Diez años de muerte y sufrimiento en el CIE de València

Una hora y nueve minutos antes de que la cámara de seguridad grabara su suicidio en una celda de aislamiento, Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, había entregado una carta al director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València. En ella le explicaba los dolores de cabeza que padecía y le advertía de que no podía ver con el ojo izquierdo.

Un día antes de que Abouobaida se ahorcara con su camiseta, había sido agredido por un grupo de internos latinoamericanos. Según explicó la Policía, su aislamiento en la celda de la que nunca más salió con vida se debió a su propia protección, para evitar que volviera a ser agredido. Pero nada le protegió de sí mismo.

No llevaba ni dos semanas en el CIE de Zapadores y ya había alertado a su tía, residente en Madrid, de que no iba a aguantar "mucho más". Ella lo visitó la semana antes de su muerte, después de que él le pidiera con insistencia que lo sacara de allí, que "lo estaba pasando muy mal".

Nada más se ha sabido del caso. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional siguen sin entregar a la prensa los informes de la muerte del joven, a pesar de que el Consejo de Transparencia les ha instado a hacerlo, según ha denunciado Maldita.es.

"El Estado español es responsable de la muerte violenta de Marouane"

Que la muerte de Marouane pudo haberse evitado ya ni siquiera se discute, según la Campaña CIE No de València. "Existe un hecho incuestionable: el Estado español es responsable de la muerte violenta de Marouane en el CIE de Zapadores", recordaba este lunes su portavoz, Adrián Vives, durante la presentación del informe CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos.

Esta muerte es el caso más grave que han escondido los muros de Zapadores, pero no ha sido el único, tal y como denuncia el colectivo en este trabajo que documenta las vulneraciones de derechos que han recabado durante los últimos diez años.

Denuncias de violencia policial, internamiento de víctimas de trata y de menores, intentos de deportación de personas gravemente enfermas, hacinamiento, insalubridad, plagas de chinches, falta de intérpretes y asistencia letrada, escasos servicios médicos, alimentación en mal estado y un largo etcétera que las personas internadas padecen durante una media de 30 días. Solo es la mitad del tiempo máximo legal que un extranjero puede permanecer privado de libertad en estas arbitrarias y opacas cárceles para migrantes.

Tres muertos más

En el CIE de València se han producido tres muertes en la última década, aunque quizás sean cuatro. Ni siquiera está claro para las autoridades. En octubre de 2010, A. B., de 55 años y de origen marroquí, cayó desplomado antes de ingresar en los calabozos del centro. Poco antes de su internamiento había superado un reconocimiento médico que no levantó ninguna sospecha.

En agosto de 2008, otro interno procedente de Nigeria murió poco después de caer desvanecido en la ducha, aunque ya había empezado a encontrarse mal previamente. Sufrió un infarto, según la versión oficial.

Interior reconoció otro deceso más en respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Se trataba de un ciudadano de Georgia que fue trasladado en 2009 desde el CIE al Hospital General de València, donde murió "por causas naturales".

Según el portavoz de la plataforma valencia por el cierre d ellos CIE, este fallecimiento no constaba en sus registros, por lo que han solicitado al Defensor del Pueblo que investigue para recabar datos.

También han documentado autolesiones de internos e intentos de suicidio, sobre todo, durante los momentos previos a las deportaciones, pero también debidos a las "duras condiciones tanto físicas como psicológicas y morales del encierro". Aunque resulta difícil llevar una cuenta fiable, ya que según ha denunciado el Defensor del Pueblo, los partes de lesiones no se trasladan a los jueces de control del CIE, como ordena el reglamento.

"El propio juez de control ya reprochó a la dirección del centro, en el auto que dictó tras la muerte de Marouane, que no le remitieran antes información sobre incidentes ocurridos", precisa el informe, que también detalla el abuso o uso inadecuado de las celdas de aislamiento, lo que no respeta los protocolos antisuicidios.

Denuncias de malos tratos

El informe, también producto de cientos de visitas y acompañamientos a las personas internadas, da cuenta de medio centenar de denuncias por trato intimidatorio, degradante o racista a los internos por parte de los agentes de Policía que los custodian. La mayoría de los visitados no elevan quejas formales "por miedo a represalias", apuntan los activistas, y la mayoría de ellas hablan de la mala alimentación o la atención sanitaria.

No obstante, la campaña cuenta "decenas" de denuncias por malos tratos policiales durante la última década, aunque la mayoría acaba archivándose "porque la víctima es expulsada o desiste de su denuncia".

Es el caso Zinedine E., un chico argelino de 19 años que se rompió el tobillo en noviembre de 2018, cuando cayó al tratar de huir escalando los muros. Los agentes que acudieron al oír sus gritos de dolor le dieron una paliza, según denunció el joven.

Sus "gritos desgarradores" se escucharon más allá del CIE, afirmó un vecino de la zona. Según la descripción de los hechos del agredido ante el juzgado, los policías le pisaron la mandíbula y el pie roto y le golpearon con la porra. Finalmente, según la Policía, el chico se retrató de su declaración y procedimiento judicial no siguió adelante.

Víctimas de trata y menores encerrados

Por las celdas de esta prisión para extranjeros también han pasado personas que nunca debieron entrar, como menores de edad o mujeres víctimas de trata. El informe deja constancia de 12 mujeres detectadas como posibles víctimas de trata desde 2015.

En algunos casos, también eran menores y estaban recluidas en el mismo CIE que sus proxenetas. "No solo es ilegal y vulnera los derechos de la infancia", dicen, sino también "una doble violación de derechos", ya que los protocolos son tajantes en cuanto a la protección debida a estas personas en centros o espacios especialmente habilitados.

En cuanto a la arbitrariedad de los internamientos de menores, prohibidos expresamente por el Ley de Extranjería, Público ha denunciado algunos de los casos más recientes. La plataforma ha contabilizado 11 casos en los últimos cinco años. Adolescentes que, en varias ocasiones, portaban documentos de identidad oficiales que probaban su fecha de nacimiento.

Algunos fueron liberados, aunque otros han sido devueltos a sus países "sin que hasta el momento se conozca que se haya sancionado a los responsables de estos encierros ilegales ni que haya tomado medidas para que no se repitan", lamentan los activistas.