Entrevista a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales"En España fallecen 93 personas al día sin haber recibido la prestación de la dependencia"
Charla con Público sobre las carencias del sistema de atención a la dependencia y los derechos de la infancia y la adolescencia.
Madrid--Actualizado a
Con más de cuatro décadas en la trinchera de los servicios sociales, José Manuel Ramírez se ha consolidado como una de las voces más influyentes de España en materia de dependencia, cuidados y políticas públicas sociales. Es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) y director del Observatorio Estatal de la Dependencia.
No solo supervisa a cientos de profesionales en todo el país, sino que también dirige la mirada del sector hacia los retos más acuciantes: un sistema de atención a la dependencia que él mismo tacha de "low cost" y la necesidad de replantear el modelo residencial para mayores. Ramírez apuesta por poner la atención domiciliaria y de proximidad en el centro, impulsar la desinstitucionalización y explorar nuevas formas de vivienda para personas mayores, situando a España en la senda de la innovación social.
Del XXXII Congreso Anual de AEDYGSS, de los menores que migran solos, de las carencias del sistema de dependencia en España, de la desigualdad territorial, de las interminables listas de espera y de la inversión en dependencia. De esto y mucho más habla Ramírez con Público en esta entrevista.
En este último congreso de la AEDYGSS se ha reconocido a entidades como UNICEF y Save the Children, así como a personalidades como Manuel Rico o Lalachus, por su contribución al debate social. ¿Qué papel considera que desempeñan en la construcción de la imagen de los servicios sociales en España?
La asociación concede cada año varios premios en distintas modalidades: trayectoria en servicios sociales, personas relevantes en justicia social, influencia en comunicación e institución pública. Llevamos 32 años otorgándolos. Este año, en la modalidad de trayectoria en servicios sociales, hemos reconocido a UNICEF y a Save the Children por su compromiso con la defensa y protección de los derechos de la infancia. Además, hemos querido destacar su labor en Gaza, donde han trabajado en un contexto humanitario extremadamente difícil. Han documentado necesidades críticas —nutrición, protección, saneamiento, apoyo psicosocial— y han exigido acceso humanitario para garantizar una vida digna a los niños afectados. Esta denuncia pública encaja con su misión: que ningún niño o niña quede excluido por un conflicto.
En la modalidad de persona relevante en justicia social, hemos reconocido a Manuel Rico [director de este diario] por su trayectoria periodística y su compromiso con la transparencia, la investigación y un periodismo que impulsa la justicia social. Su defensa de los valores de libertad e igualdad, especialmente reflejada en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, lo convierte en una persona destacada en este ámbito. En la modalidad de comunicación, hemos premiado a Lalachus, por su capacidad de llegar a audiencias jóvenes y diversas mediante el humor, las redes sociales y los medios tradicionales. Ha logrado convertir su contenido digital en una presencia destacada en televisión y radio, con una voz cercana y reconocible para la juventud. Su labor contribuye a reducir estigmas, promover la autoestima y visibilizar las problemáticas de colectivos muy vulnerables.
En cuanto a la modalidad de institución pública, cada año reconocemos a cuatro entidades locales comprometidas con la transparencia y la mejora continua de los servicios sociales. En esta edición han sido la Diputación Provincial de Soria y los ayuntamientos de Bilbao, Jerez de la Frontera y San Cristóbal de La Laguna. Todos ellos han evaluado sus servicios y aplicado el Índice DEC como herramienta de mejora.
¿Por qué cree que es importante seguir su ejemplo?
Vivimos en una sociedad donde la violencia es noticia y donde los menores, que tienen un derecho inalienable a ser protegidos por los Estados, se ven afectados por enfrentamientos políticos y por discursos de odio y xenofobia. Seguimos teniendo listas de espera para que los menores puedan vivir en acogimiento familiar o ser adoptados, en lugar de permanecer en centros. También aumentan los casos de violencia y acoso. En este contexto, hemos querido reconocer a personas e instituciones que, desde su compromiso personal, trabajan cada día para defender los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestro país.
