Los doctorandos catalanes se levantan para reclamar unas condiciones salariales dignas

Hace un año que la plataforma Doctorands en Lluita retomó la actividad. En una asamblea muy concurrida, esta plataforma decidió movilizarse de nuevo para hacer escuchar su voz y llevar al debate público la deplorable situación que sufren los estudiantes contratados para desarrollar la tesis doctoral en Catalunya. 

El origen de los problemas a los que se enfrentan se remonta a 2009, cuando en el contexto de los recortes la Generalitat y gran parte de las universidades catalanas acortaron de cuatro a tres años la duración de los contratos a los que podían acogerse para preparar la tesis. Una eventualidad que no recogía el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, también conocido por EPIPF, que de acuerdo con los criterios fijados por el Ministerio de Educación solo se amplió en 2019 para incorporar un nuevo paquete de términos legales y jurídicos que tienen que regular estas plazas.

Indefensión sobrevenida

Desde los recortes, los doctorandos catalanes soportan una medida que, si bien inicialmente debía de tener carácter provisional, se ha cronificado hasta dejarlos en una situación límite. No solo en Catalunya, también en otras comunidades del Estado donde se habían acortado los contratos. Así lo denuncia Adrián Zarco, portavoz de la plataforma que asegura que la indefinición del EPIPF en este capítulo ha hecho que "muchas universidades se escuden fácilmente en él y continúen sin recuperar el contrato de cuatro años".

Zarco, doctorando en Historia en la Universitat de Lleida, explica que en Catalunya la situación difiere según cada centro. Así, por ejemplo, la Universitat de Barcelona cubre los cuatro años gracias a una partida del Banco Santander, pero no para aquellos que vienen contratados por la Generalitat, a quien solo se les paga tres años. "En cuanto a la Universitat Autònoma (UAB), la presión del alumnado consiguió el cuarto año, y lo mismo sucedió en la Universitat Pompeu Fabra y en la Universitat Rovira i Virgili", indica Zarco.

En el caso de la Universitat de Lleida, la situación también es bastante preocupante, hasta el extremo de que los doctorandos no saben todavía si se les ampliará el contrato de tres años que expira este junio. "Todavía esperamos que se nos notifique algo", dice Zarco. Una reciente encuesta revela las penosas condiciones en las que se encuentra el colectivo en esta universidad: el 71% manifiesta que el contrato de tres años le es insuficiente para atender sus necesidades, dado que tiene que realizar tareas que no le corresponden o trabajar los fines de semana para lograr sus objetivos.

Así pues, la casuística es diferente según cada caso, puesto que mientras las ayudas provenientes del Ministerio de Educación siempre son de cuatro años, en cuanto a las otorgadas por la Generalitat, es la universidad quien decide si cubrirá todo el periodo; sin contar con aquellos contratos que la misma universidad financia mediante alguna entidad financiera o a través de los recursos de que dispone. "Si tu contrato te lo hace el Ministerio, será de cuatro años; si te lo hace la Generalitat, será de tres, y si es la universidad quién te contrata, entonces estarás a expensas del que esta determine", comenta el portavoz de Doctorands en Lluita.

A parecer de Zarco, todo ello es incoherente, además de que supone un agravio comparativo entre quien puede desarrollar una investigación en cuatro años y quien solo cuenta con tres para hacer la misma. "Quienes tienen un año menos, se encuentran abocados a acabar la tesis gastando el paro o encontrando un trabajo precario que les permita ir trampeando, con los perjuicios que esto les ocasiona", subraya.

Agravios añadidos

Doctorands en Lluita destaca otros perjuicios añadidos. Uno es los bajos salarios que prevén los contratos: "Hace años que están congelados, de forma que si vives en la ciudad donde haces la investigación quizás el impacto es mínimo, pero si tienes que llevar a cabo actividades en otra comunidad, entonces todo se complica".

Adrián Zarco recuerda que muchos doctorandos tienen cada año un par de estancias fuera para las cuales tienen que abonar una media de mil euros en concepto de inscripción. Una cantidad que las universidades tienen el deber de sufragar, "pero a menudo tardan cuatro meses en hacerlo, cuando no todos disponemos de suficientes ahorros para esperar tanto tiempo". Esto, y la circunstancia de que tienen que aportar sus propios ordenadores y no se les facilita espacios para resolver los conflictos con los directores, ha provocado que muchos de ellos sufran problemas de salud mental, como también se desprende de la encuesta realizada en la Universitat de Lleida.

En total, Doctorands en Lluita calcula que del millar de predoctorales que hay en Catalunya, quienes resultan más afectados son una minoría. "En realidad, representamos un colectivo muy pequeño, de ahí que la Generalitat no tenga ningún motivo económico para negarnos el contrato de cuatro años", subraya Adríán Zarco.

Para avanzar hacia una solución, la plataforma exige primero que el estatuto sea tajante en que los contratos tienen que durar cuatro años y no deje margen a la discrecionalidad de los centros. Del mismo modo, reclama que las universidades sean diligentes al apoyar al alumno que tiene que asistir a congresos y que se actualicen los salarios en función del IRPF y la inflación.

"No podemos permitir que la precariedad se demore más, porque cada año centenares de nosotros nos quedamos en el paro sin haber acabado la tesis", exclama Zarco, que pese a la pasividad de la Administración se muestra optimista. "Después de movilizarnos, siempre nos acaban atendiendo; así que ya sabemos qué hay que hacer: mantener la protesta hasta que, de una vez por todas, se acabe con la inestabilidad a la cual nos vemos sometidos", concluye.