Expertos y organizaciones se unen para llevar la supresión de patentes a la UE ante la falta de vacunas

La falta de vacunas contra la covid por la limitada capacidad de producción de las farmacéuticas es ya un gran problema a nivel mundial. Los países de rentas más altas han sufrido durante el primer trimestre del año retrasos respecto a los envíos acordados, pero la situación es realmente mucho más grave en las zonas más pobres del mundo. Países de renta baja o en conflicto no tienen ni siquiera capacidad de realizar contratos con las farmacéuticas para disponer de las vacunas. Se está produciendo así una vacunación a dos velocidades que está marcada por el dinero que tenga el país y no por la necesidad o afectación de la pandemia. Expertos y organizaciones sanitarias avisaron de este problema incluso antes de que se iniciara la campaña de inmunización aunque ahora cada día se hace más evidente.

Ante esto, cada vez más voces proponen la supresión de las patentes de las vacunas. Según el médico y experto en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios, Fernando Lamata, con esto se conseguiría que se pasara de producir de 12 a 60 millones al día, lo que haría falta para vacunar a la población mundial en ocho meses. Algo necesario, sobre todo, para el continente de África, tal y como muestran los datos de Our World in Data en el siguiente gráfico.

Este debate está en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero hasta ahora los países ricos han bloqueado la iniciativa de India y Sudáfrica para suspender temporalmente los derechos de propiedades intelectuales. Ante esto han surgido más propuestas como la Iniciativa Ciudadana Europea #Right2Cure. Expertos y organizaciones sanitarias se han unido para conseguir un millón de firmas en Europa y proponer un cambio legislativo concreto a la Comisión Europea.

En España ya se han conseguido 15.932 firmas y el comité que ha impulsado la iniciativa ha presentado públicamente la propuesta este martes en la Universidad Complutense para conseguir más apoyos. "Consideramos necesario asegurar que el acceso a los tratamientos y vacunas frente a la COVID-19 no se vean obstaculizados por monopolios que limiten la capacidad de producción mundial y eleven los precios de forma abusiva, como está sucediendo ahora", ha explicado Adrián Arias, uno de los portavoces del comité.

Son varias las organizaciones que forman el comité en España: desde los sindicatos CCOO y UGT hasta las organizaciones sanitarias Medicusmundi, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Asociación por el acceso a Medicamentos Justos, Plataforma de afectados por la Hepatitis C o Farmamundi. Estas organizaciones también tienen previstas más iniciativas como plantear mociones en los ayuntamientos para que se apoye la supresión de patentes. 

"Tras la supresión de patentes se tiene que forzar a transferir la tecnología. Se puede hacer porque se han producido con dinero público"

El doctor Fernando Lamata también forma parte del comité y ha sido una de las voces que más ha defendido en España la supresión de patentes para acelerar la producción de vacunas. "Es complejo pero posible porque es la única manera de desbloquear la limitación mundial", reconoce a Público. "La patente concede el monopolio a unas pocas empresas que deciden cuánto fabrican. Es por esto la primera medida necesaria", insiste.

Sin embargo, esto no sería suficiente y el siguiente paso sería que se "transfiera el conocimiento". Lamata señala que igual que AstraZeneca se lo dio a la Universidad de Oxford o Pfizer a BioNTech, se puede seguir transfiriendo el conocimiento y la tecnología. Según los cálculos del experto, esto puede tardar en torno a seis meses. "Se tendría que forzar a transmitir la tecnología para que en todo el mundo se puedan producir 60 millones vacunas diarias, lo necesario para vacunar a todo el mundo en ocho meses. Y se puede forzar a ello porque la tecnología de las vacunas se ha producido con dinero público", añade.

Teresa Rosario, otra de las portavoces del comité, ha recriminado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que "prometiera hacer de las vacunas un bien público universal" pero que "no haya promovido ninguna legislación que lo haga cumplir". "Ha hecho todo lo contrario hasta ahora. La Unión Europea necesita anteponer la salud pública a los beneficios privados. Con el objetivo de inmunizar cuanto antes a toda la población, evitando la aparición de variantes más agresivas y letales, es necesario que la UE no limite la administración de ninguna de las vacunas que hayan superado los preceptivos controles de la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha lamentado.

