Un embalse amenaza el mayor foco de turismo activo del Pirineo central

“A nadie se le ocurriría inundar una estación de esquí, pero aquí quieren hundir una zona para privilegiar a otra”, explica Inés Dewulf. Francesa de origen y madre de tres niños aragoneses, lleva quince años en Murillo (Zaragoza), uno de los tres pueblos de la ribera del Gállego que, junto con Santa Eulalia y Biscarrués (Huesca), se han estremecido estos días al ver cómo los boletines oficiales resucitaban el fantasma que desde hace tres décadas amenaza la zona: el pantano de Biscarrués.

La finalidad oficial de la presa, de 41 metros de altura y un kilómetro de longitud y presupuestada en 124,6 millones (150 con IVA), es laminar las avenidas del río Gállego y suministrar caudales a los campos de Riegos del Alto Aragón, el mayor regadío de Europa occidental, con 174.000 hectáreas que suponen menos del 60% de las 300.000 para las que fue pensado hace algo más de un siglo.

Sin embargo, ese muro, cuya cota de coronación supera en dos metros el nivel de los edificios más bajos del pueblo de Erés, tendrá también otros efectos. Entre los más perjudiciales se encuentra el de anegar 14 de los 20 kilómetros de río que, desde hace más de dos décadas, permiten ganarse la vida a varios centenares de familias gracias a los deportes de aventura. “Más de 500 personas viven del turismo en esta zona”, explica Dewulf, gerente de UR Pirineos y presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón.

Casi un tercio de las actividades de turismo activo que el año pasado se desarrollaron en la comunidad, 55.000 de 185.000, se realizaron en ese pequeño valle. “Alcanzamos los 80.000 visitantes entre todos los tipos de turismo”, anota Dewulf.

Sin inversiones públicas

La comarca, conocida como La Galliguera y ubicada en el prepirineo, a caballo de las provincias de Huesca y Zaragoza, suma al atractivo del río y su ribera otros como la cercanía del castillo de Loarre, en el que Ridley Scott ambientó “El reino de los cielos”; el embalse de La Sotonera, zona de observación de aves migratorias, o los Mallos de Riglos, unas imponentes rocas verticales de 275 metros de altura que hace unos meses fueron declaradas monumento natural por su riqueza ambiental.

“Nos hemos desarrollado sin ninguna inversión pública y ahora hay 23 empresas en un pueblo con cien vecinos habituales en el que el río da más de 150 empleos”, resalta Héctor Pérez, gerente de Rafting Alcorce y que a principios de los años 90 abrió en Murillo una de las primeras casas de turismo rural del país.

Corrobora su versión su vecino hostelero Santiago Castán: “Hace 35 años mi familia tenía un hostal de 12 habitaciones con baños compartidos. Cuando desviaron la carretera N-240 por Monrepós por aquí no pasaba nadie. Nos planteamos cerrar, pero comenzó el ráfting y empezamos a trabajar”. Hoy, entre su hotel, un albergue y varios apartamentos ofrece 250 de las más de 500 plazas de alojamiento de Murillo. “Y siempre con la amenaza del pantano”, recuerda.

Treinta años de amenaza

El embalse es una amenaza real para la zona, una de las escasas áreas rurales de Aragón que ha atajado la despoblación y ha rejuvenecido su pirámide demográfica (“hay más críos que ancianos”, anota Dewulf), desde que en marzo de 1993 el Ministerio de Obras Públicas adjudicó el diseño de un pantano con capacidad para 192 hectómetros cúbicos, un volumen que supera el que ocuparían 150 estadios como el Santiago Bernabéu.

“Me he pegado media vida luchando contra este proyecto”, explica José Torralba, alcalde de Biscarrués por Chunta Aragonesista (Cha) desde 1991, que recuerda cómo antes de los estudios de 1982 y 1987, en el franquismo y la primera parte de la transición, llegó a hablarse de un pantano de 600 hectómetros, e incluso de uno de 900 que amenazaba con anegar hasta cuatro pueblos: Erés, Santa María, Santa Eulalia y Murillo.

