La Fiscalía denunciará la concesión de licencias del Castor por delito ambiental

CASTELLÓN.- La Fiscalía de Castellón denunciará los hechos "aparentemente delictivos" ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS por "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".

En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro de los cuales se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.

La Fiscalía acordó entonces incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos.

Según han informado hoy fuentes de la Fiscalía de Castellón, en un comunicado, una vez finalizados los trámites que se han llevado a cabo en la citada investigación, la Fiscalía General del Estado ha dado el visto bueno y se va a proceder a interponer la denuncia ante los juzgados de Vinaròs.

La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto.

Asimismo, se presentará denuncia contra la mercantil Escal UGS, la empresa en la que es socio mayoriario ACS que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos.

Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia por la Castor

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia, la mayoría de baja magnitud, en el entorno de la planta de extracción de gas. Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

A principios de octubre de 2013 la Fiscalía de Castellón inició de oficio la investigación para tratar de averiguar si existían responsabilidades penales en los hechos. Ahoram, tras las investigaciones, el Ministerio Público ha decidido denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.

Compensación para la empresa

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre pasado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.