¿Por qué el profesorado catalán vuelve a salir a la calle? Las razones del malestar del colectivo con el Govern

El profesorado, convocado por USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT, vuelve a salir a la calle este sábado en Barcelona para denunciar una situación que consideran "insostenible". Sus reclamaciones van mucho más allá de un conflicto puntual y apuntan a un malestar estructural que, según el colectivo, "afecta tanto a las condiciones laborales del profesorado como a la calidad del sistema educativo público".

Las demandas giran en torno a la dignificación de la profesión, la recuperación de derechos perdidos y la defensa de un modelo de escuela "inclusiva, democrática y en catalán", señala la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. Todo ello, a la espera de que se haga pública la sentencia del Tribunal Constitucional que tiene como objetivo acabar con la inmersión lingüística imponiendo el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán.

Recuperación del poder adquisitivo y mejora salarial

Una de las principales reivindicaciones del colectivo docente es la mejora de los salarios. Según Segura, en los últimos 15 años han perdido entre un 20 y un 25% del poder adquisitivo a causa de la falta de actualización de los sueldos conforme al IPC. "Esta situación ha empobrecido progresivamente al profesorado, que no reclamamos un aumento arbitrario, sino la recuperación del poder adquisitivo perdido", argumenta.

Uno de los puntos clave es la actualización del complemento específico, que depende directamente de la Generalitat y que no se ha revisado desde el año 2001. "Esta congelación salarial sitúa al profesorado catalán a la cola de los salarios del Estado, una situación que consideramos especialmente grave teniendo en cuenta que Cataluña tiene uno de los costes de vida más elevados", lamenta Segura.

Dignificación del personal de atención educativa (PAE)

El profesorado también pone el foco en la situación del personal de atención educativa (PAE), que, según denuncia USTEC, "actualmente está clasificado en categorías inferiores a las que le corresponden por titulación". Esta reclasificación, reclamada desde 2006 y recientemente aprobada por el Parlament, aún no se ha hecho efectiva.

Su aplicación supondría una mejora salarial superior a los 300 euros mensuales para unas trabajadoras que, en muchos casos, "tienen sueldos muy próximos al salario mínimo interprofesional". Pero más allá del impacto económico, Segura remarca que se trata de un reconocimiento "necesario" de su labor y de su profesionalidad dentro de los centros educativos.

Reducción de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo

Otro eje central de las reclamaciones es la reducción de la burocracia. El profesorado denuncia que por cada tarea educativa existe una gran cantidad de documentos, protocolos e informes que restan tiempo a la función principal, "que es educar", explica Segura. "La programación, las evaluaciones o los protocolos se convierten a menudo en tareas burocráticas alejadas de la práctica real en el aula", señala.

Esta sobrecarga, argumenta, "ha aumentado de manera alarmante en los últimos años y ha llevado a muchos profesionales al colapso, con un impacto directo en la salud laboral y emocional del profesorado".

Una escuela inclusiva con recursos reales

El colectivo docente defiende el modelo de escuela inclusiva, que consideran "un enriquecimiento social, personal y colectivo". Sin embargo, denuncian que este modelo no puede funcionar sin los recursos necesarios. Por ello, reclaman una reducción de ratios, "ya que las aulas son cada vez más complejas", así como la incorporación de más profesionales que permitan atender adecuadamente la diversidad del alumnado.

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Retorno de la "democracia" a los centros educativos

El profesorado también reclama revertir el modelo de gestión instaurado por el decreto de plantillas y direcciones, que, según explica Segura, "ha provocado un funcionamiento excesivamente vertical de los centros". "Actualmente, muchas decisiones pedagógicas y organizativas recaen exclusivamente en las direcciones, dejando a los claustros sin capacidad real de decisión", lamenta.

Esta situación, denuncia Segura, "ha empobrecido el trabajo en equipo, el debate pedagógico y la construcción colectiva de los proyectos educativos". El profesorado, por tanto, reclama recuperar espacios de decisión democrática en los que se tenga en cuenta la profesionalidad y la experiencia de todo el claustro.

Un sistema de adjudicaciones “injusto”

Uno de los puntos que genera más indignación es el sistema de adjudicación de plazas, especialmente en verano y en los nombramientos de interinos y sustituciones. Segura denuncia que el sistema de "elección a dedo" no respeta criterios básicos como la antigüedad o la posición en la bolsa. Esto provoca situaciones que consideran "profundamente injustas", con docentes obligados a desplazarse más de 100 kilómetros pese a tener derecho, por experiencia y tiempo trabajado, a plazas más cercanas.

Infraestructuras y escuela en catalán

Además de los grandes ejes, el colectivo docente reclama la devolución de la deuda acumulada por los recortes de los estadios, el cobro íntegro de los cargos que actualmente no se pagan o se pagan de manera insuficiente, y una mejora urgente de las infraestructuras educativas.

Otro aspecto clave es la defensa de la escuela en catalán. Denuncian la pérdida progresiva de la vehicularidad de la lengua y alertan de que la sentencia del 25% supone un ataque directo a la escuela catalana. Ante este escenario, anuncian movilizaciones conjuntas con la comunidad educativa para defender la lengua, la cultura y un modelo educativo que consideran amenazado por decisiones ideológicas sin base pedagógica.

Sobre el inicio de las clases el 8 de septiembre propuesto por el Departament d’Educació, la portavoz de USTEC-STEs sostiene que no hay tiempo para preparar el curso y mantiene que debería comenzar después del 11 de septiembre, la Diada de Catalunya. "Es un desprecio, es dar muy poco valor a la necesidad de preparación, es menospreciar nuestro trabajo y no entender la necesidad de esa preparación", lamenta.

Negociaciones abiertas, pero sin resultados concretos

En cuanto a las negociaciones con el Departament d’Educació, Segura explica que se han logrado algunos avances, como el establecimiento de un calendario de negociación. No obstante, lamentan que las propuestas presentadas hasta ahora, especialmente en materia salarial, no son aceptables.

Pese al compromiso del Departament de presentar una nueva propuesta sobre el aumento del complemento específico, esta aún no ha llegado. Ante esta situación, Segura asegura que el colectivo mantiene intacta su hoja de ruta y que continuará presionando, convencido de que sin movilización no habrá avances reales.