La eterna lucha contra el Pla de Ponent, el gran proyecto urbanístico del Baix Llobregat

Después de un largo período de parálisis, hace apenas dos años las obras se reactivaron en el barrio de Can Ribes, en Gavà, uno de los cuatro contemplados en el Pla de Ponent, uno de los proyectos urbanísticos más voluminosos que hay en marcha en el área metropolitana de Barcelona. Con una historia que abarca ya tres décadas, el Pla de Ponent plantea la construcción de casi 5.000 viviendas –4.896–, el 40% de las cuales –1.958– de protección oficial, y supone actuar en una zona de unas 200 hectáreas comprendida entre Gavà –municipio al que pertenece– y Castelldefels, al sur del Baix Llobregat. La ciudad tiene una población de 47.000 habitantes y el planeamiento urbanístico permitiría aumentarla con unos 12.000 residentes más.

Desde el inicio, el proyecto ha contado con el rechazo de movimientos sociales, ecologistas y vecinales, que actualmente se articulan a través de la asociación Salvem el Calamot – Aturem el Pla de Ponent, mientras que el gobierno municipal –en manos del PSC desde 1979– hace una defensa firme del mismo. Ambas visiones están absolutamente contrapuestas y, al fin y al cabo, representan dos modelos de ciudad divergentes.

Para la entidad ciudadana el plan está absolutamente "injustificado" en un contexto de emergencia climática, aparte de ser "desproporcionado" y comportar efectos muy graves en el medio natural. De hecho, reclama su paralización y argumenta que incumple varias normativas. Para la administración local, encabezada por la alcaldesa Gemma Badia –que en julio relevó a la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez–, es "más necesario que nunca" y constituye una "oportunidad única de recuperar el espacio natural y preservarlo para el disfrute, permitiendo dar las respuestas necesarias para satisfacer las necesidades futuras de viviendas".

Salvem el Calamot defiende que la movilización popular ha contribuido a que hasta ahora apenas se hayan terminado 143 viviendas en Can Ribes y estén en marcha los trabajos para terminar otras 136 en la misma zona –las dos promociones son de protección oficial–, que se sitúa junto al actual continuo urbano del municipio. Sin embargo, el consistorio no se plantea en ningún caso la paralización.

La segunda teniente de alcaldía y responsable de las áreas de Urbanismo, Vivienda, Obras y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gavà, Rosa Maria Fernández, subraya que es un "plan que está aprobado y está vigente y, por lo tanto, no es viable legalmente anularlo, aunque se pueden adaptar algunas cosas". La responsable política añade que se trata de un "sector urbanístico en el que ya se preveía un crecimiento en [el Plan General Metropolitano, PGM, de] 1976, y lo modificamos para que fuera mejor, para garantizar que el 85% del suelo no fuera residencial y, por lo tanto, no se pudiera construir en cualquier sitio, y para protegerlo y pasarlo de manos privadas a manos públicas".

Cifras propias de la burbuja

Tras la aprobación del PGM de 1976, la intención de urbanizar esta zona entre Gavà y Castelldefels, que fundamentalmente comprende el Turó [colina] del Calamot, la riera de Canyars y el Pla de Queralt, comienza a ganar fuerza a finales de los años 80 del siglo pasado y en 1993 ya se presentó el Pla de Ponent. Sin embargo, el macroproyecto urbanístico no recibiría la luz verde hasta el 2006, ya hacia el final de la época de una burbuja inmobiliaria que estallaría a continuación y provocaría su paralización durante años. De hecho, las primeras obras no arrancarían hasta el 2014, ocho años más tarde de la aprobación del plan.

Sin cambios sustanciales desde entonces, las cifras siguen siendo de vértigo y más propias de la época de la fiebre del ladrillo: un tope de 4.896 viviendas, el 40% de ellas públicas, 20 nuevos equipamientos –entre ellos, el tercer Centro de Atención Primaria de la ciudad–, construcción de cuatro nuevos barrios –Canyars Nord, Canyars Sud y Ca N'Horta, además del ya iniciado de Can Ribes–, creación de cinco nuevos parques –urbanos, forestales y de ribera– y nuevas estaciones de transporte público. Y todo ello con una inversión que se calcula en 1.000 millones, financiada con recursos públicos y privados. Actualmente, el principal promotor es el fondo Kronos Holmes –creado en Londres–, que controla buena parte de unos terrenos que previamente habían pasado por manos de la promotora catalana Vértix y, posteriormente, por la Sareb o banco malo.

Según la retórica municipal, el proyecto acumula virtudes. En el documento oficial que lo resume se puede leer que "Ponent es el espacio de crecimiento propio de Gavà, el más idóneo para generar nueva vivienda, nuevos equipamientos y nuevos parques integrados en el entorno (...) Sólo se construye allí donde el hombre ya había transformado la naturaleza, sólo se ocupan los espacios necesarios para conseguir la dotación de viviendas, equipamientos y servicios que Gavà requiere. Y los edificios se sitúan junto a la ciudad existente y al nuevo eje cívico de la C-245".

Impacto ambiental

A pesar de aprobarse en una época en la que las normativas medioambientales eran menos exigentes –la Ley catalana del cambio climático, por ejemplo, se aprobó en 2017–, también se asegura que "Ponent cumple con los requerimientos medioambientales que los tiempos actuales piden. Ya fue pionero en la aplicación de criterios medioambientales y tiene detrás una visión eminentemente sostenible". Pero lo que no hay es una fecha concreta de cuándo podría completarse. Rosa Maria Fernández comenta que "en urbanismo es difícil plantear plazos, porque hay muchos factores. Es una previsión de crecimiento de la ciudad a largo plazo, a 15-20 años o más", que se irá ajustando "a las necesidades".