El lema del congreso fue "El derecho a los servicios sociales de la infancia y la adolescencia". ¿Cuáles son los obstáculos más urgentes para que ese derecho se convierta en una realidad práctica en España?
En España, 20 millones de personas —el 42% de la población— viven en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. Regiones como Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid obtienen esta calificación. Los datos muestran un escaso desarrollo y evolución de los servicios sociales, lo que impide que muchas personas puedan vivir dignamente cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Además, existen enormes desigualdades territoriales: no es lo mismo tener dificultades en Navarra, Castilla y León o Euskadi que en Murcia, Cantabria o Madrid.
Los servicios sociales son una red que evita que los 11 millones de personas pobres que hay en España caigan en la exclusión social
Nosotros defendemos que los servicios sociales son una red que evita que los 11 millones de personas pobres que hay en España caigan en la exclusión social. Y, en este congreso, nos centramos especialmente en la situación de la infancia, que es el grupo más vulnerable dentro de la vulnerabilidad. En este contexto, estamos trabajando en estrategias de futuro: desinstitucionalización, buenas prácticas de atención, y el desarrollo de un modelo comunitario local para prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia, con equipos familiares que atiendan a las personas vulnerables. También queremos poner el foco en los menores que migran solos y analizar los sistemas de protección en las ciudades de acogida. Además, estamos revisando el desarrollo de la ley LOPIVI, que introduce nuevas prestaciones para la infancia.
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Como menciona, los menores que migran solos también es un tema central del congreso. ¿Qué debe cambiar?
Tenemos que entender que no existen "derechos de los niños" distintos de los derechos humanos: los derechos humanos son los derechos de los niños. Y debemos garantizarlos en nuestro país para que los niños y niñas, especialmente los más vulnerables, tengan calidad de vida, una atención digna y, cuando lleguen a la mayoría de edad, puedan integrarse en la sociedad. Esa integración les permitirá acceder a un empleo, generar riqueza y contribuir a una sociedad más justa y con más humanidad. También necesitamos que esas personas puedan ocupar trabajos esenciales, como los cuidados, un sector donde faltan profesionales. Por eso es necesario pedir a las administraciones públicas que eliminen trabas y procedimientos burocráticos que dificultan la integración de quienes llegan a nuestras ciudades y pueblos. Facilitar su incorporación al mercado laboral y su integración social es fundamental para mejorar la cohesión social en España.
Ha hecho referencia al Índice DEC donde se señala que "más de 20 millones de personas viven con servicios sociales 'débiles o irrelevantes'". ¿Cómo se traduce esa cifra en la vida de profesionales y usuarios?
Los profesionales de los servicios sociales viven en un estrés y una frustración constantes por las dificultades para realizar su labor. No es lo mismo trabajar en Navarra, donde hay un profesional de servicios sociales comunitarios por cada 500 habitantes y es posible hacer una intervención social adecuada, que hacerlo en Canarias, donde cada profesional atiende a 2.973 personas, seis veces más. Tampoco es comparable la situación de Euskadi, donde las rentas mínimas de inserción llegan al 58% de las personas en pobreza, con la de Castilla-La Mancha, donde solo alcanzan al 0,35%. O el caso de las plazas residenciales públicas: en Castilla y León superan el 12%, mientras que en Murcia apenas llegan al 3,8%. En teleasistencia, Andalucía ofrece seis veces más que Canarias. Estos indicadores muestran que regiones como Murcia, Cantabria, Balears, País Valencià, Madrid o Galicia tienen servicios sociales débiles o irrelevantes, mientras que Castilla y León, Euskadi, Navarra, Castilla-La Mancha o Asturias presentan niveles medios o altos.
