Tamara Robleño tiene una hija de tres años, un marido enfermo y sin trabajo, una criatura en camino y una orden de desahucio que se ejecutará este viernes. "Si nos echan del piso, no tenemos adónde ir", afirma Robleño, quien hace quince meses ocupó una vivienda del Sareb en Leganés. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca medió para evitar el desalojo, pero sus esfuerzos han sido en vano. La jueza considera que es demasiado tarde y la policía llamará a su puerta a las ocho de la mañana. No estará sola: la plataforma antidesahucios de la ciudad madrileña intentará evitar que echen a la familia a la calle. "Tamara se queda", reza el lema de la concentración.

La PAH asegura que la presión ejercida sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) dio sus frutos. El popularmente conocido como banco malo aceptó que la familia siguiese residiendo en el apartamento, pero la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Leganés ha hecho oídos sordos. “Me ha comunicado que el desahucio va a continuar porque considera que el procedimiento se debería haber realizado antes", explica Robleño a Público. De nada sirvió la mediación del Ayuntamiento, que esta mañana comunicó a la jueza que “debía anular la orden tras las negociaciones con la Sareb, que confirmó que frenaba el desalojo”, según fuentes municipales.

“Hemos pedido que se frene tras comprobar el riesgo de vulnerabilidad de la familia, pero dependemos de la decisión de la jueza, por lo que no podemos hacer nada", había asegurado a este diario un portavoz del banco malo antes de que la secretaría del juzgado confirmase que la orden sigue en vigor. El Ayuntamiento también se apuntó el tanto y aseguró que, gracias a la mediación de Servicios Sociales, la Sareb había cedido. Unas declaraciones que no sentaron bien en la PAH ni en Leganemos, cuya concejala Eva Martínez ha criticado la decisión judicial. "Nos parece una completa injusticia que no atienda a razones y decida ejecutar un desahucio cuando ambas partes habían llegado a un acuerdo", explica la edil. “Mañana acompañaremos a la familia para evitar que se quede en la calle”.

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La situación que atraviesan Tamara y los suyos es “muy complicada”, según la propia afectada. Ella sale de cuentas en abril y su marido, que sufre una enfermedad renal y está en paro desde hace más de un año, será sometido a una operación este lunes. "Mi pareja sufrió un despido porque la dolencia le impedía trabajar al cien por cien y yo obtuve la última renta mínima en diciembre”, se queja Robleño, quien asegura que sobreviven “gracias a la caridad de los vecinos”. Servicios Sociales les ofreció 900 euros, añade, una cantidad que sólo les permitiría pagar el alquiler de un mes. “Luego no tendríamos nada que hacer”, afirma la afectada, quien lleva enfangada más de un año en la cola del paro. Precisamente, la falta de ingresos fue lo que les llevó en su día a ocupar el piso, que ahora deben abandonar.

“Solicitamos que se resuelva el problema habitacional de esta joven y que tenga acceso a un alquiler social”, exige Feli Velázquez, activista de la PAH de Leganés. Pero la “solución urgente” que exigía la plataforma ha llegado, según la jueza, demasiado tarde. Una vez en la calle, está por ver si la Sareb cumple con lo prometido: una renta asumible por habitar esa u otra vivienda. “Una vez confirmada su vulnerabilidad, se les ofrece un alquiler social que ronda el 30% de los ingresos de la unidad familiar”, explican fuentes de la Sareb. Mientras Tamara echa las cuentas para calcular qué es el 30% de nada, se cierra una puerta a sus espaldas y se abren otras dos ante ella: la del quirófano y la de una nueva —y perra— vida.