Una familia con cuatro hijos que no pasan de los seis años, dos de ellos mellizos con espectro autista y una discapacidad del 65%, afronta un desahucio por el impago de su piso de alquiler en un barrio de Málaga. Dejaron de pagarlo cuando el padre, único sueldo que entraba en la casa, se quedó en el paro y luego sin prestación por desempleo. Es la historia real de una familia que en una situación muy vulnerable está a punto de quedarse en la calle –el 18 de octubre es el lanzamiento-, en medio de un huracán inmobiliario que ha encarecido y dificultado enormemente el acceso a la vivienda en la capital de la Costa del Sol, tal como refleja un reciente informe del propio ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP.

María M., de 31 años, y su marido, de 34, viven desde hace dos años en un piso del barrio de La Luz, construido en la década de los sesenta en la zona oeste de Málaga para albergar a una buena parte de los trabajadores que llegaron con el boom turístico para ocuparse en la construcción y la hostelería, fundamentalmente.

Hoy, con 25.000 habitantes, ese barrio es uno de los más masificados de Europa por su densidad de población por metro cuadrado. Y ahí por el alquiler de su piso pagaba la familia de María 600 euros al mes, una cuantía a la que, aun con apuros, pudieron hacer frente hasta que la cosa se torció hace un año, cuando a su marido lo despidieron del trabajo en una distribuidora de productos del hogar.

La prestación por desempleo se agotó rápido y a los pocos meses del despido ya no pudieron hacer frente al pago del alquiler del piso. La deuda se fue acumulando y el pasado mayo un juzgado ordenó el lanzamiento, fijado para dentro de poco más de dos semanas. El marido de María M. ya ha encontrado un trabajo como electricista, por el que le pagan un sueldo de unos 1.000 euros, pero el problema ahora es la situación del mercado inmobiliario.

Con esa cruda realidad se ha dado de bruces una familia que tiene a su cuidado a cuatro niños de entre tres y seis años, dos de ellos con unas necesidades especiales valoradas con una dependencia de grado tres, que se define así en la baremación oficial: necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Que en Málaga la vivienda está cada vez más cara, que cada vez es más difícil encontrar un piso en alquiler a un precio asequible no ya en el centro, sino también en los barrios más alejados del corazón económico y turístico de la ciudad, era de sobra conocido, era vox populi. Pero ahora, además, un organismo que depende del ayuntamiento de la capital, el Observatorio del Medio Ambiente Urbano, lo ha dejado escrito en un papel, lo ha identificado y denunciado en los informes periódicos que elabora sobre el mercado inmobiliario de Málaga.

"Una ciudad dual" con una gentrificación "a gran escala"

En el informe del segundo trimestre de este año, el Observatorio municipal señala que desde 2015 se ha ido modificando el mercado de la vivienda en Málaga hasta crear una "ciudad dual": una en la que "con esfuerzos" se puede acceder a la compra o alquiler de una vivienda y otra paralela que "no está destinada" a los malagueños, sino a inversores externos o "simplemente compradores de otras zonas de España o Europa que consideran una buena inversión la compra de un inmueble en la capital de la Costa del Sol".

Y aunque el Observatorio del Medio Ambiente Urbano admite que los niveles de construcción están "muy alejados" del boom inmobiliario de los primeros años de este siglo, advierte de que "la espiral de precios está rozando los dos dígitos al año", con incrementos de hasta el 9,8%, "uno de los más elevados de España".

Esa situación es la que está dificultando aún más, según el informe, el acceso a la vivienda de una parte considerable de la población de Málaga, en la que se suma el "factor mediterráneo" a la presión inmobiliaria que sufren otros municipios españoles.

"Con algo más del 20% de las personas de la ciudad en situación de vulnerabilidad social, con un porcentaje de desempleo similar, y una renta familiar que supone el 80% de la media española no parece que estemos en el paraíso deseado que tanto se vende en los últimos tiempos", subrayan los autores del informe sobre la base de unos datos que representan la realidad de familias como la de María M., que ahora se enfrenta al desahucio de su vivienda por impago del alquiler.

Esa realidad, el continuo aumento de los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, está provocando, a juicio del Observatorio municipal, el traslado de un número considerable de población residente en la capital hacia otros municipios del área metropolitana de Málaga, lo que califica como "una situación de gentrificación a gran escala", un proceso de sustitución de la población original residente por otra nueva de mayores recursos.

