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Desahucio Sareb María Guerrero Una veintena de vecinos, ante el inminente desahucio por el 'banco malo': "Si quieren echarnos que rompan las puertas"

Los antiguos inquilinos de 18 pisos de Carabanchel, ahora propiedad de la Sareb, mantienen su resistencia al segundo intento de desalojo la próxima semana. Menores, jubilados e incluso personas gravemente enfermas piden a la entidad que negocie su permanencia después de largos años con alquileres asequibles.

Varios afectados y activistas en uno de los pisos de las calle María Guerrero de Madrid, cuya fecha de desalojo está prevista para el 6 de febrero.- JAIRO VARGAS
Varios afectados y activistas en uno de los pisos de las calle María Guerrero de Madrid, cuya fecha de desalojo está prevista para el 6 de febrero.- JAIRO VARGAS

Eran los vecinos de 27 pisos, pero ya sólo quedan los de 18, aunque dispuestos a resistir hasta el final. "Ya tenemos todo perdido, así que seguiremos", asegura Zulema bajo una pancarta con el lema "Rescatan al banquero, desahucian al obrero" que cuelga del que todavía es el edificio en el que vive, en el número 13 de la calle María Guerrero del barrio madrileño de Comillas, donde termina Carabanchel, casi a orillas del Manzanares.

El próximo 6 de febrero está fijado el desalojo. Lo saben desde el pasado diciembre, cuando lograron aplazar el primer intento y pasar las navidades con cierta tranquilidad. Pero no todos han querido marcharse. De los que quedan, la mayoría no tiene a dónde ir, e insisten en negociar su permanencia con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo, que es el nuevo dueño de sus pisos y de tres edificios enteros salvo 13 viviendas compradas por otros vecinos.

Pero la Sareb no es un banco, ni bueno ni malo, sino una empresa creada tras el rescate público de los bancos y la nacionalización de varias cajas de ahorro en  2012, participada por el Estado casi a la mitad y por otros grandes bancos el resto. En la Sareb se depositaron los llamados activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria, 50.000 millones de euros en activos, tanto inmuebles como, sobre todo, deudas. Entre ellas, las de las empresas Proisa S.L. y Proyectos Inmobiliarios Stout, constructora y promotora de los edificios de María Guerrero. Ambas quebraron hace años aunque firmaron contratos de alquiler que aún estarían en vigor si un juzgado no hubiera declarado que ya no tienen validez si el nuevo propietario no quiere, porque nunca se inscribieron en el Registro de la Propiedad, explican los vecinos. Es lo que esgrime la Sareb para tomar posesión de los pisos y venderlos cuanto antes, explican. "Siempre que tenemos que hacerlo, subrogamos los contratos de alquiler, pero en este caso, el juez dice que no procede", afirman, fuentes de la compañía.

Desalojo sí o sí

El objetivo del banco malo, recuerdan fuentes la Sareb, es liquidar la sociedad en 2027 con un margen pequeño de beneficio y saldar esta millonaria deuda adquirida, algo muy poco probable si se tiene en cuenta que sigue teniendo pérdidas millonarias cada ejercicio. Trata de sacar lo máximo que pueda por pisos, garajes, trasteros, promociones y terrenos que no valen ni de lejos lo que el mercado decidió que valían antes del pinchazo de la burbuja del ladrillo. Si no lo consigue, el Estado —los vecinos de María Guerrero incluidos— correrá con los gastos, ya que es el avalista de esta deuda contraída con el Banco Central Europeo. Quizás por eso, desde el departamento de comunicación de la Sareb dejan tajantemente claro que el desahucio se va a producir sí o sí.

Si esto ocurre, se echará a la calle a personas vulnerables, a cuatro menores, a personas enfermas, a varias parejas jóvenes con trabajos temporales y a familias con los ingresos tan justos que son incapaces de encontrar otro piso del que puedan pagar los actuales alquileres.

"Somos gente humilde y trabajadora. Es injusto que nos echen así", insiste Zulema antes de pedir disculpas por abandonar un momento la reunión de vecinos en la que organizan su resistencia. Tras comprobar que su madre, de 64 años y enferma de alzhéimer desde hace nueve, se encuentra bien, vuelve a la asamblea, a la que han acudido activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.

