Fue uno de los momentos álgidos de la política europea en julio: el acuerdo in extremis en Bruselas sobre el fondo de reconstrucción. Si el verano estuvo marcado por este pacto para que la Unión Europea destine 390 mil millones de ayudas y 360 mil millones de préstamos para paliar la crisis del covid-19, ahora se debe concretar cómo se reparte este dinero, que empezará a llegar a las arcas de los países a partir de principios del año que viene. Además, los dirigentes europeos discutirán en otoño otro aspecto esencial del fondo de reconstrucción: ¿cómo obtendrán los recursos para devolver esta deuda europea?

Para financiar los 750 millones del fondo, la Comisión Europea se ha propuesto dotarse de recursos propios. La creación de estos nuevos impuestos europeos fue uno de los temas principales de la reunión informal de los ministros de Economía europeos del 11 y 12 de septiembre en Berlín. "Debemos vincular las políticas a los fondos de la UE para abrir un nuevo camino (…) para contribuir a invertir la lógica de la justa devolución", indicaba el documento del ministro alemán para esta reunión, en la que también se examinó el problema del fraude fiscal en el Viejo Continente. Conscientes de que la recesión disparará los déficits públicos, los ejecutivos buscan la manera de equilibrar la balanza fiscal.

La capacidad de las instituciones europeas de recaudar sus propios impuestos no hizo más que deteriorarse en los últimos años. Los derechos de aduanas y una parte del IVA cobrado directamente por Bruselas solo representan un 28% del presupuesto de la UE. Para compensarlo —y financiar los nuevos fondos para la reconstrucción—, los dirigentes desean la creación de unos nuevos impuestos especiales europeos, como una tasa sobre los plásticos no reutilizables u otra sobre las emisiones de CO2 en las fronteras del Viejo Continente. También están sobre la mesa un tributo especial para las transacciones financieras y otro sobre los gigantes de Internet, aunque estas medidas generan fuertes discrepancias entre los países miembros.

En cambio, se descarta crear un impuesto europeo sobre los grandes patrimonios o el conjunto de las multinacionales. Aunque la pandemia ha acentuado aún más las desigualdades, no parece una prioridad para los gobernantes apostar por una reforma progresiva de la fiscalidad. Y así acabar con décadas de dominio de las tesis neoliberales que favorecieron una regresividad de la presión fiscal sobre las grandes fortunas y que países como Holanda, Irlanda o Luxemburgo se convirtieran en campeones del dumping fiscal.

Incremento de las desigualdades con la pandemia

"Se habla mucho del plan de reconstrucción europeo, pero aún no se ha precisado cómo se financiará", lamenta Lucas Chancel, profesor en la Paris School of Economics. Este prestigioso economista recuerda cómo se han acentuado con la crisis del covid-19 las diferencias de ingresos entre los más pobres y los más ricos. Lo que urge a acabar con los privilegios de numerosas multinacionales. "Cuando alguien se toma un café en un bar cualquiera, este pagará un 25% de impuestos. Pero si lo hace en un Starbucks, este prácticamente solo dejará un 0% en las arcas públicas", añade Chancel, que codirige junto con Thomas Piketty y Gabriel Zucman el Laboratorio sobre las desigualdades mundiales.

Según un informe reciente de Oxfam, 32 de las empresas más poderosas en el planeta "aumentaron sus beneficios en 109 mil millones de dólares durante la pandemia" en comparación con la media los años precedentes. Para compensarlo, la ONG propone la creación de "un impuesto sobre los beneficios excepcionales", "necesario para responder al incremento de las desigualdades económicas, raciales y de género generadas por la pandemia".

Sin embargo, ¿por qué los dirigentes europeos no apuestan por aumentar la fiscalidad sobre las multinacionales? ¿Por qué se muestran reacios a la adopción de este corona-impuesto sobre las grandes fortunas? "En Europa siguen predominando las doctrinas neoliberales, que defienden que no se pueden aumentar los impuestos a los más ricos", recuerda Henri Sterdyniak, economista de la Oficina Francesa de Coyunturas Económicas (OFCE) y miembro del colectivo de los Économistes Atterrés.

Con la crisis sanitaria, que reflejó los estragos de recortar lo público, algunos países se pusieron las pilas en equilibrar su balanza fiscal. Dinamarca prepara, por ejemplo, un impuesto especial a los bancos y las grandes fortunas para financiar las jubilaciones anticipadas de aquellos que ejercen las profesiones más duras. Pero este no es el ejemplo seguido por la mayoría de países. El gobierno francés anunció el 3 de septiembre un plan de reconstrucción de la economía gala fundamentado en una disminución de 20 mil millones de impuestos a las empresas. Una rebaja fiscal basada en la política de la oferta y los regalos fiscales a los más ricos por los que apuesta el presidente Emmanuel Macron.

