Amnistía Internacional presenta este martes su Informe Anual 2017-2018 en Madrid. El Informe analiza la situación de derechos humanos en 159 países y aporta una visión general del estado de los derechos humanos en todo el mundo. Como en años anteriores, la organización dedica unas páginas a la delicada situación que vive España en este aspecto.

La base de este estudio generalizado de los derechos humanos ignorados en España se sostiene principalmente en lo ocurrido en 2017 en Catalunya. Desde los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils hasta la celebración del referéndum del 1-O y las cargas policiales que allí tuvieron lugar contra los ciudadanos. 

Pero Amnistía se detiene también en aspectos fundamentales que se han violado en España sistemáticamente a lo largo del pasado 2017. En concreto la organización menciona las decenas de personas que fueron procesadas por "enaltecimiento del terrorismo" en redes sociales, a los desahucios, al cierre de las investigaciones por crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo, al ínfimo número de refugiados acogidos en España frente a lo prometido y a las mujeres asesinadas en casos de violencia de género.

Violencia machista

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un total de 48 mujeres -8 de ellas, menores de edad- perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2017. Amnistía recuerda en su informe que el Congreso aprobó un plan para combatir la violencia de género que incluía la reforma de la legislación.

Este acuerdo reconocía la violencia machista como una cuestión de Estado. Este distribuye la responsabilidad de las medidas a tres niveles: el estatal, el autonómico y el municipal, bajo el amparo de un presupuesto de mil millones de euros acordado para la manutención de este pacto.

Derecho a la vivienda

En 2017, España vivió un total de 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria. La personas que sufrieron estos desalojos forzosos se vieron en la calle sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado, reconoce Amnistía. Algunos de esos casos son el de Mónica, el de Tamara o el de Antonia.

El gasto público en vivienda continuó disminuyendo a pesar de que persiste una gran demanda de vivienda social asequible, cuya escasez afectaba especialmente a las madres solteras y a las sobrevivientes de la violencia de género. 

Personas refugiadas y migrantes

Amnistía Internacional es clara: España incumplió su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE. Según recoge el Informe anual, a finales de 2017, España había reubicado sólo a 1.328 personas. Subraya la lentitud por parte de las responsables a la hora de aceptar solicitudes de asilo, cuyo plazo en ocasiones caduca antes de llegar a ser aprobadas.

Además, España este año ha vivido una auténtica ola de llegadas de inmigrantes subsaharianos cruzando la frontera en Melilla o lanzándose al mar para llegar a costas españolas de Málaga o Almería. Ante la multitud, los CIE -Centro de Internamiento de Extranjeros- no daban a basto.

Por ello, el Gobierno entendió que era conveniente habilitar temporalmente la cárcel de Archidona para que los inmigrantes se alojaran allí. Las condiciones de vida que los migrantes sufrían en Archidona eran lamentables. Tanto que incluso un joven allí encerrado llegó a suicidarse.

Tortura y otros malos tratos

El Tribunal de Derechos Humanos especifica que se considera tortura el acto de los malos tratos cuando tienen por objeto obtener información de los detenidos, vengarse de ellos o humillarles. Entre los casos más significativos que demuestran como España cogea en la defensa de los derechos humanos, el Informe Anual nombra uno en concreto: el de la etarra Nekane Txapartegi.

Nekane Txapartegi estuvo exiliada en Suiza durante 8 años -de 2009 a 2017-. Sobre ella pesaba la condena a 3 años y medio de prisión por colaboración con ETA. Pero este año, la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto esta condena por prescripción de la misma.

Desde Público nos hemos hecho eco durante todo este año de lo que representa esta tierra de impunidad para torturadores. Entre ellas, la denuncia a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU por expulsar a una mujer víctima de trata que estaba embarazada; o el dato de que casi 300 personas denunciaron torturas y malos tratos policiales en 2016. 

Impunidad

Es inmenso el número de casos cerrados que giraban entorno a la desaparición forzada o la tortura de víctimas republicanas perseguidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Las autoridades españolas que clausuraban estas investigaciones alegaban a la debido, entre otras, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos.

Amnistía Internacional critica desde el Informe Anual que el Gobierno no adoptara medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de la persecución fascista en España que se encuentran en la actualidad en fosas comunes. La organización reconoce que se ha dejado que las familias se unieran a asociaciones interesadas y acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado.

Medidas antiterroristas

En el Informe Anual de Amnistía hay hueco también para una de las historias que ha indignado a una gran parte de la sociedad española. La organización hace mención a los chavales de Altsasu: tres jóvenes que permanecen en prisión preventiva desde octubre de 2016.

Los encarcelados y otros cinco jóvenes que permanecen en libertad condicional irán a juicio el próximo abril de 2018 por estar involucrados en la agresión a dos guardias civiles fuera de servicio en un bar de la localidad navarra de Altsasu.