Familiares de jóvenes muertos en la mili denuncian la impunidad del Ejército: "El Estado miró hacia otro lado"

Narcís Robelló murió en Ceuta en 1980 mientras realizaba el servicio militar. Lo encontraron con un abrecartas clavado en el corazón. Tenía 20 años. Su familia se enteró por una llamada telefónica. Nadie estaba preparado para la noticia. Cuatro días antes, "Narcís había escrito cartas llenas de ilusión", explica su hermano, Francesc Robelló, en declaraciones a Público. "Hablaba del permiso que le habían concedido, de las ganas que tenía de volver a casa, de una radio que se había comprado". No hubo explicaciones. Ni informes claros. Ni una investigación exhaustiva. Solo silencio. "A mi hermano lo asesinaron", dice Francesc, que lleva años buscando explicaciones y que siempre se ha topado con un muro de silencio y obstáculos. 

El testimonio de Francesc Robelló es uno de los que recoge la segunda entrega del documental Et faran un home. Morts silenciades, emitido en el programa Sense ficció de 3Cat y dirigido por Mireia Prats y Joan Torrents. El caso de su hermano no es aislado. Forma parte de un patrón que afecta, según una investigación periodística, a cerca de 1.900 jóvenes muertos en extrañas circunstancias durante el servicio militar obligatorio en periodo democrático, entre los años 80 y 2001. El Ministerio de Defensa reconoce que hubo más de 300 suicidios en las fuerzas armadas. "El Estado tenía la obligación de protegerlos y miró hacia otro lado", lamenta Robelló. 

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El documental ha puesto rostro y voz a cuatro familias que, sin conocerse previamente, compartían una misma herida: la pérdida de un familiar durante la mili y la ausencia total de respuestas por parte del Estado. De ahí nace el Grupo de Apoyo de Familiares Víctimas de la Mili, una herramienta colectiva para dar salida a un dolor que, hasta ahora, había sido estrictamente individual. "Muchas familias nunca se han atrevido a explicar lo que les pasó. El grupo nace para que estos silencios tengan un espacio", explica Francesc Robelló, uno de los impulsores del grupo, que también quiere ser un buzón para todas aquellas familias que han pasado por lo mismo y que ahora quieren romper el silencio. 

Desde la emisión del documental, no han dejado de llegar mensajes al correo del grupo. Testimonios de familiares, amigos, antiguos compañeros, historias similares… Patrones que se repiten. "Muertes catalogadas como suicidios, accidentes o hechos fortuitos, sin autopsias rigurosas ni investigaciones independientes", explica Robelló. Agresiones físicas, abusos y maltratos psicológicos, torturas y violaciones que han estado ocultas durante más de tres décadas y que, gracias al trabajo de denuncia colectiva y del documental, han salido por primera vez a la luz. 

Muertes en periodo democrático 

Robelló subraya el periodo en el que se produjeron estas muertes. "No fueron durante el franquismo, ocurrieron en plena democracia, en años de paz, sin conflicto bélico", lamenta el testimonio, que denuncia que el Ejército seguía funcionando con la lógica hermética, autoritaria y opaca de la dictadura. "Hablar del ejército era tabú. Y todavía lo es", afirma. En el documental aparecen relatos de abusos graves, incluidas agresiones sexuales cometidas por mandos militares. Hechos que, lejos de ser investigados, fueron silenciados. 

Cuando los familiares intentaron acceder a los expedientes militares décadas después, el resultado fue el mismo que en los años 90: silencio o respuestas incongruentes. Ni siquiera con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia se ha facilitado el acceso a la documentación. "Mi padre empezó a investigar hace 45 años y recibió amenazas. Hoy nos encontramos exactamente el mismo muro", explica Robelló. Para las familias, la falta de investigación no es solo una negligencia, es una forma de violencia institucional. 

Estas muertes cuestionan directamente el relato oficial de la Transición española como un proceso modélico y ejemplar. Según Robelló, "no hubo una ruptura real con las estructuras del régimen, especialmente en ámbitos como el Ejército, la judicatura o los cuerpos policiales". "Los mismos militares que humillaban y mataban durante la dictadura siguieron mandando. No hubo una regeneración. Y hoy también sufrimos las consecuencias de esto", asegura. 

Por todo ello, los familiares de los jóvenes muertos durante el servicio militar reclaman al Ministerio de Defensa que investigue de manera real e independiente las muertes producidas en extrañas circunstancias, que abra los archivos y expedientes militares aún hoy ocultos y que reconozca públicamente que hubo abusos, negligencias y omisiones graves mientras los jóvenes estaban bajo custodia del Estado. También piden una reparación simbólica y disculpas oficiales por parte del Gobierno español e insisten en que, aunque muchos casos estén prescritos, el derecho a la verdad no prescribe y el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan. 

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A raíz del impacto del documental, varios grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya —CUP, Junts, Esquerra Republicana y Comuns— han impulsado una declaración institucional que incluye cinco puntos clave: investigación, reconocimiento de las víctimas, reparación simbólica, disculpas públicas y garantías de no repetición. Para las familias, es un paso importante, pero insuficiente, y señalan al Estado. "Queremos que se investigue, que el Estado reconozca que falló, que pida disculpas", explica Robelló. Aunque los delitos estén prescritos, "el derecho a la verdad no prescribe nunca". 

Hace un año, cuando se emitió la primera entrega del documental, ERC ya presentó una iniciativa para instar al Gobierno español a abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre los casos documentados de vejaciones, maltratos y acosos en cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990. El PSOE votó a favor, pero la iniciativa no prosperó por el 'no' de PP y Vox. Hasta entonces, el Ejecutivo español siempre había cerrado la puerta a esta investigación alegando que los hechos se habían producido en el pasado. 

Para muchos familiares, este proceso no es solo una búsqueda personal. Es una responsabilidad colectiva. "Explicar lo que pasó puede ayudar a construir una sociedad mejor", dice Robelló, especialmente ante la posibilidad de que, en algún momento, se vuelva a replantear el servicio militar obligatorio. "Si no rascamos las paredes dañadas, la pintura acabará cayendo", sentencia.  

El Grupo de Apoyo de Familias Víctimas de la Mili ha creado una dirección de correo electrónico (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testimonios de familias que perdieron a un familiar durante el servicio militar.