"Curiosamente" ese proceso de gentrificación se ha ido produciendo en los ámbitos donde se ha llevado a cabo una renovación urbana cofinanciada con los fondos Feder, añaden los autores del informe, quienes afirman a continuación: constituye "una paradoja que la ayuda europea destinada a fomentar la cohesión social de áreas entonces degradadas, hayan contribuido finalmente al abandono de un número importante de la población residente que se pretendía potenciar".

A esa gentrificación ha contribuido el gran aumento del número de pisos turísticos en la capital malagueña. Según los datos del Observatorio del Medio Ambiente Urbano, desde 2015 casi se ha cuadruplicado el número de plazas turísticas, hasta superar las 54.000, de las cuales más de 40.000 son de viviendas y apartamentos. Y, como consecuencia de ese proceso, ha aumentado la población residente que tiene que dejar sus casas en buena parte de los barrios de la ciudad, incluido los periféricos como el de La Luz, donde vive la familia de María, donde se registra ya una pérdida de población autóctona del 20%, según el informe municipal.

"Lo que quiero es poder pagar un alquiler"

María no conoce este estudio, pero sí sufre mucho de lo que en él se habla. Durante un año su familia ha tenido que salir adelante con las ayudas a las que tiene derecho por la discapacidad de sus hijos y a la infancia, los 17 euros al mes que le correspondía por el Ingreso Mínimo Vital de acuerdo con sus ingresos de 2020 y la mano que le echa su madre.

"No quiero que me regalen nada", recalca. "Lo que quiero es poder pagar algo acorde con lo que ganamos ahora, un alquiler de 400, de 500 euros, para que podamos vivir dignamente, no vivir en la miseria. Que llevamos toda la vida trabajando y no recibimos nada. Es indignante".

La falta de ingresos se agrava aún más cuando hay dos niños con un grado de discapacidad del 65% a los que atender. Los pequeños mellizos de María van a un colegio público del barrio, y dos días a la semana, a un servicio de atención temprana, pero el resto del tiempo requieren un cuidado permanente en una casa que ahora atraviesa una situación muy complicada a causa del inminente desahucio.

"Son niños que necesitan mucha atención, mucho cuidado, muchísimas necesidades. Y todo esto les está afectando, claro, les está transmitiendo nerviosismo, aunque no queramos, porque por mucho que quieras estar tranquilo delante de ellos, no puedes. Y lo están viviendo fatal", se lamenta la madre.

La Asociación Autismo en Positivo, a la que pertenece María, fue la organización que convocó el pasado miércoles una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de exigir una solución para esta familia antes de que tenga que abandonar su piso a causa del lanzamiento judicial.

Su presidenta, Rocío Calderón, madre también de un niño con espectro autista, sabe perfectamente lo que cuesta atender a un menor con esta discapacidad y los esfuerzos que requiere, el doble si son dos, como en el caso de María.
Y un desahucio como al que se enfrenta esta familia es, a juicio de Rocío Calderón, notoriamente perjudicial para esos niños.

"Lo más importante para ellos es la estabilidad. Tienen que tener una rutina, un orden, saber lo que va a ocurrir, porque si no les crea crisis sensoriales. Y esto que está pasando la familia supone para ellos un gran estrés", explica la responsable de Autismo en Positivo.

La incertidumbre por la posible pérdida del hogar se suma en este caso a las dificultades que padecen la mayoría de las familias con niños del espectro autista, que deben afrontar con sus recursos económicos la atención que requieren para impulsar el desarrollo y la autonomía de sus hijos, una atención que no forma parte del catálogo público de servicios educativos y sociales.

Según Calderón, hay muchas familias que ahorran en comida o en otras necesidades para afrontar los costes que acarrea el pago de psicopedagogos, logopedas y otros profesionales que ayudan a mejorar la autonomía de estos niños y que pueden suponer un gasto de más de mil euros al mes.

Una de las principales reivindicaciones de estas familias es la ampliación del servicio gratuito de atención temprana más allá de los seis años contemplados actualmente. "La atención temprana debería ser gratuita hasta la edad que se necesite, porque los seis años marcan una edad de cambios esenciales en la infancia, que luego quedan sin atender", afirma Rocío Calderón.

El problema, a juicio de la responsable de Autismo en Positivo, radica en la falta de inversión pública de administraciones como la Junta de Andalucía, que declaran un superávit en sus cuentas y luego no lo gastan en programas sociales para atender siquiera necesidades acuciantes de familias sin recursos, como la de María. "Es muy desesperante. Y cada día que pasa sin trabajar con un niño así es un día perdido para siempre", se queja.

