Las dos caras del Gobierno con una huelga de 7 años en Rota: Trabajo toma medidas, Defensa se desmarca
El Departamento de Yolanda Díaz se reúne con los trabajadores del aeropuerto de la base naval y moviliza a la Inspección de Trabajo, mientras el de Margarita Robles, aunque ve con preocupación el conflicto, no lo considera de su competencia.
El Gobierno afronta con dos caras la huelga más duradera del país, la que mantienen de forma indefinida desde hace siete años los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota, compartida con la armada de EEUU, a causa de una reducción de un 30% de su salario impuesta por la empresa estadounidense que gestiona el servicio. El Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, ha tomado ya medidas para intentar garantizar los derechos de la plantilla, mientras el de Defensa, en la parte del PSOE, considera que este conflicto, pese a verlo con preocupación, no es de su competencia.
Trabajadores y Ayuntamiento de Rota, gobernado por el PSOE, han pedido de forma reiterada al Gobierno de la nación que intervenga para solucionar un conflicto que comenzó en 2018 y que ha originado desde entonces el despido de 50 empleados, según los sindicatos, entre ellos el presidente del comité de empresa. La corporación municipal roteña ha declarado incluso non grata por dos veces a la empresa, cuando se llamaba Louis Berger Aircraft y ahora que se denomina Versar Global Solutions- por el trato dispensado a los trabajadores, algo que, a su juicio, afecta difectamente a “la dignidad y respeto que merecen los ciudadanos” de esa localidad gaditana de cerca de 30.000 habitantes.
Los escritos, las mociones, las preguntas parlamentarias y las manifestaciones en la calle no han conseguido, sin embargo, desencallar el conflicto que comenzó cuando la Marina de los EEUU, la US Navy, adjudicó a la multinacional Louis Berger el servicio de carga y descarga, almacenaje y viajeros en el aeropuerto de la base naval. La empresa, tras el estudio de una consultora, llegó a la conclusión de que le sobraban 45 trabajadores para obtener una “gestión exitosa”. Y tras unas negociaciones infructuosas con el comité de empresa para que aceptara rebajas de sueldo a cambio de menos despidos, echó de una tacada a 30 de los 170 empleados con el argumento de que había menos carga de trabajo. Como colofón, se descolgó del convenio que se había firmado con la anterior adjudicataria del servicio y empezó a aplicar el general de los servicios de los aeropuertos civiles, con cotizaciones y salarios un 30% más bajos, según los sindicatos, porque no tiene en cuenta las circunstancias de seguridad y peligrosidad del trabajo en un recinto militar.
Los trabajadores, y el ayuntamiento roteño también, sostienen que para resolver este larguísimo conflicto laboral resulta fundamental la intervención del Gobierno de España, ya que la huelga tiene lugar en una base cuyo uso se comparte con la Marina de EEUU conforme a los tratados firmados con el gobierno de ese país. Y después de mucho llamar a esa puerta, el pasado 17 de noviembre consiguieron que los recibiera un secretario de Estado, el de Empleo y Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El comité de empresa solicitó al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, “la máxima implicación institucional” para resolver el conflicto más duradero de la democracia española y el responsable del Ministerio de Trabajo se comprometió a analizar en profundidad la situación y estudiar, en coordinación con las administraciones competentes, entre ellas el Ministerio de Defensa, las posibles vías de solución, según informaron los representantes de los trabajadores.
Fuentes del ministerio han asegurado a Público que el departamento que dirige Yolanda Díaz “está estudiando las vías para garantizar los derechos” de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota, aunque no han precisado de qué medidas se trata.
Reunión en Rota con la ministra de Trabajo
Esa reunión en el ministerio ya ha tenido sus primeros efectos. Yolanda Díaz se desplazó este jueves 18 de diciembre a Rota para mantener un encuentro con el comité de empresa, a petición de la propia ministra, una circunstancia que los representantes de los trabajadores interpretan como un reconocimiento de la gravedad del conflicto y la urgente necesidad de encontrarle una solución.