Murcia, Cantabria, Balears, País Valencià, Madrid o Galicia tienen servicios sociales débiles o irrelevantes
Debemos evitar esta desigualdad territorial y garantizar que todas las personas tengan acceso a los mismos recursos. También es necesario, como ya he adelantado en la pregunta anterior, reducir la burocracia, que muchas veces retrasa la llegada de prestaciones y servicios hasta el punto de que algunas personas caen en la exclusión social o incluso mueren sin recibir lo que les corresponde. En los primeros nueve meses del año, 25.000 personas murieron en listas de espera de dependencia sin haber recibido una prestación o servicio reconocido. Insistimos en la necesidad de simplificar los procedimientos y aumentar la inversión. Solo el 10% del presupuesto de las administraciones se destina a servicios sociales, y apenas el 1,7% del PIB se dedica al sistema público. Tenemos que llegar al 2% del PIB para atender adecuadamente las necesidades sociales y garantizar la convivencia y la dignidad de las personas más vulnerables de nuestro país.
Entonces, las desigualdades territoriales podrían ser el principal freno al sistema público de servicios sociales. ¿O hay otros factores de peso que están pasando desapercibidos?
Efectivamente. También creo que los servicios sociales deben tener capacidad de prescripción social facultativa. Es decir, que no todo dependa de procedimientos administrativos, sino que los profesionales —especialmente el personal de trabajo social de ayuntamientos y diputaciones— puedan prescribir recursos y prestaciones para atender necesidades urgentes y evitar sufrimiento. El sufrimiento no tiene un indicador: no sabemos si sufre más una persona en situación de dependencia que muere sin atención en su casa o una madre que no tiene nada que poner en el pan de su hijo antes de ir al colegio. Y, además, los trabajadores sociales no tenemos pastillas para el sufrimiento; no podemos aliviarlo con un gesto técnico inmediato. Lo que sí podemos hacer es usar las herramientas que ya existen. Si se elimina la burocracia y se agilizan los procedimientos, podremos atender a las personas de forma urgente y adecuada.
No sabemos si sufre más una persona dependiente que muere sin atención o una madre que no tiene nada que poner en el pan de su hijo
En febrero de 2025, advirtieron de que la reforma de la ley de dependencia se planteaba sin garantías reales de financiación. ¿Sigue pensando lo mismo? Y ¿qué mínimos exigiría para considerar que esa reforma puede cumplir sus objetivos?
Cuando hablamos de la ley de dependencia y de su reforma, nos referíamos a cuestiones en las que todos estábamos de acuerdo: aumentar el número de prestaciones y servicios, mejorar su intensidad y hacer compatibles unas prestaciones con otras. Todo esto era fundamental para reforzar unos servicios que deberían ser una prioridad absoluta. Pero hoy tenemos 285.000 personas en lista de espera. En España fallecen 93 personas al día sin haber recibido la prestación o servicio al que tenían derecho. Y el tiempo de espera no se ha reducido: ha aumentado hasta casi 350 días.
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Por eso, cuando se planteaba mejorar la ley de dependencia, nosotros insistíamos en que, como en todo, obras son amores y no buenas razones: hay que invertir más. Durante los tres primeros años del Plan de Choque se invirtieron casi 4.000 millones de euros, recuperando los recortes del decreto de julio de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero al no haber presupuestos generales del Estado en 2024 ni en 2025, ese incremento anual de 600 millones de euros previsto para la ley se ha paralizado. Esto ha frenado el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Es cierto que se destinan 12.900 millones de euros a la ley de dependencia, pero la inversión por habitante varía enormemente.
Falta transparencia. Hay comunidades que no registran las solicitudes hasta que las valoran. Por eso, no sabemos cuántas personas esperan
En Murcia, Canarias y Galicia está en torno a 203, 214 y 158 euros por habitante, muy por debajo de la media española (268 euros). En cambio, en Euskadi y Extremadura alcanzan los 432 y 399 euros. Estas desigualdades hacen que algunas comunidades cumplan la ley —como Euskadi o Castilla y León— y otras tengan listas de espera inmensas y no la cumplan, especialmente Andalucía, Canarias y Murcia, donde la espera se acerca a los 450 días. Además, falta transparencia. Algunas comunidades no registran las solicitudes hasta que las valoran, así que no sabemos realmente cuántas personas están esperando ni cuánto tiempo esperan. Tampoco se publican los datos del dinero que recaudan las comunidades mediante el copago, por ejemplo, cuando una persona en una residencia entrega el 75% de su pensión. Esta opacidad, tanto del Ministerio de Derechos Sociales como de las comunidades autónomas, hace cada vez más difícil comparar datos y evaluar el desarrollo real de la ley de dependencia en España.