El de Zulema, opositora en la treintena; su madre y su marido, desempleado, es uno de los nueve casos de afectados por este inminente desahucio que sufren una situación de vulnerabilidad. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento los han estudiado, aunque parece que no va a haber solución para casi nadie. Al menos sí para la madre de Zulema, que al siguiente de este encuentro fue ingresada en una residencia. Su hija, aun así, no piensa marcharse. 

"He pagado de alquiler más de lo que se ha pagado por mi piso en subasta"

"Llevo desde 2011 viviendo aquí, he pagado de alquiler más de lo que se ha pagado por mi piso en subasta", se queja. "Nunca hemos dejado de pagar hasta que no nos han dejado más, ni siquiera se nos ha permitido seguir depositando la cuota mensual en el juzgado", asegura, recordando que dentro de esos "activos inmobiliarios" viven personas con sus problemas, sus historias y sus dificultades para dar un giro de dimensiones tan grandes como cambiar de casa con los actuales precios del mercado inmobiliario.

Paloma, a la espera de una trasplante y de un desahucio

Quizás, el caso más dramático sea el de Paloma Santos, una guía turístico de 64 años que ahora cobra 600 euros al mes de pensión de incapacidad. Padece un grave enfisema pulmonar por el que espera un trasplante, tiene varios tumores en el cerebro por los que ha recibido radioterapia y no puede moverse mucho más allá de a la vuelta de la esquina sin llevarse a la boca un inhalador. "No tengo fuerzas para enfrentar todo esto ni para una mudanza ni para nada. Ni duermo ni como, cada día estoy peor y no sé qué voy a hacer si nos echan", explica.

Paloma Santos en el portal de su edificio en la calle María Guerrero de Madrid.- JAIRO VARGAS

Ha buscado algún piso que pueda pagar con su pensión, después de descontar los gastos de luz, agua, calefacción y sus medicinas, "que son bastantes", pero en Madrid, dice, ya no queda nada eso. "Yo necesito un alquiler social, porque pagaba de alquiler 450 euros y ya me estaba costando demasiado, pero la Sareb no quiere negociar", insiste. Su asistente social le habló de la posibilidad de ir a un piso compartido, aunque no tiene muy claro que esto vaya ocurrir. "Es una pena enorme, he tenido que vender y regalar los muebles. Me han quitado media vida", lamenta.

Cuatro menores afectados

En uno de los bajos del número 13, mientras sus hijas de cuatro y diez años juegan en una habitación, Gina acomoda a vecinos y activistas en el suelo del salón para la asamblea diaria. La hija de Néstor, otro de los vecinos afectados, también entra al cuarto de juegos mientras su padre, viudo, "habla de cosas importantes", como qué hacer con los niños el día del desalojo. "Será a las seis de la mañana, no habrán ni entrado al colegio", advierte Gina.

Gina espera a su hija de diez años en el portal de su casa, en la calle María Guerrero de Madrid.- JAIRO VARGAS

"Lo mejor es que se queden en casa de alguna amiga", opina Néstor. Gina asiente y confiesa que esta situación está afectando al comportamiento de las niñas en el colegio, que el director les ha ofrecido ayuda psicológica si la requieren, y teme que tenga que aceptarla. "La mayor lleva toda la maña echando cuentas de cuánto gastamos y cuánto ganamos su padre y yo. Le he tenido que mostrar por qué no podemos irnos a otra casa. Ha mirado en Internet los precios y lo ha entendido", reconoce la madre. "Es verdad, mamá. No nos llega", le dijo la cría.

"Si quieren echarnos que rompan la puerta. No nos vamos a ir", enfatizan varios de los vecinos. Han intentado negociar sin éxito y se han reunido con grupos políticos de la Asamblea de Madrid y del Congreso. "PSOE y Podemos nos dan buenas palabras, que harán lo que puedan", explica un activista, aunque recuerda que el programa de gobierno firmado por ambas formaciones habla de intentar que la Sareb haga convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para destinar parte de sus miles de pisos a alquiler social, en lugar de a la venta a grandes fondos de inversión. Creen que actuar en este caso sería una muestra de que van a cumplir sus promesas, aunque de momento sólo confían en que la convocatoria para evitar el desalojo logre reunir a mucha gente. "Dijeron que la próxima vez vendrían con policías antidisturbios", recuerda Zulema.

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