Dudas y limitaciones del acuerdo entre el Govern catalán y los Comuns sobre la compra especulativa de vivienda
El Sindicat de Llogateres lamenta que no prevé "ningún mecanismo" para evitar la compra de edificios enteros para luego revenderlos más caros al poco tiempo.
El IDRA propone seguir el ejemplo de otros países que prohíben la reventa de viviendas a corto plazo o bien obligan a vivir durante un mínimo de años.
Barcelona--Actualizado a
El pacto del Govern catalán de Salvador Illa y los Comuns -en el marco de la negociación de los nuevos presupuestos de la Generalitat- por la limitación de la compra especulativa de pisos ha sido recibido de manera ambivalente por el movimiento por la vivienda. La intención es cambiar la Ley de Urbanismo, de manera que los ayuntamientos de las zonas tensionadas -más de 200 municipios, que agrupan a la gran mayoría de la población catalana- puedan condicionar que la vivienda sólo se pueda destinar a vivienda habitual o al alquiler residencial.
El Sindicat de Llogateres considera que el acuerdo tiene "limitaciones serias". En un comunicado, la entidad celebra que el PSC "se haya visto obligado a admitir lo que ya es un consenso social, que los pisos son para vivir, y no para especular", pero considera que hay que ir más allá. En concreto, lamenta que no se prevé "ningún mecanismo" para evitar la compra de edificios enteros para después revenderlos más caros al poco tiempo, y considera que sería necesario que la medida no sólo se aplicara a los grandes tenedores, sino también a las personas que tienen menos de cinco viviendas.
Según el Sindicat de Llogateres, la medida permite comprar vivienda para ponerla en alquiler "en caso de que lo hagan arrendadores con menos de cinco propiedades". "La limitación tiene que ser clara: sólo se tiene que poder comprar un piso si es para vivir", dice la organización.
Asimismo, asegura que "no se aplican garantías que den estabilidad a los inquilinos y bajen los precios". "Si tiene que ser realmente una ley contra la especulación, se tiene que garantizar que si alguien compra un bloque de pisos entero donde viven inquilinos se les harán contratos nuevos con bajadas de precio en ese momento", apunta la organización.
El Sindicat de Llogateres no avala, además, que la medida deje "en manos de cada ayuntamiento decidir si aplicará o no la limitación". "Ya hemos visto hasta ahora cómo incluso los ayuntamientos más grandes como el de Barcelona no aplican con diligencia el control de la normativa urbanística", se queja el Sindicat.
Una propuesta que se queda corta
Por su parte, el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha advertido de que la propuesta "difícilmente podrá cumplir el objetivo". En un comunicado, el IDRA considera que el texto no incorpora elementos que, a su juicio, serían imprescindibles para que la regulación sea efectiva. El IDRA forma parte del grupo de expertos creado entre Govern y Comuns para evaluar la posibilidad de prohibir las compras especulativas.
La entidad destaca, en primer lugar, que la medida no impide adquirir viviendas para revenderlas poco tiempo después a un precio superior. Según el instituto, esto permitiría a los grandes tenedores continuar comprando edificios enteros, trocearlos y revender las viviendas por separado. También a pequeños tenedores les facilitaría comprar pisos antiguos, reformarlos para incrementar su valor y venderlos enseguida.
Finalmente, el IDRA avisa que, a pesar de la nueva medida, la demanda residencial y IDRA demanda público-social continuarán compitiendo con la demanda especulativa en el mercado de compraventa. Este hecho, afirman, dificultará la ampliación del sistema de vivienda protegida y puede favorecer el encarecimiento de los precios y las dinámicas de concentración de la propiedad, de manera que haya menos propietarios con una vivienda única y más multipropietarios y grandes tenedores. Por todo ello, propone seguir el ejemplo de otros países que prohíben la reventa de viviendas a corto plazo o bien obligan a vivir durante un mínimo de años.
Limitar las futuras segundas residencias
Por su parte, la proposición de ley presentada por la CUP, también partidaria de limitar la compra especulativa de vivienda, pone el foco en las segundas residencias. El acuerdo en materia de compras especulativas de los Comuns y el Govern permite comprar, excepcionalmente, una única segunda residencia si ésta se encuentra en municipio diferente del habitual.
Relacionado con este tema
Los anticapitalistas van más allá y defienden que la compra de viviendas solo debe poder ser para uso residencial y acabar con "el fenómeno de terceras, cuartas y quintas residencias cerradas la mayor parte del año."Una familia, una vivienda", ha reivindicado la diputada Laure Vega, que denuncia que "no se pueden seguir comprando casas en municipios donde prácticamente no vive nadie" y la gente local ser expulsada.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la propuesta no pone el foco en las segundas residencias ya adquiridas o en casos de herencias, sino que se centra en condicionar las futuras compras de vivienda al uso residencial. "Lo que no quiere permitir la ley de la CUP es comprar stocks de pisos para sacarlos del mercado residencial", ha defendido Vega.
En cuanto a la compra de viviendas para destinarlos al alquiler, la CUP no fija ningún número máximo de inmuebles que puede adquirir un propietario, a diferencia de los Comunes, que sí reclaman que una persona sólo pueda comprar hasta cuatro viviendas para uso propio o para alquilarlos. La CUP, en cambio, cree que con una "restricción suficiente" de los precios sería suficiente y que no hay que establecer un máximo de pisos que un propietario puede comprar.
La proposición de ley de la CUP también contempla, entre otros, reservar un 70% del techo para vivienda de protección oficial en nuevas transformaciones y un 50% para edificios de nueva construcción; permitir que el Jurado de Expresión de Catalunya fije el precio de compra en situaciones "de desacuerdo" durante el tanteo y retracto; o aumentar el suelo de titularidad pública, pasando del 10% actual al 30%.
El sector inmobiliario pone el grito en el cielo
Insuficiente para unos, y "de extrema izquierda" para otros. Como era de esperar, el sector inmobiliario se ha opuesto frontalmente al acuerdo entre el Govern y los Comuns recurriendo al catastrofismo habitual. El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha opinado que se trata de un pacto de "extrema izquierda populista" y ha avisado de que la normativa puede tener "problemas jurídicos de constitucionalidad" porque trata competencias del Estado.
Relacionado con este tema
En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, Montserrat Junyent, ha avisado de la "inseguridad jurídica" que genera. A la espera de conocer la letra pequeña, el colectivo señala que la norma dificultará la rehabilitación de viviendas y afectará especialmente al inversor "medio o patrimonial".
El Círculo de Economía también recela de medidas que "pongan muchas restricciones a la vivienda". La entidad empresarial ha asegurado que no conoce "el detalle" del acuerdo entre el Govern y los Comuns, pero considera que "a priori no es el mejor" para el país. El director general de la organización, Miquel Nadal, ha afirmado que habrá que "ver la letra pequeña" del acuerdo.
Foment del Treball ha elevado aún más el tono tildando de "filocomunistas" las políticas de vivienda del Govern y ha mostrado "mucha preocupación por la imagen de Catalunya a nivel exterior" por la aplicación de políticas que considera que "vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada".
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.