Administraciones, una vez finalizado el procedimiento de revisión de oficio de la licencia. Esto es así porque la obra dispone de un título jurídico válido mientras no se establezca lo contrario, y que en este caso puede venir por el procedimiento de revisión de oficio".

De este modo, el TSJA le pasa la patata caliente al Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, al que insta a revisar la licencia de obras concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol. "La licencia concedida en el año 2003, es un título jurídico, que permitió a su titular realizar las obras del Hotel Azata del Sol hasta que la medida cautelar adoptada por resoluciones jurisdiccionales paralizaron las obras. Ahora lo que debe determinarse es si debe declararse como nula de pleno derecho o no la licencia de obras del hotel".

La demolición del hotel, una cuestión en la que hoy existe consenso político,  puede venir por dos vías: por la judicial, en el caso de que el Supremo estimase el recurso de Greenpeace; o la administrativa, que también necesita de la justicia para que llegue a resolverse.

El Gobierno andaluz ha iniciado los trámites judiciales para que la cuestión de la propiedad de los suelos donde se ubica el hotel sea definitivamente pacífica –la Junta ejercitó su derecho de retracto en 2006 para asumir la propiedad– y pueda ordenar el derribo. El Ejecutivo andaluz y el Gobierno central negocian desde hace años un acuerdo con la empresa, pero no ha sido posible hasta ahora.

"Sí es verdad que hay que esperar a las sentencias judiciales, pero nosotros vamos a seguir adelante y estamos explorando todas las posibilidades que hay", dijo este lunes la consejera de Agricultura, Carmen Crespo (PP).

Un laberinto judicial

El conflicto que ha generado esta construcción ha generado un enrevesado laberinto judicial que acumula ya más de 20 sentencias de distintos juzgados y tribunales (Juzgados de lo contencioso en Almería, TSJA, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo).

El resumen –según las fuentes jurídicas consultadas y después de la lectura de las sentencias– de todo el periplo judicial del hotel tiene tintes ciertamente surrealistas: se podría decir que los tribunales han sentenciado que los promotores obtuvieron una licencia legal en una zona ilegal, protegida, en la que no se podían dar licencias. Y que el Ayuntamiento por tanto tiene que revisar la licencia antes de proceder a su derribo.

Además, en la vertiente administrativa, la justicia ha fallado que el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía, pero aún no es de la Junta hasta que la Junta no diga que quiere que sea suyo y que otro tribunal más, en esta ocasión, uno de la jurisdicción civil, lo certifique. Y además que la promotora no tiene derecho a una indemnización en el caso de derribo.