“Tenemos un sistema de control de las armas de fuego bastante exhaustivo y un modelo cultural que fomenta su uso responsable. Aquí no hay nada parecido a la Asociación Nacional del Rifle, como en Estados Unidos, ni hay en los medios un debate sobre esos temas”, señala Ramon Cossío, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de la Policía).

Esos son dos de los principales motivos por los que en España, fuera de episodios históricos como la matanza de Puerto Hurraco, algunas reyertas a tiros o episodios de ajustes de cuentas entre delincuentes, no se dan carnicerías como las que el pasado fin de semana estremecieron a medio planeta desde El Paso y Ohio, en unos ataques que el Gobierno de México califica como terrorismo mientras la justicia estadounidense se debate entre el delito de odio y lo que se denomina como “masacre doméstica” en su legislación.

Hay, al menos, otros tres aspectos diferenciadores. “En España las armas que se poseen están registradas y autorizadas, y esa es una medida disuasoria importante que nos diferencia de Estados Unidos”, anota un experto del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, que prefiere mantener el anonimato por no tratarse de su especialidad.

Por otro lado, no es posible comprarlas (legalmente) sin disponer de la licencia, cuya obtención incluye algunos obstáculos como tener que superar ante la Guardia Civil un examen teórico y práctico, además de un test psicotécnico similar al del carnet de conducir.

El tercero de esos datos es más bien una tendencia, concretamente al abandono de las armas de fuego de carácter tanto lúdico (caza y tiro deportivo) como de autodefensa por motivos profesionales o personales.

Un desarme generalizado

La cifra de ciudadanos españoles con licencia para poseer y utilizar armas de fuego se ha reducido en más de una quinta parte (un 22,8%) en solo cuatro años, en los que pasaron de 1,77 a 1,37 millones de personas. Ese registro no incluye a los profesionales que la utilizan en sus empleos, como, entre otros, los miembros de las fuerzas de seguridad o algunos tipos de vigilantes.

Así, según los datos de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, el volumen de personas autorizadas para tener escopetas y rifles de caza pasaron de 1,71 a 1,34 millones entre 2014 y 2018, aunque con tendencias distintas entre unos y otros.

Los dueños de armas de caza menor, las tradicionales escopetas de cartuchos, cayeron de 1.376.813 a 942.805 (- 31,5%) en el mismo periodo en el que el volumen de armas amparadas por esas licencias descendía, lastrado por el abandono de actividades como la caza, de tres a 2,2 millones. Por el contrario, las autorizaciones para disponer de rifles de caza mayor crecían de 338.472 a 372.152, casi un 10%, mientras el número de artefactos aumentaba un 4,6%, de 322.821 a 337.634.

El abandono de la caza como actividad es más acusado todavía entre los menores de edad, cuyas autorizaciones para disparar, siempre acompañados de un mayor que se haga responsable, quedaron reducidas a apenas un tercio (de 11.120 a 3.903) en ese mismo cuatrienio.

También se registraron descensos acusados, del 9%, entre los aficionados al tiro deportivo, que pasaron de 55.930 a 50.866, con un ligero aumento entre los que practican el “tiro al vuelo”, según los datos del Consejo Superior de Deportes (CSD), e, igualmente, en las autorizaciones para disponer de pistolas o revólveres de autodefensa, de las que había vigentes menos de 8.500 al cierre de ese periodo, según una respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet.

El privilegio y el derecho de tener armas

“El problema no es España sino EEUU, que es el que se diferencia del resto de los países de la OCDE”, señala el politólogo Javier Alcalde, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que explica que “en cualquier país se considera un privilegio que alguien que no sea policía o militar pueda tener un arma de fuego, mientras que en Estados Unidos es un derecho”.

“Allí hay más armas y las leyes sobre su uso son muy flexibles -anota Alcalde-, aunque los datos indican que los estados en los que esas normas son más restrictivas tienen menores tasas de suicidios y de homicidios”. De hecho, añade, “las estadísticas indican que tener armas cerca favorece la producción de acciones dañinas como los suicidios y los homicidios”.

En cualquier caso, el politólogo llama la atención sobre las diferencias en el uso de esas armas de fuego en otros países en los que su posesión es más habitual, caso de Israel, y también sobre la existencia de otros, como Suiza, donde “hay muchas armas pero no se utilizan”. Coincide en los planteamientos con Cossío, que sostiene que “en España está interiorizado el uso responsable de las armas de fuego”.

Uno de cada seis homicidios, a tiros

El cruce de otras dos fuentes estadísticas, como los datos sobre las causas de la muerte del INE (Instituto Nacional de Estadística) y el pionero estudio sobre los homicidios registrados en España entre 2010 y 2012 que el año pasado hizo público el Ministerio del Interior, apunta en esa dirección.

Menos de uno de cada mil fallecimientos que se registran cada año en España tienen una causa homicida (325 de 424.523 en 2017, 282 de 410.611). Y, de ellos, algo menos de la sexta parte (16,3%) fueron perpetrados con armas de fuego, cuya presencia no llega ni a la mitad de las armas blancas (41,1%).

Por el contrario, y según la misma fuente, que llama la atención sobre el hecho de que en España “en el zona urbana predomina el arma blanca y la fuerza/cuerpo del agresor, mientras que en el ámbito rural predomina el objeto contundente y el arma de fuego”, el 66% de los homicidios se cometen a tiros en EEUU.

Incluso “entre los delincuentes, el uso de armas de fuego está restringido a grupos muy especializados”, señala Cossío, que aporta otro dato llamativo: “Solo entre el 4% y el 5% de los policías se jubilan en España habiendo tenido que utilizar su arma de fuego”.