El voto por unanimidad en la UE, el gran obstáculo de la reforma fiscal progresiva

Entre los nuevos impuestos, la creación de una tasa especial a los gigantes de internet obligaría a contribuir a estas multinacionales que se substraen de sus obligaciones con el erario público. No obstante, estos grupos tecnológicos "solo representan un 5% de las grandes empresas que evaden impuestos en el Viejo Continente", sostiene Chancel. "No necesitamos un impuesto europeo a los GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), sino a todas las multinacionales", añade.

Además, los dirigentes europeos ya discutieron la aplicación de esta tasa a principios de 2019, pero al final la descartaron a la espera de encontrar un acuerdo con Estados Unidos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Unas negociaciones ahora paralizadas por la voluntad del mismo Donald Trump. "Deberemos esperar a las presidenciales norteamericanas y que Trump no salga reelegido", pronostica Sterdyniak, quien duda de que los gobiernos tengan el coraje necesario para impulsar esta tasa a los GAFAM.

Otro obstáculo al aumento de los impuestos a los más ricos en Europa: el hecho de que las políticas fiscales deben ser votadas por unanimidad en el Consejo Europeo por los 28 países miembros. Esto favorece que países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta, cuyo modelo se basa en el dumping fiscal, actúen como una minoría de bloqueo. Impiden cualquier reforma profunda para combatir el fraude y la falta de progresividad en el pago de impuestos. 

"La regla de la unanimidad en materia fiscal representa el principal problema", afirma Chancel, quien recuerda que para cambiarla "también hace falta unanimidad entre todos los gobiernos". Por este motivo, este especialista en las desigualdades económicas propone que "algunos países como Francia, España, Italia o incluso Alemania decidan actuar más deprisa y cooperen para crear un impuesto conjunto sobre los beneficios de las multinacionales". Estos proyectos de mayor cooperación entre países europeos resultan posibles bajo los actuales tratados de la UE, pero no suelen llevarse a cabo ante el miedo de acentuar las divisiones.

Para acabar con el dumping fiscal (ergo fraude) en Holanda o Irlanda, "hace falta que haya gobiernos progresistas en Alemania, Francia o España que apuesten por establecer una nueva correlación de fuerzas con estos países y que les sometan a una mayor presión", sostiene Sterdyniak. Este economista keynesiano recuerda que en 1962 las autoridades francesas llegaron a someter a un bloqueo en las conexiones terrestres y marítimas de Mónaco para obligar al principado a cambiar sus reglas fiscales.

Holanda, Luxemburgo e Irlanda: verdaderos paraísos fiscales

Más que en islas paradisíacas perdidas en medio del océano, la mayor parte de la evasión fiscal en Europa se produce a través de otros países comunitarios. Según un estudio del economista francés Gabriel Zucman —un aventajado discípulo de Piketty—, las empresas francesas defraudan 12.235 millones de euros del impuesto de sociedades. Y el 83% de este fraude tiene lugar a través de otros países de la UE. Una situación parecida se produce en España, donde el 85% de este fraude—por un total de 3.890 millones anuales— se efectúa mediante otros países comunitarios, sobre todo en Holanda (1.316 millones ) y Luxemburgo (968 millones).

Holanda, Irlanda o Luxemburgo han desarrollado agresivos mecanismos de dumping, pero esto no es suficiente para que las autoridades europeas los consideren paraísos fiscales. Una anomalía que dificulta la lucha contra el fraude. Tras el estallido de la crisis sanitaria y el anuncio de medidas astronómicas para mantener la economía a flote, los gobiernos de Polonia, Francia, Bélgica o el regional de Escocia anunciaron que no darían ayudas públicas del covid-19 a los grupos implantados en paraísos fiscales. Aparentemente de buena fe, estas medidas "tienen sobre todo un valor simbólico", explica Vincent Vicard, economista en el Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones Internacionales (CEPII).

"Solo unas pocas empresas se ven afectadas por esta denegación de ayudas. Las podremos contar con los dedos de las manos", lamenta Eric Vernier, investigador en el IFRI. Según este experto en el blanqueo de capitales, el impacto probablemente escaso de estas medidas muestra "la dificultad de determinar qué es un paraíso fiscal". Los ejecutivos se basan en la polémica lista negra de la UE, de solo 13 países: las Bahamas, Botsuana, Brunéi, Guatemala, las islas Marshall, las Vírgenes, la isla de Anguila, Nauru, Niue, Panamá y las Seychelles. Entre ellos no aparece ninguno de los países europeos —Holanda, Irlanda…— donde tiene lugar la mayor parte de la evasión en el Viejo Continente.

El fondo de reconstrucción europeo y su financiamiento han puesto en el centro del debate la necesidad de equilibrar la balanza fiscal. Pero la falta de voluntad política y las insuficiencias de las herramientas para combatir el fraude lo dificultan. "Todos los países salen perdiendo con el modelo actual. Si no resolvemos los actuales desequilibrios, el problema de la justicia acentuará aún más las fracturas en el seno de la UE", advierte Chancel.