Según el comité, la ministra de Trabajo se ha comprometido a hacer un seguimiento personal del conflicto e intensificar las actuaciones encaminadas a su resolución, a estudiar medidas que faciliten el dialogo entre las partes, trabajar de manera coordinada con Inspección de Trabajo para analizar en profundidad las irregularidades cometidas por la empresa y a colaborar estrechamente con el Ministerio de Defensa y promover un encuentro de los representantes de los trabajadores con su titular, Margarita Robles.
El comité de empresa ya ha mantenido un encuentro con responsables provinciales y estatales de la Inspección de Trabajo, a quienes han detallado las vulneraciones de sus derechos laborales y a la huelga que han sufrido durante los siete años de conflicto. Según los representantes de los trabajadores, en ese tiempo ha habido más de 130 actuaciones inspectoras y una veintena de actas por infracción, fundamentalmente por temas de acoso laboral y sindical e incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo.
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“Nos han dicho que van a estudiarlo, que les diéramos un par de semanas para ver qué se puede hacer. El problema aquí es que al ser un recinto militar no se puede hacer una inspección en la Base como en cualquier otra empresa; tienen que pedir un permiso y entonces ya están preparados. Es complicado cogerlos in fraganti”, dice a Público el presidente del comité de empresa, Jason Berrios.
El Ministerio de Trabajo también se ha puesto en contacto con Versar Global Solutions, según fuentes del comité de empresa, que no pueden precisar el contenido de la llamada y su resultado. “Hay algo que se está moviendo”, afirma Berrios.
La otra puerta del Gobierno a la que han llamado insistentemente es la del Ministerio de Defensa, como departamento responsable de las instalaciones militares en nuestro país y del que, de momento, no han obtenido respuesta. Sin embargo, el ministerio que dirige Margarita Robles sí ha tenido que contestar a las preguntas que le han hecho por escrito los grupos del PP y Sumar sobre la situación de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota.
En la respuesta a esos grupos, emitidas el pasado mes de febrero, Defensa alega que el personal de la empresa Louis Berger -ahora Versar Global- trabaja únicamente en las instalaciones y servicios del aeródromo de la Base que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas de EEUU, y que, además, su relación jurídico-laboral se circunscribe a esa compañía, es decir, que no atañe para nada ni a la Marina estadounidense ni a ese ministerio del gobierno español.
“Este departamento carece de competencias para involucrarse en el proceso de negociación laboral, que en todo caso corresponde a los representantes de los trabajadores y al empresario o asociaciones empresariales, en su caso. Las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral están transferidas a las comunidades autónomas, incluidas las funciones de mediación o arbitraje sobre las controversias que, en su caso, las partes acuerden someterle”, añade Defensa en la respuesta parlamentaria.
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El ministerio de Margarita Robles asegura, además, que el jefe de las fuerzas armadas de los EEUU en la Base Naval de Rota, responsable de las instalaciones de uso exclusivo norteamericano, no le ha informado de que se hayan producido fallos de seguridad o de funcionamiento derivados de la huelga de los trabajadores del aeropuerto.
No obstante, Defensa señala que “siempre que ha tenido la oportunidad” ha planteado a las autoridades de EEUU “su preocupación por la cuestión” y que ha mantenido reuniones con ambas partes para “facilitar una pronta resolución en la búsqueda del interés general” para llegar a “una solución negociada”.
Los trabajadores consideran que Defensa debe intervenir en este conflicto porque actualmente no está garantizada la seguridad de los trabajadores del aeropuerto de la Base. “No van a hacer nada hasta que alguien no muera, porque tienen un profundo desconocimiento del trabajo que hacemos aquí”, advierte uno de ellos.
El grupo socialista en el Congreso anunció el pasado septiembre que estaba estudiando la presentación de alguna iniciativa parlamentaria sobre la situación de los trabajadores del aeropuerto de Rota, tras una reunión que mantuvo con el comité de empresa la diputada por Cádiz y vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa, Mamen Sánchez. Esta semana, fuentes del grupo parlamentario del PSOE han dicho a Público que estaban trabajando en la iniciativa, la cual aún no ha sido presentada.
