Los inquilinos de 27 viviendas de tres bloques en la calle María Guerrero de Madrid han logrado aplazar in extremis el desahucio previsto para este miércoles hasta el próximo 6 de febrero. Tras una larga negociación en plena calle y con el apoyo de decenas de vecinos y activistas por el derecho de la vivienda, la comisión judicial les ha informado de que, en menos de dos meses, volverá acompañada de un despliegue de la Policía Nacional para ejecutar el lanzamiento. Sin embargo, los afectados, que llevan varios años residiendo en estas viviendas del madrileño barrio de Comillas en régimen de alquiler, confían en negociar antes una solución con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida popularmente como "banco malo", actual propietaria de las viviendas.

Desde las 8.00 horas, los afectados han salido a la calle y han colgado pancartas en los balcones con el lema "Stop Desahucios", "Familias a la calle por Navidades. Gracias Sareb" o "María Guerrero se queda". Poco a poco han ido llegando decenas de personas que han respondido al llamamiento de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Cuando la comisión judicial ha llegado, alrededor de las 10.00 horas, sólo estaba acompañada de varios agentes de la Policía Municipal. Sin incidentes y tras una larga conversación con los afectados y miembros de la plataforma antidesahucios, los congregados celebraban el aplazamiento del desalojo, aunque insisten en que no se irán sin negociar.

Según han explicado a Público varios de los afectados, la notificación del desahucio les llegó el pasado 12 de diciembre, con tan sólo cuatro días hábiles para abandonar las casas. "Desde hace un año aproximadamente sabemos que había problemas", aseguraba Ilya, uno de los primeros inquilinos de estas viviendas. Él llegó con su mujer y sus hijos en 2010, y firmó un contrato de alquiler con la empresa Proyectos Inmobiliarios Stout. "Confiamos en ellos porque eran una empresa. Y no tuvimos problemas hasta el año pasado, cuando nos informaron de que el propietario de las viviendas había cambiado", asegura. Según la notificación que recibió, Proisa S.L., la empresa constructora, había entrado en liquidación y sus viviendas habían sido embargadas. "En los juzgados nos dijeron que no podíamos seguir pagando el alquiler ni tampoco depositarlo en los juzgados. Después me dijeron que mi contrato no tenía validez, igual que el de todos. Lo entiendo, porque me lo alquiló una empresa que no era propietaria. Pero desde entonces no hemos tenido más noticias hasta que el otro día nos informaron del desahucio", lamenta este afectado.

Néstor Martín cuenta una historia similar. Él lleva viviendo con su hija de cuatro años en uno de estos pisos desde el 2016. Firmó su contrato con Proisa y también fue informado el año pasado de que ésta ya no era la propietaria. "Llevamos más de un año sin poder pagar el alquiler, aunque lo hemos intentado en los juzgados. Queremos arreglar esta situación porque los alquileres están muy altos y no podemos quedarnos sin casa de la noche a la mañana. Pero nadie de la Sareb ha querido hablar con nosotros", resumía a Público, algo más tranquilo después de saber que podrá pasar las navidades en su casa. "Hemos pasado muchos nervios y ahora sólo queremos que la Sareb negocie con nosotros", confiaba. "No es lógico que nos echen así. Aquí viven personas mayores, familias con niños, gente enferma y vulnerable", añadía.

Una de ellas es Paloma Santos, de 61 años y con una incapacidad total. "Estoy esperando un trasplante de pulmones y apenas puedo respirar. Lo he pasado muy mal desde que nos dijeron que teníamos que irnos hoy", decía con inhalador en la mano mientras sus compañeros negociaban con la comisión judicial. Ella estaba algo más tranquila, ya que es uno de los ocho casos de personas en situación de vulnerabilidad para las que el juez había dado un plazo más amplio para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid les facilitaran una alternativa, según han confirmado a Público fuentes de la Sareb. "Mañana tengo visita de los Servicios Sociales, pero confío en que la Sareb venga a negociar con nosotros. Yo sólo cobro 600 euros al mes y, con estos ingresos y en mi situación, es imposible encontrar una vivienda en poco tiempo", criticaba.

La Sareb niega la versión de los afectados

Aunque todos los vecinos consultados aseguran haber intentado ponerse en contacto con esta sociedad pública, en la que acabaron muchos de los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos tras la crisis financiera, la Sareb insiste en que no es cierto. Según informa el departamento de comunicación de la Sareb, este procedimiento se inició hace más de tres años como consecuencia de un impago de deuda de la que es actualmente acreedora la Sareb. "El objetivo de la sociedad es recuperar todo lo posible de la deuda del promotor, y la garantía para ello eran los pisos de estos tres edificios", apuntan.

Afectados por el desahucio de la Sareb y activistas se concentran en la puerta de los pisos de la calle María Guerrero de Madrid.- JAIRO VARGAS

En enero de 2018, añade la Sareb, el procedimiento llegó a su trámite final, cuando la sociedad pidió ante el juzgado la toma de posesión de los pisos. Fue en ese momento, siempre según el "banco malo", cuando el juez pidió la documentación que acreditara que había contratos de alquiler en vigor. Sin embargo, cuando algunos vecinos la aportaron, el juez determinó que no eran válidos. "Ni siquiera fijó una vista con ellos", insisten desde la entidad, que hace hincapié que siempre aplica la subrogación de contratos de alquiler vigentes en los inmuebles que va adquiriendo. 

También asegura que, en noviembre de 2018, un mediador de una empresa que trabaja para Sareb se personó en las casas para hablar con los vecinos afectados, pero "sólo dos personas le abrieron la puerta y ninguna aportó documentación". La Sareb afirma que ninguno de los vecinos ha contactado con la sociedad a través de los canales habilitados ni se ha puesto en contacto con sus servicios jurídicos, "a pesar de que se colocaron carteles con el teléfono del abogado en los tres edificios", precisa la entidad. Tras el aplazamiento del desahucio, la Sareb no ha informado si prevé sentarse a negociar con los 27 inquilinos que, si nada cambia, se irán a la calle el próximo 6 de febrero, algunos de ellos, con un contrato firmado hasta marzo de 2020.