Hay comunidades que han recortado su presupuesto en dependencia. Si el Ministerio lo sube pero las comunidades lo reducen parece que se mantiene igual. ¿Podría ser esta una posible explicación?
En 2024, que es el último dato oficial, el Ejecutivo central no solo no ha aportado proporcionalmente más dinero, sino que ha reducido su financiación de la ley de dependencia: aporta un 27% menos y se queda en torno al 1,5% del total. Eso es lo que no encaja. No puede ser que el Gobierno, a través del ministro, anuncie que va a mejorar prestaciones y servicios, que los va a hacer compatibles, que va a aumentar la intensidad de la ayuda a domicilio o la cuantía de las prestaciones económicas y, al mismo tiempo, la memoria económica del anteproyecto de reforma de la ley de dependencia sea de cero euros.
El ministro ha generado una falsa expectativa en los profesionales —que sufrirán una frustración añadida— y también en las personas usuarias y sus familias. Especialmente en las 285.000 personas que están en lista de espera, a las que se les está hablando de mejoras que no se corresponden con la realidad. A nosotros esto nos parece un ejemplo de crueldad institucional. Cuando un ministro hace un anuncio que no va acompañado de una ley realmente financiada —primero, por falta de presupuesto, y segundo, por la escasa capacidad real de que esa ley llegue a aprobarse—, está generando una ilusión que no se puede cumplir. Nos parece bien que haya una propuesta, pero nos parece muy mal que tenga cero euros en su memoria económica.
Hace no mucho el Gobierno aprobó un decreto ley con 500 millones de euros para financiar la atención a las personas con ELA y reforzar el sistema de la dependencia.
Los 500 millones de euros que se han aprobado para el sistema de dependencia están destinados a una nueva prestación: el grado III+. Es un decreto dirigido exclusivamente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), demencias, otros problemas neurológicos graves y personas en cuidados paliativos. Tendrán prestaciones con cuantías adecuadas para atender sus necesidades, algo que compartimos totalmente. Pero, además de esos 500 millones que aporta la administración, las comunidades autónomas tienen que poner otros 500 millones. Y esta financiación va dirigida a un grupo de población que no forma parte de las 285.000 personas que están en lista de espera. Es decir, la mayoría de quienes tienen un grado III+ no están incluidos en esa lista, porque son personas con una situación muy compleja, que suelen recibir atención más rápidamente.
Hay muchas personas con necesidades extremas que quedan fuera de esos 500 millones de euros que aprobó el Gobierno
Por eso decimos que está bien mejorar las prestaciones para las personas con ELA —que tienen un sufrimiento añadido y deben recibir la mejor atención posible—, pero también hay otras muchas personas con necesidades extremas que quedan fuera de esos 500 millones: familias con hijos con autismo, personas con alzhéimer avanzado, o situaciones muy graves de dependencia que no entran en esta medida. Además, esta información, mal explicada, genera confusión. Y, como siempre, está por ver si todo esto llega a tiempo, porque ahora hay que poner en marcha los procedimientos y la burocracia suele retrasarlo todo. Habrá que preguntar cómo van a regular el Ministerio y las comunidades autónomas esta nueva prestación y, sobre todo, cuándo va a entrar realmente en vigor.
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Otros de los retos que están sobre la mesa son el modelo de atención domiciliaria, la teleasistencia, la atención personalizada… ¿Qué medidas propondría para acelerarlos?
Aunque muchos indicadores de cobertura de los servicios sociales han mejorado, preocupa mucho el escaso desarrollo de la ayuda a domicilio dentro de la estrategia de desinstitucionalización de Derechos Sociales. La intensidad media de este servicio en el catálogo de la dependencia es de solo 36 horas al mes, totalmente insuficiente para una persona que necesita apoyos continuados para realizar sus actividades básicas diarias. La teleasistencia es el único servicio que muestra cierta evolución en los últimos 13 años, pero solo llega al 11,1% de las personas mayores de 65 años. El Plan de Choque estableció como objetivo que la teleasistencia fuera un derecho subjetivo para todas las personas dependientes que viven en su domicilio, pero en 2024 todavía había 700.000 personas en esta situación sin acceso a este servicio. Es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo. Hay comunidades en las que el desarrollo de la ley de dependencia es prácticamente nulo. En Canarias, por ejemplo, la cobertura para personas mayores de 75 años es del 5%, una cifra insignificante.