Los ayuntamientos de estos dos últimos municipios y el de Biscarrués esperan a que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre la legalidad de la declaración de impacto ambiental que en 2011 avaló el proyecto, recurrida por los tres. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha optado por lanzar el proyecto e iniciar los trámites para expropiar las tierras afectadas a pesar de que ese pleito sigue abierto y de que la Comisión Europea le abrió un expediente sancionador por él en mayo de 2015

Para Bruselas, “las autoridades españolas no han demostrado un auténtico esfuerzo por atenerse a las obligaciones” de la Directiva Marco del Agua, cuyos objetivos ambientales “no contribuirá en absoluto a alcanzar” un pantano cuyo “impacto potencial” considera que no fue evaluado de manera “adecuada”. Europa rechaza que el embalse pueda justificarse por “interés público” y ve “dudoso” admitirlo por la mejora del suministro para el regadío.

120.000 toneladas de residuos tóxicos

Tras las agrias polémicas y debates que generó hace una década, el embalse no debería superar los 35 hectómetros de capacidad, “pero por las cotas que señala el proyecto, le caben 51 y puede dañar la zona sobre la que se asienta el pueblo de Erés”, sostiene Marta de Santos, alcaldesa de Murillo y diputada autonómica de Podemos. El proyecto también indica que, en caso de riada, el agua saldrá del pantano al mismo ritmo que entre, aunque eso no impedirá, según dictaminó la Comisión Europea, que inunde hasta 14 kilómetros del cauce bajo un manto de agua de doce metros de profundidad.

“Se sitúa un ciclo económico insostenible, como el regadío, por encima de uno sostenible”, mantiene De Santos, que defiende que La Galliguera es “una de las pocas zonas de Aragón que, sin consumir dinero público ni deberle nada nadie, se ha venido arriba con una economía sostenible. Y de repente a alguien le parece necesario almacenar agua aquí”.

“El pantano inunda la principal zona de ráfting”, añade Torralba, que considera “una barbaridad gastarse 150 millones en un pantano que como mucho va a llenarse tres o cuatro veces al año y, además, arruinar la mayor empresa de la zona, que es el turismo”.

Comparte criterio con José Antonio Casaucau, alcalde de Santa Eulalia por el Partido Aragonés (Par) y profesor de Ingeniería en la universidad de Zaragoza, que considera que el déficit de Riegos del Alto Aragón “no es un problema de almacenamiento, bastaría con aumentar la capacidad del canal de derivación” que trasvasa el agua del Gállego a La Sotonera.

El edil también recuerda cómo, inicialmente, el argumento clave para impulsar Biscarrués fue la necesidad de mejorar el abastecimiento de Zaragoza, aunque ese proyecto tuvo que ser abandonado ante la evidencia de que unos kilómetros aguas arriba de Biscarrués se localiza la amenaza tóxica de las 120.000 toneladas de residuos de lindano que la empresa Inquinosa enterró en dos vertederos. ¿Llegarán un día al nuevo pantano?

La 'Toscana' escondida

En 'la Toscana escondida', como algunos turistas se refieren a La Galliguera, hay censados 465 vecinos (195 en Biscarrués, 168 en Murillo y 102 en Santa Eulalia), aunque en invierno la población no alcanza la mitad de esa cifra. “No hemos ganado población, pero sí la hemos rejuvenecido”, apunta Casaucau. “Se quejan de la despoblación, y aquí que hemos conseguido darle la vuelta a la pirámide demográfica nos quieren poner un pantano”, anota Dewulf.

Son oficialmente 33 menos que hace quince años, aunque ese descenso del 6,6% baja al 3,2% si en el cálculo entran Ayerbe (1.100) y Las Peñas de Riglos (258), que perdieron otros 26 en el mismo periodo, y aumenta en la práctica varios centenares de personas durante la campaña turística, de primavera a otoño. Estos dos últimos ayuntamientos, ambos gobernados por el PSOE, han decidido coordinarse con los tres anteriores para oponerse al proyecto.

No es el único frente que estos días están abriendo las instituciones, las empresas y los vecinos de La Galliguera. Una campaña en Change.org que reclama “parar de una vez por todas” el proyecto se acercaba a los 10.000 apoyos en apenas una semana.

“Construir el pantano, que es una cabezonada de la que no se deciden a desistir, sería una puñalada para la zona”, sostiene Castán. “Habría que ver si los regantes necesitan esa agua y si pueden pagarla, quizá mejorando la eficiencia de sus redes de distribución no sería necesario almacenar más agua”, apunta Pérez, que recuerda que el proyecto del embalse ha sido históricamente una rémora para La Galliguera: “Se podrían hacer más cosas, pero no te atreves porque la amenaza está ahí. El fantasma tan pronto desaparece como reaparece”.