El Ministerio de Educación ha puesto fin a una serie de medidas que hacían que parte de la ciudadanía residente en Ceuta y Melilla sufriera desigualdad en el acceso a los centros educativos, especialmente la población de origen marroquí, según ha informado El País. 

Hasta ahora, uno de los requisitos que se imponían en estas regiones para poder escolarizar a los menores era estar empadronado en la ciudad correspondiente. Sin embargo, para poder optar a la inscripción en el padrón se exigía un permiso de residencia que únicamente se concedía a aquellos que se habían empadronado de manera previa. 

Esta resolución ya se ha publicado en el BOE y cuenta con el beneplácito del Defensor del Pueblo. Esta institución ha transmitido que, de ahora en adelante, "el derecho a la educación de estos niños y niñas, su acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro queda garantizado" y, además, "pone fin a los perjuicios" que suponían para los niños y niñas "la situación de irregularidad documental de sus progenitores". 

Muchas organizaciones han trabajado por conseguir este propósito y acabar con una vulneración de derechos que llegó a denunciar la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este toque de atención a nivel internacional llegó porque una madre de origen marroquí presentó el caso de su hijo ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) en marzo de 2020. 

Un año después, el Comité obligó a las autoridades pertinentes a que el menor fuera admitido en un centro educativo y, dado que el chico había perdido cerca de dos años de educación formal, el CDN obligó al Estado a que compensara al joven por ello.