La ampliación de la línea 7B del Metro de Madrid sigue creando nuevos estragos en el municipio de San Fernando de Henares. Durante la tarde de este martes, los integrantes de la plataforma de afectados hacían saltar la alarma por la aparición de varias grietas en un edificio ubicado en una de las zonas en obras de la localidad. Los bomberos han desalojado a 52 vecinos de este inmueble como medida preventiva. Fuentes del Ayuntamiento trasladan a Público que los afectados serán trasladados a un hostal y un hotel.

El edificio ubicado en el número 8 de la plaza Fuente del Trébol, zona en obras por la ampliación de la línea, ha emitido un fuerte crujido alrededor de las seis de la tarde. Al estruendo le ha sucedido la aparición de una grieta en la fachada que ha bloqueado las puertas del inmueble haciendo imposible que se pudieran volver a abrir o cerrar. 

Los bomberos han permitido que los vecinos de este bloque de cinco plantas puedan acceder a sus casas para coger "lo estrictamente necesario". El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha compartido un vídeo comunicado en el que explica que "precisamente en la trasera de este edificio la Comunidad lleva inyectando mortero de hormigón durante semanas".

La plataforma de afectados denuncia que el director general Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ignacio García Rodríguez, ha "huído" y no se ha reunido con los vecinos afectados. Muchos ciudadanos de la localidad de San Fernando se han presentado en la plaza para protestar nuevamente contra la ampliación del metro y mostrar su apoyo y solidaridad a las víctimas. 

Pese a esto, la Comunidad de Madrid se ha limitado a señalar que los técnicos que han realizado trabajos de auscultación en la zona han comprobado que los edificios son estables después de realizar labores de consolidación del terreno.

Ecos de la gestión de Esperanza Aguirre

Este suceso se une a la larga lista de destrozos que las obras por la ampliación de la línea 7B de metro han causado en el municipio de San Fernando desde que en 2006, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciara una ampliación de última hora de la línea como estrategia electoral por las elecciones que se avecinaban. En total, en estos más de quince años se estima que 600 viviendas han sido dañadas y un total de 81 familias se han visto obligadas a abandonar sus casas.

Actualmente, 72 familias han sido realojadas, 27 de las cuales han terminado el plazo de la alternativa habitacional establecida por el Gobierno de Ayuso. Como no puede ampliarse, se ha llegado a un acuerdo con los vecinos para pagarles 798 euros al mes durante seis meses en forma de un cheque de 4.788 euros como anticipo.

Esto estará en vigor hasta que reciban sus correspondientes indemnizaciones por el derribo de sus casas, por las que el Ejecutivo regional destinará siete millones de euros. Las indemnizaciones oscilarán entre 136.000 y 355.000 euros por cada vivienda y entre 10.000 y 33.000 euros por plaza de garaje, y se espera que se realicen durante el primer trimestre de 2023. Hasta el momento, se han tramitado diez ayudas de este tipo.