Hasta el momento las organizaciones internacionales sanitarias han reconocido la necesidad de que las vacunas sean un bien de acceso universal. La OMS ha apoyado todas las iniciativas e incluso creó un mecanismo voluntario para compartir la tecnología (C-TAP), pero a día de hoy no está funcionando. Por otro lado, la estrategia Covax, promovida también por la OMS junto a la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), y la Alianza Global para las Vacunas (Gavi), para suministrar vacunas a los países de rentas más bajas también se está demostrando que no es suficiente debido al acaparamiento de las vacunas de los países ricos.

Crecen las voces que apoyan la supresión de patentes

Organizaciones como las que forman la Iniciativa Ciudadana Europea u otras como Médicos Sin Fronteras o Salud Por Derecho llevan meses apoyando la supresión de patentes y lanzando campañas para conseguir que los distintos Gobiernos la apoyen. Los países de India y Sudáfrica fueron los que llevaron esta propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero los países ricos la rechazaron desde el principio. Entre los Gobierno que han descartado esto se encuentra España, tal y como avanzó Público por fuentes del Gobierno y después confirmó el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista con este medio.

Pero, según avanzan los meses, la necesidad de tener más capacidad de producción de vacunas es mayor y las voces que lo piden crecen. En España el presidente autonómico Ximo Puig lo ha puesto sobre la mesa. "Hay que abrir ya este debate" y buscar "bien la suspensión temporal de patentes para tratar o prevenir la covid o bien habilitar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica", expuso el presidente de la Generalitat valenciana la semana pasada. También Íñigo Errejón, líder de Más País, ha defendido esta medida este martes en el Congreso: "Instamos al Gobierno a que lidere en la Unión Europea que hay que liberar temporalmente las patentes para hacer la vacunación con más rapidez y eficacia", ha sostenido.

En Estados Unidos el debate ha llegado ya más lejos. El Gobierno de Donald Trump se oponía claramente a la supresión de patentes pero ahora la situación podría ser diferente con Joe Biden. Aunque se está aún muy lejos de un cambio grande, la CNBC publicó a finales de marzo que la Casa Blanca "evalúa levantar temporalmente las protecciones de propiedad intelectual sobre las vacunas y tratamientos Covid-19".

Un cambio de la posición de Estados Unidos así como de la Unión Europea sería fundamental para desbloquear el debate sobre la supresión de las patentes en la OMC. Fuentes diplomáticas dicen que se sigue trabajando y que aún quedan más reuniones. La OMC funciona por consenso, pero esta propuesta ha roto en dos al Consejo de los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC): 103 países apoyan la propuesta (59 de ellos son patrocinadores) y 36 la rechazan (entre ellos están los 27 de la UE). En el siguiente mapa elaborado por Médicos Sin Fronteras con datos de Third World Network, Knowledge Ecology International y de la OMC se puede conocer la posición de cada país.

Aunque no parece que se vaya a contar con Bruselas. "Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias", dijo en una rueda de prensa este martes el portavoz del Ejecutivo comunitario Balazs Ujvari. El portavoz insistía en el argumento europeo de que es mejor buscar acuerdos sobre licencias de explotación entre desarrolladores de vacunas y compañías farmacéuticas, según recoge Europa Press.

A mediados de abril será cuando se vuelva a reunir el Consejo de los ADPIC para debatir la propuesta de India y Sudáfrica. Tras esto, el Consejo tiene que presentar un informe a la Conferencia Ministerial, el órgano en el que se toman las decisiones y del que forman parte todos los miembros de la OMC. Un escenario que aún no se acaba de plantear es que se fuerce una votación porque las fuentes diplomáticas consultadas a lo largo de este proceso dicen que eso sería algo muy excepcional para la OMC. "Aún no se ve ese escenario. Se intentará llegar al consenso", insisten. ¿Cómo? Está en el aire. Los países de rentas más bajas luchan por el acceso a las vacunas, los ricos no parecen estar dispuestos en dar esta batalla a las farmacéuticas.