A partir de la semana 36 de gestación, las embarazadas podrán acogerse a un permiso retribuido para proteger su salud y la del bebé. No hará falta que se encuentren mal, ni justificarlo ante el médico. Además, el borrador de la nueva ley pretende garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Actualmente 8 de cada 10 abortos se derivan a clinicas privadas concertadas porque la mayoría de profesionales son objetores de conciencia. A partir de ahora esos objetores tendrán que apuntarse en un registro y lo serán en la sanidad pública y privada. Uno de los puntos más conflictivos es que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin  permiso paterno. Y polémica también porque Igualdad plantea la persecución judicial de las parejas que se acogan a la gestacion subrogada en otros países.