En 2017, durante el gobierno de Mariano Rajoy, la Comisión de Defensa aprobó una proposición no de ley sobre la situación de los trabajadores de la base roteña, en la que la diputada Miriam Alconchel Gonzaga del grupo proponente, el socialista, afirmó: (el Gobierno) “no puede quedar de brazos cruzados mientras la empresa Louis Berger despide a trabajadores españoles justo cuando se producen, como decía, un incremento del trabajo y del negocio con la implantación de los escudos antimisiles. Hace pocos días estuvo la ministra de Defensa (Dolores de Cospedal, PP) en Rota y hubiera sido una buena situación para que aclarara si ha planteado en sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos algún tipo de preocupación por esta situación, porque se siguen produciendo despidos”.
Una huelga con un 90% de servicios mínimos
La huelga indefinida comenzó con paros de cuatro horas por turno durante cinco días a la semana y posteriormente se amplió a toda la semana debido a la continua vulneración de derechos laborales, según los trabajadores, y a la falta de avances en las negociaciones que se han abierto de forma intermitente en estos siete años de conflicto. El pasado septiembre, Versar Global decidió romper de nuevo las conversaciones con el comité de empresa por las declaraciones que habían hecho sus integrantes tras los despidos de su presidente y de otros cuatro trabajadores que se produjeron justo cuando ambas partes acababan de retomar las negociaciones para acordar un nuevo convenio colectivo.
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La US Navy acordó en 2021 renovar por cinco años más el contrato a Louis Berger para que esta empresa siguiera haciéndose cargo de la explotación del aeropuerto de la Base Naval de Rota, que ocupa desde 1953 un terreno de 24 kilómetros cuadrados, casi un tercio de la superficie total de ese municipio gaditano. El recinto acoge cinco destructores de la armada estadounidense y sus tripulaciones, a los que se sumará otro navío próximamente, además de las fragatas y buques anfibios de la marina española.
La multinacional estadounidense argumenta en su web que en su contrato con la Navy se redujo de 4 a 3 el número máximo de aviones que había que atender de manera simultánea en el aeropuerto de la base y que, por esa razón, no necesita tanta plantilla como la anterior adjudicataria del servicio. Sin embargo, según el comité de empresa, tras más de 50 despidos, ahora está trabajando casi el mismo número de personas que había antes del comienzo de la huelga, porque se ha contratado a personal con un salario inferior para sustituir a los despedidos.
Que la huelga vaya ya por su séptimo año sin que se haya resentido ninguna de las dos partes en conflicto tiene una explicación, según los representantes sindicales: por un lado, los servicios mínimos aprobados por la administración española son del 90%, por tratarse de una instalación de máxima seguridad. Y por otro, la dirección de la empresa utiliza a personal de confianza contratado para hacer el trabajo de los huelguistas, tal como refleja un expediente de la Inspección de Trabajo del pasado mes de mayo.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz emitió un oficio por el que abrió acta de infracción contra Louis Berger Aircraft Services, tras concluir que “la persistencia de la empresa en la asignación de puesto de libre designación supone una vulneración del derecho de huelga”. En el expediente se refiere que estos puestos “de confianza”, con un amplio listado de tareas, incluida evaluación de personal y poner en conocimiento de la dirección cualquier incidencia relacionada con la prestación de servicios, fueron creados tras la notificación de la convocatoria de huelga indefinida, “fuera del convenio colectivo y de la negociación colectiva” y “sin comunicación alguna al comité de empresa sobre el motivo de su creación”.
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La “indeterminación horaria” y la “polivalencia funcional” de estos puestos de confianza son los que permiten recurrir a ellos con la única finalidad “de realizar el trabajo de los trabajadores huelguistas”, subraya la Inspección de Trabajo.
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