Doñana sigue amenazada: menos agua y un deslinde que genera discordia

Una vez superada la gran crisis de la ampliación de regadíos, que pretendía el Gobierno andaluz y que fracasó, sobre el Parque Nacional de Doñana, persisten aún las amenazas. A pesar de las lluvias de 2025, el agua escasea debido al modelo de explotación, que es muy agresivo para el acuífero. De él, se extraen grandes cantidades de agua que necesita la industria fresera para mantener la facturación, que supera los mil millones de euros al año.

Así lo expresa la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su último informe sobre el estado de los acuíferos: "La precipitación del año hidrológico 2024-2025 fue de 671 milímetros. Se trata de un año húmedo, el primero desde [el periodo] 2010-2011, con un 123 % de la media. [...] Concluye [con ello] el largo episodio seco [que ha durado trece años]. Sin embargo, una recuperación del acuífero requiere no un año húmedo aislado, sino un nuevo periodo húmedo, o al menos la alternancia acostumbrada: hasta 2011-2012 el periodo medio entre años húmedos era de tres años". 

Y después: "El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes, lo que se evidencia en que tres de las cinco [masas de agua] integrantes del sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo".

Entre las medidas a adoptar para afrontar esta situación, el Gobierno plantea varias. Por un lado, el "incremento cero" de la superficie susceptible de obtener concesión de regadíos y una aplicación "rigurosa de la legalidad", esto es, el "cierre de captaciones ilegales" y la "eliminación" de "los regadíos no legalizables". Por otro, la "recarga artificial en aquellas zonas donde sea viable". Y también, un trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca vecina de los ríos Odiel, Tinto y Piedras.

A estos problemas estructurales y bien conocidos se une ahora una nueva polémica, que va ya camino de los tribunales de lo contencioso-administrativo —el Gobierno andaluz ya ha anunciado que irá a juicio—: el deslinde, el paso al dominio público, de 118 kilómetros de las marismas de Doñana. 

Este deslinde cuenta con el rechazo de la comunidad científica y de las organizaciones ecologistas, y también del Consejo de Participación de Doñana, donde están representados los actores que se ocupan de la gestión del parque junto con representantes de la sociedad civil —agricultores y ecologistas, entre otros—. El Consejo emitió informe contrario, que fue aprobado con 32 votos a favor y ocho en contra y una abstención. Lo que se discute no es tanto que se haga el deslinde, sino cómo lo pretende hacer el Gobierno de España.

El Ministerio de Transición Ecológica aprobó el pasado mes de octubre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un "tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla)". Se prevé la expropiación, según el Consejo de Participación, de fincas de titularidad de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Hinojos, de WWF y de familias particulares. 

El deslinde se basa en la consideración, según se recoge en la orden que lo autoriza, de que las superficies incluidas "cuentan con las condiciones necesarias para ser marismas". "Los datos geomorfológicos que evidencian que nos encontramos ante una marisma, con influencia mareal, impedida por actuaciones antrópicas [fruto de la actividad humana] han sido constatados por el estudio de inundación en los terrenos del parque nacional de Doñana, elaborado por Idyma [una consultora  especializada en medio ambiente] en mayo de 2025", se lee en la resolución. 

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, afirma en conversación con Público: "El mayor valor es que es agua dulce. Hay que hacer lo posible por mantener ese estado de conservación, es lo más excepcional. Espero que se pueda discutir la discrepancia a nivel técnico y que el deslinde se aplique a algo más acorde con la realidad". 

Relacionado con este tema

Un nuevo informe eleva a 84.000 euros los daños hídricos de los pozos ilegales de la Casa de Alba en Doñana

Santiago F. Reviejo

La opinión de los científicos y de las organizaciones ecologistas es que esta calificación de marisma mareal, es decir, salina, que recoge el Gobierno "es una equivocación" en los criterios. 275 científicos han firmado un manifiesto en el que afirman: "Esta decisión ignora la realidad física, ecológica e histórica de Doñana y podría tener consecuencias irreversibles: la pérdida de sus valiosos humedales de agua dulce y la alteración profunda de sus ecosistemas más valiosos, protegidos por la legislación nacional e internacional".

"Según esta interpretación, —prosigue el manifiesto— al menos dos tercios de la marisma del Parque Nacional dejarían de considerarse un humedal de agua dulce y pasarían a definirse como un espacio inundable diariamente por las aguas del estuario del Guadalquivir. La resolución sostiene además que la falta de influencia mareal en esas zonas se debe a elementos antrópicos [fruto de la influencia humana] que deberían eliminarse —entre ellos la llamada Montaña del Río—, a pesar de que se conoce que parte de dicha formación corresponde al levé natural del sistema".

"Los estudios realizados por cientos de investigadores, universidades y organismos nacionales e internacionales demuestran de manera consistente que las marismas de Doñana constituyen fundamentalmente un sistema pluvio-fluvial de agua dulce, y no un espacio dominado por la influencia mareal", agrega el manifiesto.

Para Juanjo Carmona, de WWF, "no es que no exista marisma mareal, que tiene una riqueza tremenda, lo que sucede es que la marisma mareal en Doñana ocupa un espacio histórico en el sur, no hasta donde lo quieren llevar. Y decir que esto no tiene consecuencias es falso: si has decretado que la marisma mareal es el ecosistema natural del parque, estás diciendo que hay que aplicar el marco normativo completo que afecta a Doñana, no solo la Ley de Costas sino también toda la legislación ambiental y de protección. Si dices que hay un elemento artificial que ha transformado el parque, eso hay que eliminarlo para volver a los valores que lo declararon parque. Esto tiene implicaciones a futuro gravísimas".