Los grupos del PSOE y de IU en la oposición en la Corporación malagueña también han apoyado a la familia de María y sus concejales se sumaron a la concentración de protesta de esta semana para exigir que se le dé una solución habitacional.

La manifestación parece que obtuvo buenos resultados, porque el equipo de Gobierno municipal se comprometió con la familia a encontrarles una alternativa, en principio mediante la concesión de una ayuda para pagar el alquiler en otra vivienda o en la misma en la que residen ahora, si convencen al propietario de que les prorrogue el contrato.

Los socialistas, que criticaron que el Gobierno municipal hubiese reaccionado a un problema tan grave sólo después de haberse convocado una manifestación de protesta, consideran que no se trata de un hecho aislado: "El caso de María es uno de tantos en nuestra ciudad, de aquellas familias que no pueden afrontar la subida de los precios del alquiler que está convirtiendo a Málaga en una de las capitales donde más se ha incrementado el coste del arrendamiento en el último año y que ya lidera la subida de precios de la compraventa interanual en España", explica su viceportavoz, Begoña Medina.

"¿Cómo es posible que una casa de 80 metros cuadrados en la barriada de La Luz con tres habitaciones cueste de media 860 euros", se cuestionó.

21.000 personas esperan una vivienda pública

La concejala de IU Remedios Ramos, que es miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, aporta otros datos relevantes: en Málaga había en 2021 unas 21.000 personas inscritas en ese órgano como demandantes de vivienda pública en régimen de alquiler, y de ellas alrededor de 2.000 se hallaban en situación de exclusión.

"Lo que nos encontramos es ante una burbuja causada por el boom de los pisos turísticos, que hace que Málaga sea el tercer municipio donde más ha subido el precio del alquiler de la vivienda en España y el quinto en compra. Y esto origina que la dificultad para alquilar una vivienda en Málaga sea dramática", afirma Ramos.

De esta forma, muchos propietarios prefieren destinar sus viviendas a pisos turísticos porque obtienen más beneficios con esa actividad, y ya no sólo las del centro de la ciudad, también las de barrios más periféricos como el de La Luz, donde, según la portavoz municipal de IU, se están pidiendo 900 y 1.000 euros al mes por arrendar propiedades bastante antiguas.

Remedios Ramos sostiene que esta situación obedece a una falta de intervención desde el ámbito de la administración pública para regular un mercado inmobiliario que se encuentra desbocado, a la escasa inversión en vivienda pública y a una estrategia de desarrollo económico "anticuada", basada en el modelo desarrollista de los años sesenta y setenta.

"Málaga puede morir de éxito y nosotros lo que propugnamos es un turismo sostenible, que aporte riqueza", no que eche a la gente de sus casas, explica la representante de IU en el Instituto Municipal dela Vivienda.

El notable incremento de los precios de alquiler en la ciudad complica también la efectividad de las ayudas que concede el ayuntamiento a las familias en situación vulnerable para pagar la renta.

María se pregunta cómo va a pagar el alquiler de un piso cuando le piden 900 euros mensuales, si ahora tan sólo cuentan con un ingreso de 1.000 por el trabajo de su marido, aunque a ella le hayan prometido un trabajo en una empresa del ayuntamiento de ayuda a domicilio tras la manifestación del miércoles.

Y la portavoz de IU también se lo cuestiona, porque, según ella, la mayoría de propietarios rechazan a inquilinos con ayudas municipales, sabiendo que con las viviendas turísticas pueden ganar más dinero.

En su informe del pasado mes de junio, el Observatorio del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento concluía que "la política de la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente de las administraciones públicas" y advertía de que "el supuesto empuje de Málaga tiene diversos claroscuros", entre ellos que el acceso a la vivienda y la cohesión social impida el desplazamiento/substitución de parte de su población por nuevos residentes".

Sin embargo, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde hace 22 años, sostiene que el problema de la vivienda en su ciudad se debe a factores muy distintos.

Tras conocer los resultados del informe de un organismo dependiente de su ayuntamiento, achacó la tensión inmobiliaria a un compendio de falta de formación de la población malagueña y llegada de trabajadores cualificados, con mayor nivel de ingresos.

De la Torre llegó a criticar que el Observatorio no hiciese estudios en los que se comparase el nivel de estudios y el nivel de ingresos de la población. "Les instaremos a que se inspiren en el Banco de España", dijo.