Hay comunidades en las que el desarrollo de la ley de dependencia es nulo. En Canarias, la cobertura para mayores de 75 años es del 5%
De cara al futuro —y esto es algo en lo que trabajo como profesor en la Universidad de Málaga—, nuestro objetivo es combinar robótica y domótica para ampliar la atención domiciliaria y las intervenciones sociales, permitiendo que las personas en situación de dependencia no mueran rodeadas de "batas blancas", sino que puedan finalizar su proyecto vital en su propio entorno, en su casa, en su habitación. Si logramos desarrollar una ayuda a domicilio más intensa y aplicar la teleasistencia avanzada incorporando domótica y robótica, podremos imaginar un futuro en el que las personas mayores y dependientes puedan terminar su vida en su entorno, que es donde quieren estar.
En el sector de los servicios sociales también existen tensiones entre el enfoque público y las fórmulas de colaboración público-privada, concertación… ¿hasta dónde puede este modelo suponer una oportunidad y cuándo podría percibirse como un riesgo?
La asociación lleva 31 años defendiendo un sistema público de protección social basado en los derechos de ciudadanía. Esto implica que el acceso, la prescripción, la valoración, la inspección y el seguimiento de los servicios deben ser públicos. Para garantizarlo, es fundamental reforzar el papel de los profesionales que ejercen autoridad administrativa y controlan los recursos públicos. Aunque vivimos en un sistema mixto y necesitamos la provisión de servicios por parte de entidades privadas, siempre hemos defendido que lo ideal son entidades privadas sin ánimo de lucro, y que incluso las entidades con ánimo de lucro estén bajo el control, seguimiento e inspección del sistema público y sus profesionales. Creemos que, en el futuro, hay que blindar el sistema público de servicios sociales, sin que esto impida que algunas prestaciones puedan ser ofrecidas por la iniciativa privada. Para nosotros, lo fundamental es que el ejercicio del servicio público sea perfecto y garantice derechos.
Desde AEDYGSS se habla de los servicios sociales como "el cuarto pilar del Estado de bienestar". ¿Cómo se visualiza ese pilar en los próximos cinco años si no se corrigen las debilidades que menciona?
El cuarto pilar del Estado del bienestar son los servicios sociales, no la dependencia. Todas las personas usuarias de dependencia son usuarias de servicios sociales, pero no todos los usuarios de servicios sociales están en situación de dependencia. Por eso, el verdadero cuarto pilar es el sistema de servicios sociales. Creemos que este sistema es la mejor vacuna y la mejor red para garantizar la cohesión social en nuestro país. En una sociedad que muchas veces actúa sin alma, los servicios sociales son el apoyo esencial para las personas más vulnerables: los 1,7 millones de personas en situación de dependencia, los 11 millones que viven bajo el umbral de la pobreza y quienes se encuentran en situaciones de precariedad.
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Los servicios sociales acompañan, protegen y evitan que las personas caigan en la exclusión social
Los servicios sociales acompañan, protegen y evitan que las personas caigan en la exclusión social. Y si alguien ya ha caído, permiten un ascensor social para reintegrarse y participar de manera positiva en la convivencia social. Si no se potencia este sistema, la sociedad no creerá en la justicia social, y la desigualdad entre ricos y pobres aumentará, reduciendo la cohesión social y la felicidad colectiva. Confiamos en que los gobernantes entiendan que no podemos permitir que la desigualdad siga creciendo. El acceso a los recursos sociales debe llegar a quienes más lo necesitan, garantizando que todos tengan lo necesario para subsistir y convivir en armonía en una sociedad justa y solidaria.
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