"Nos han querido intimidar. No una casualidad que las detenciones hayan venido ahora, dos meses después de la protesta. La cumbre de la OTAN es dentro de unas semanas y nos quieren meter miedo, está claro", opina Mauricio Misquero Castro, uno de los 14 científicos que ha pasado por los calabazos tras participar, en el mes de abril, en una protesta simbólica contra la crisis climática frente a la Puerta de los Leones del congreso de los Diputados. Los activistas, que llevan algo más de un año encadenando acciones de desobediencia civil, escenificaron su rechazo a las políticas ambientales españolas y rociaron la fachada de la Cámara Baja con una sustancia orgánica –una mezcla de agua y remolacha– que emulaba el color de la sangre. 

Ahora, a esta decena de personalidades vinculadas a la investigación y la divulgación sobre los impactos de la crisis climática se les imputan delitos de daños a las instituciones del Estado, al considerar que se alteró la sesión plenaria que se celebraba en el Parlamento, y un delito de daños a un edificio singular protegido, por aquello de haber arrojado zumo al frontispicio del Congreso. Por si fuera poco, las detenciones fueron efectuadas por efectivos de las Brigadas Provinciales de Información, es decir, los policías vinculados a Inteligencia encargados de investigar y tratar con grupos terroristas o radicales.

"Es una postura exagerada... ¿Mandarnos a la brigada antiterrorista? Nos parece surrealista que ocurra esto y que los mayores peligros para la humanidad, empresas que emiten la mayor parte del CO2, como Iberdrola, pasen desapercibidos", sostiene Misquero, que recibió la orden de acudir a comisaría mientras preparaba unos exámenes para sus alumnos de la Universidad de Granada. Su caso es, quizá, el más llamativo, pues fue el primero en ser detenido y pasó 7 horas en un calabozo sin saber lo que le deparaba. "Todo fue muy intimidatorio", insiste. "Me presionaron para que diera datos de mis compañeras y me decían que yo era el organizador de la protesta, sólo porque en los vídeos se me ve con un megáfono. Según ellos, yo dirigía y decía a la gente lo que tenía que hacer", narra. "Después de tomarme los datos, como no di mucha información, me mandaron para el calabazo. Yo soy de Ecuador y tuve que oír comentarios racistas y amenazantes por parte de la Policía: 'Aunque tengas la nacionalidad española te vamos a dar una patada en el culo'", describe.

Belén Díaz, una ambientóloga que ha trabajado durante años en la Universidad de Granada, pasó 3 horas en la comisaría, pero tuvo más suerte. No estuvo recluida como su compañero y sólo prestó declaraciones. "Te dicen que es la brigada antiterrorista y te sorprende. Al final son los mismos que investigaron temas como los atentados del 11M..., pero cuando empiezas a hacer protestas de esta envergadura te expones a estas cosas", comenta. "Cuando llegamos, sabían casi todo de nosotras; dónde trabajábamos; si hemos estudiado grado; o dónde vivíamos. Yo por ejemplo, no estoy empadronada en la Alpujarra y sabían que estaba allí viviendo", expone.

La activista pone el foco en la desproporcionalidad de la actuación y compara los hechos con otras experiencias vividas. "Hace un año recibí una sanción por pintar con tiza en el suelo en una acción de protesta. Era un material que estaba pensado para no causar daños y, en este caso, fue solo una sanción administrativa, mientras que ahora, con un material similar, se entiende como un delito de daños...", dice la ecologista. "Estas acciones tan desproporcionadas sirven para que se hagan virales los casos y eso me pone los pelos de punta, porque lo que llega no es nuestro mensaje, sino lo mucho que nos reprimen. Parece que tenemos que ser una especie de mártires para que la sociedad nos escuche", lamenta.

Estos no son los únicos investigados. En la lista aparecen algunos nombres destacados como el de Fernando Prieto, un conocido doctor en ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad; Javier de la Casa, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF); o Marta Pallarés una ambientóloga vinculada a Ecologistas en Acción. Además, en la protesta estaban otras personalidades que podrían ser investigadas, como Fernando Valladares, investigador del CSIC y premio Premio Rei Jaume; o Jorge Riechmann, filósofo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

Contra los derechos fundamentales

"Cualquier ejercicio de un derecho fundamental que tenga que ver con la libertad de expresión o el derecho a concentración y manifestación de forma pacífica excluye directamente el delito", explica Isabel Elbal, jurista y experta en Derecho Penal. "Lo que tienen que hacer los jueces, en este caso concreto, es hacer una ponderación sobre los derechos que están en consideración antes de analizar cualquier delito y, si aparece algún derecho, no hay nada que tratar", dice, para señalar que la actuación policial contra los activistas y científicos climáticos "es propia de un Estado autoritario". 

"Cuando uno ejerce un derecho fundamental, como es el caso de la libertad de expresión, uno no debe esperar a que le detengan y después le den la razón los tribunales. Si ejerces un derecho, no puedes ser detenido", agrega la abogada. "Imputar un delito de estas características no tiene otra finalidad que crear un efecto escarmiento para que los ciudadanos no acudan a manifestarse. Es desproporcionado, y mucho más al conocer que es una reivindicación pacífica que busca llamar la atención del legislador para que atienda las demandas ecologistas por el cambio climático".