Hace pocas semanas, Salvem el Calamot presentó en el Ayuntamiento de Gavà una petición de nulidad del proyecto urbanístico, con el argumento de que vulnera diversas normativas, fundamentalmente medioambientales. Si el consistorio no atiende a la petición, el próximo paso de la entidad sería recurrir a la vía judicial para intentar detener el Pla de Ponent. Entre otras cuestiones, la asociación expone que el planeamiento vulnera el deber legal de preservar terrenos con valores naturales, forestales, paisajísticos o de conectividad natural, aparte de infringir la prohibición de urbanizar bosques y espacios forestales.

Uno de los puntos en los que más pone el foco la asociación, que reúne a colectivos vecinales y ecologistas, es que el espacio donde se ubica el Pla de Ponent constituye el "último conector biológico entre el macizo del Garraf y el delta del Llobregat", por lo que ejecutarlo le provocaría graves años. El consistorio, en cambio, asegura que con el proyecto se mantienen "las funciones básicas de conector natural", aparte de "asegurar y potenciar los espacios de ribera y garantizar los valores paisajísticos". Además, según Ecologistas en Acción, la ejecución del proyecto supondría la emisión de al menos 500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, una factura difícilmente justificable en época de emergencia climática. Un mayor número de habitantes también generaría más movilidad y, obviamente, más contaminación en la zona.

El biólogo Jaume Grau, portavoz de Ecologistas en Acción en el Baix Llobregat y miembro de Salvem el Calamot, subraya en declaraciones a Público que "hay un consenso muy amplio entre los expertos en ecología y conservación de la biodiversidad que la urbanización, si bien es cierto que no arrasa el 100% de la superficie [las 200 hectáreas que incluye la zona] sí que generaría una grave afectación para la conectividad biológica de muchas especies de fauna, ya que puede comportar una transformación del 40% del espacio, debido a la construcción de las viviendas, los equipamientos, los viales u otras infraestructuras".

La oposición al proyecto también asegura que conllevará la destrucción de 12.400 árboles, algunos de ellos de un elevado valor ecológico como robles centenarios, mientras que el consistorio pone el acento en el que se plantarán 3.000 árboles nuevos y se trasplantarán 650 más. Además, Salvem el Calamot tampoco acepta el relato de que la creación de parques urbanos suponga la "recuperación" de un espacio natural.

La asociación denuncia la falta de diálogo

La asociación entiende la necesidad de ampliar el parque de vivienda asequible de Gavà que, como el resto de municipios metropolitanos tiene serias dificultades para garantizar el acceso a un piso a un precio asequible, pero niega que la única opción para hacer-lo sea justamente construyendo en el espacio comprendido entre la riera de Canyars y el turó del Calamot. "No es cierto que sea imprescindible [construir allí] para evitar que los jóvenes se vayan de Gavà. Han pasado 16 años [desde que se aprobó el plan de Ponent] y no se han ido más que antes", comenta Jaume Grau, que añade que hay alternativas, como "facilitar que los pisos vacíos salgan al mercado o construir vivienda en el sector de la [fábrica] Roca. Es mucho más lógico transformar un sector industrial en desuso que uno natural".

La teniente de alcaldía Rosa Maria Fernández responde que en Roca "ya se contempla vivienda", a través de un planeamiento urbanístico que conlleva la construcción de 400 pisos –la mitad de protección oficial–, aparte de proyectos industriales de la compañía de sanitarios, que mantendrá parte de la actividad productiva. Sin embargo, en su opinión, este proyecto no es suficiente para dar respuesta a las futuras necesidades residenciales de la ciudad.

Con la certeza de que el Plan de Ponent genera un rechazo constante entre al menos una parte de la ciudadanía de Gavà, el Ayuntamiento asegura que "hemos extendido la mano y cuando hemos salido a hablar con los vecinos todo el mundo lo ha acogido muy bien. Muchos nos pedían que era necesario crear vivienda en la ciudad y nosotros lo que intentamos es trabajar para mejorarlo y para que este pulmón se conserve para todos", en palabras de Fernández.

Jaume Grau, sin embargo, no comparte esta visión y, de hecho, Salvem el Calamot ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de diálogo que, a su entender, ha tenido el gobierno local. "Los tres alcaldes anteriores [Dídac Pestaña, Joaquim Balsera y la ahora ministra Raquel Sánchez] no tuvieron ninguna voluntad de negociar, con la nueva alcaldesa [Gemma Badia] nos reunimos en septiembre y la primera impresión que nos dio es que cambiaría la tendencia y quería ser más transparente, pero desde entonces no hemos sabido nada más. La estrategia del gobierno es la de siempre: negar las evidencias del impacto ambiental del proyecto y centrarse en repetir su versión".

El biólogo y activista considera que el Pla de Ponent es un caso paradigmático de planeamiento "hijo de la época de la burbuja, con la lógica de crecimiento urbano sin límites". Para él, "cuesta entender cómo puede haber ese inmovilismo en el equipo de gobierno, que todavía es víctima de un pensamiento desarrollista de finales del siglo XX o principios del XXI, más que de un momento de emergencia climática".

Aunque tienen pocas esperanzas de que el consistorio atienda su petición de nulidad, está claro que Salvem el Calamot continuará movilizándose contra el Pla de Ponent. "Llevamos más de 30 años de protesta y pensamos que la lucha sirve para cargarnos de argumentos y razones y para generar un debate entre los vecinos sobre el modelo de ciudad que queremos". Seguro que en aquel lejano 1993 en que se presentó la primera versión del proyecto pocos podrían pensar que tres décadas más tarde apenas se habrían acabado 143 viviendas y que buena parte del espacio seguiría sin urbanizar.