Entrecanales se burla del Parlamento navarro enviando a un subalterno a declarar en su lugar en la comisión del 'caso Cerdán'
Un informe de los servicios jurídicos de la cámara autonómica destaca que la negativa a acudir a la comisión de investigación, como ha hecho el presidente de Acciona, puede llegar a considerarse un delito de desobediencia.
La compañía defiende que la Ley de Sociedades y sus propios estatutos le permiten decidir a quién envía como "representante" a comparecer en el Parlamento foral.
Madrid--Actualizado a
Era la crónica de una ausencia anunciada y este martes se consumó el aviso. El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, no acudió a la comparecencia a la que estaba citado en la comisión de investigación por el caso Cerdán, que se celebra en el Parlamento foral de Navarra.
En su lugar, la compañía designó a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección, como representante en dicha comisión.
Mollinedo acudió en la mañana de este martes junto con José Julio Figueroa Gómez, director del área jurídica, y pasaron por el registro para dejar constancia de su presencia, retirándose después de la sede del Parlamento. Si bien, la comisión no ha dado por buena esta sustitución, ya que las citaciones son nominales y, en todo caso, tal como señalan varias fuentes parlamentarias, la ausencia de Entrecanales no ha sido justificada.
"Siendo las 10 y 2 minutos y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales, sin haber recibido una justificación debida para ello, no nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia", señaló su presidenta, la diputada foral de EH Bildu Irati Jiménez.
La comisión ha vuelto a citar al presidente de Acciona para el próximo lunes 9 de febrero, a las 11 horas. Si el presidente de Acciona no volviera a acudir el 9 de febrero, "volveríamos a hacer una reunión interna y se tomarían las decisiones procedentes que propongan los grupos parlamentarios", añadió la presidenta. Ante esta nueva cita, desde la compañía rechazan adelantar escenarios a la espera de que se haga de manera oficial.
¿Por qué se cita a Entrecanales?
El órgano parlamentario fue constituido el pasado 3 de julio con la finalidad de indagar las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la causa que instruye el Tribunal Supremo.
En esta investigación, que versa sobre el presunto amaño de contratos a través de obra pública, figuran como investigados el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. Los dos últimos permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por el caso mascarillas.
De hecho, tras los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, la compañía vinculada a Santos Cerdán, el magistrado Leopoldo Puente citó a declarar a Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona para España; a Tomás Olarte Sanz, exdirector de la zona norte que continúa en la constructora, y a Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción. Estos nombres se suman a Fernando Merino, el primer exdirectivo de la empresa investigado en el marco de esta causa.
Consecuencias legales de no comparecer
Aunque Acciona no está investigada como persona jurídica, Entrecanales fue incluido en la relación de comparecientes de la comisión de investigación navarra. Frente a estos planes, la compañía trató de evitarlo pidiendo el pasado 13 de noviembre la "reconsideración de la pertinencia de citar formalmente al señor Entrecanales Domecq, en su condición de presidente de Acciona", tal como confirma la compañía y viene reflejado en el informe posterior emitido por los servicios jurídicos del Parlamento autonómico a petición de la comisión.
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En este escrito, al que ha tenido acceso Público, los servicios jurídicos recuerdan que "resulta evidente que el legislador ha querido dar una relevancia significativa a este tipo de comisiones, siendo incuestionable la obligación de comparecer y de decir la verdad de los citados en tiempo y forma".
En esta línea, destaca el artículo 502 del Código Penal (CP), el cual recoge en su primer precepto que la negativa a comparecer en un órgano de este tipo "de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma será castigado como reo del delito de desobediencia".
Los letrados del Parlamento foral dejan claro que la determinación de si la hipotética incomparecencia de Entrecanales podría ser constitutiva o no de la conducta delictiva recogida en el art. 502.1 en el Código Penal es una cuestión que "debería ser resuelta en su caso en sede judicial".
"Podemos concluir que si bien es cierto que la obligación de comparecer ante una Comisión de Investigación a la que una persona ha sido citada legalmente, es incuestionable habida cuenta de lo dispuesto en la Constitución, el Código Penal y el Reglamento del Parlamento Navarro, no lo es menos que, habrá que analizar si en el caso concreto la incomparecencia viene motivada por su ánimo de entorpecer, obstaculizar u obstruir las investigaciones que se están desarrollando en el seno de la Comisión, porque en caso contrario la incomparecencia no podría ser constitutiva de ilícito penal".
Para los letrados, la "única potestad" con la que cuenta el Parlamento de Navarra ante un supuesto de incomparecencia voluntaria es la recogida en el art. 72.5 del reglamento de la cámara foral, esto es, "dar cuenta a través de la Mesa del Parlamento al Ministerio Fiscal, a efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponderle".
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Cabe destacar que el mismo reglamento recoge, entre los requerimientos para comparecer ante la comisión (artículo 72.1), "el apercibimiento de que si dejare de comparecer incurrirá en el delito de desobediencia previsto en el artículo 502.1 del Código Penal".
Acciona defiende su actuación y da "por cumplido"
A preguntas de Público, desde Acciona defienden que se ha actuado en todo momento "con pleno respeto a la ley, cumpliendo con sus obligaciones y en ejercicio de los derechos que le asisten". La cotizada manifiesta su "absoluto respeto" por la comisión de investigación y lamenta que se haya "desatendido su derecho a designar su representante" ante dicho órgano.
En concreto, Acciona justifica la incomparecencia de su presidente "en en lo previsto en el artículo 233.2 (d) de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos de Acciona", que otorgan la representación de la sociedad, de forma colegiada, al consejo de administración.
"Con la personación de los representantes designados por el Consejo de Administración de Acciona, S.A. se pone de manifiesto su voluntad de comparecer, dando debida respuesta a la citación recibida y por cumplido el trámite de la comparecencia", agrega un portavoz de la compañía a este medio.
Si bien, para el Parlamento navarro, este trámite no está resuelto, y optó por citarle de nuevo. Cabe recordar que la empresa, a pesar de ser una de las protagonistas del informe de la UCO del pasado mes de junio, que destripó una operativa para el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que se prolongó, no fue objeto de registros hasta cinco meses después.
A mediados de noviembre, el magistrado Leopoldo Puente ordenó el registro de sus sedes en Madrid y Bilbao en busca de nueva documentación del caso Cerdán tras recibir un informe patrimonial del exdirigente del PSOE. Según la UCO, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021, Cerdán, Antxon Alonso (dueño de Servinabar) y Justo Pelegrini, exdirectivo de Acciona, mantuvieron reuniones supuestamente para acordar el amaño de adjudicaciones.
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De este informe se extrae también que el 75% de los ingresos de la compañía del empresario vasco Antxon Alonso procedían de Acciona. En este sentido, la UCO refleja una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación, detallando que "Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras" y rubricaron "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe".
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