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España acumula más de 120.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado, durante la presentación de su informe anual sobre la situación de las personas refugiadas, que la media para conseguir una cita y pedir protección legal es de seis meses.

Varias personas caminan con pancartas en la décima Marcha de la Dignidad con el lema '¡Basta de violencia en las fronteras! ¡Migrar es un derecho!', a 4 de febrero de 2023, en Ceuta, (España).
Varias personas caminan con pancartas con el lema '¡Basta de violencia en las fronteras! ¡Migrar es un derecho!', a 4 de febrero de 2023, en Ceuta, (España). Antonio Sempere / Europa Press

España ya acumula 122.035 expedientes de solicitud de asilo pendientes de resolver. Así lo ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su último informe sobre la situación de las personas migrantes en nuestro país. La organización ha criticado la "falta de solidaridad y responsabilidad" de las autoridades políticas, en un año en el que la cifra global de desplazamientos forzados ha alcanzado un muevo récord, con 110 millones de personas.

De acuerdo con lo recogido en el documento presentado este lunes, el número de migrantes que solicitaron asilo en España ascendió un 81,5%, hasta alcanzar las 118.842 personas el año pasado. Aunque la tasa de reconocimiento de protección ha subido casi seis puntos respecto a la registrada en 2021, CEAR ha expresado que "sigue siendo claramente insuficiente". Sólo un 16,4% de las resoluciones fueron favorables, lo que significa —si tenemos en cuenta las pendientes— que seis de cada diez fueron denegadas en 2022.

Unos datos que contrastan con la protección conferida a nivel europeo, donde la media se sitúa en el 38%. Así, pese a que España fue, de nuevo, el tercer país que más solicitudes de protección internacional registró, sigue al final de la tabla en cuanto a resoluciones a favor, sólo por delante de Malta y Chipre. 

En este sentido, CEAR ha puesto de relieve la "enorme dificultad" a la hora de conseguir cita para pedir asilo. "Se trata del primer obstáculo para ser considerados personas que solicitan protección internacional, que se llega a posponer hasta seis y ocho meses", ha denunciado la comisión.

El exceso de demora conlleva que estas personas, que se han visto obligadas a abandonar sus respectivos países por razones de fuerza mayor —guerras, amenazas de muerte, hambre o catástrofes climáticas, entre otras— vivan durante este tiempo a la deriva, "sin ningún derecho".

"No se pueden empadronar, ni pueden acceder a la sanidad o a la educación porque no tienen un documento que acredite que la solicitud está en marcha", han afirmado desde CEAR. La situación empeora en aquellas provincias donde la cita es doble, una para iniciar el procedimiento y otra para formalizarlo. Muchas de ellas acuden a sus propios compatriotas para que les amparen en esos meses de "absoluta desprotección".

Entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, la organización pide a los partidos políticos que den prioridad en sus agendas a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma legal y segura, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en la ley de asilo.

Asimismo, en pleno contexto electoral, CEAR ha instado a que se aproveche la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea (UE) para "reencaminar" el Pacto de la UE poniendo en el centro los derechos de las personas al asilo, frente al "alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio".

El 70% de las solicitudes de asilo provienen de América Latina

Siete de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional durante 2022 en España procedían de América Latina, con Venezuela, Colombia y Perú encabezan los tres primeros puestos. En este sentido, CEAR ha señalado un cambio en el perfil mayoritario de las personas que piden refugio, destacando un aumento en el número de mujeres (46%) y de niños y niñas (15%), de los cuales más de 1.500 no tenían referentes familiares. 

Mientras que, por comunidades, los territorios que más peticiones registraron fueron Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Catalunya (10.396), País Valencià (7.258) y Canarias (6.446). Muchas de estas solicitudes fueron interpuestas a través de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que recogieron más del doble de inscripciones que en 2021. CEAR ha lamentado la reapertura de estos centros de carácter carcelario tras la "positiva experiencia" de haberlos cerrado durante la pandemia.

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