La Fiscalía investiga una denuncia contra el obispo Munilla por "incitar a la discriminación del colectivo LGTBIQ+"
La plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío' lleva al Ministerio Público la defensa de las así llamadas terapias de conversión, prohibidas en España porque atentan contra los derechos humanos.
El Obispo Munilla afirma que "no ha recibido comunicación alguna", lo cual le "hace pensar que hay más interés mediático que judicial".

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La Fiscalía abrió a finales de septiembre pasado unas diligencias de investigación preprocesales tras recibir una denuncia de la plataforma ciudadana Tu pueblo y el mío contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, según avanzó el periódico Información e informó a Público esta asociación. Tu pueblo y el mío acusa al prelado de incitar "a la discriminación del colectivo LGTBIQ+" y de "legitimar prácticas prohibidas por la legislación vigente": las, así llamadas, terapias de conversión, que expertos de Naciones Unidas consideran que equivalen "a formas de tortura".
El obispo, tras la publicación por Información, reaccionó en su cuenta de X y escribió: "Yo no he recibido comunicación alguna de esta noticia de prensa, lo cual me hace pensar que hay más interés mediático que judicial". El objeto de las diligencias de investigación preprocesales es averiguar si un hecho tiene relevancia criminal y los fiscales no tienen obligación de comunicar la apertura de este tipo de actuaciones, según las fuentes consultadas por Público. Esto está regulado en una circular de la Fiscalía General del Estado publicada en el BOE, que se puede consultar aquí.
La denuncia, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la recibió la Fiscalía General del Estado el 8 de julio, que manifestó a la plataforma mediante un escrito remitido por correo electrónico a Lucas López, presidente de Tu pueblo y el mío no tener competencias. Decidió después, según pudo confirmar Público, remitirla a la Fiscalía Provincial de Madrid por estar allí la emisora, Radio María, "donde se hicieron las declaraciones denunciadas".
Un tiempo después, el 29 de septiembre pasado, la plataforma recibió vía correo electrónico una comunicación de la Fiscalía de Madrid, a la que ha tenido acceso Público, en la que se informaba de que se habían abierto diligencias de investigación preprocesales tras su denuncia. En la diligencia que la Fiscalía de delitos de odio y discriminación envió al email de López no se recogen nombres, pero el presidente de la asociación aseguró a este periódico que al 100% se trataba de la respuesta a su denuncia contra Munilla. Público ha tratado en varias ocasiones de confirmar con la Fiscalía Provincial que las pesquisas seguían adelante, sin éxito alguno. Ni los mensajes ni las llamadas fueron respondidas.
En ese escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Público, se recoge que los hechos denunciados "sin perjuicio de efectuar en su caso una calificación más concreta, pudieran ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, bien en su modalidad de discurso de odio o, en su caso de lesión a la dignidad".
El escrito que la asociación Tu pueblo y el mío envió a la Fiscalía, al que también ha accedido Público, recogía que Munilla "en diversas intervenciones públicas recientes" había realizado manifestaciones que "excedían el ámbito de la libertad de expresión". Este periódico trató de conocer sin éxito la posición del obispo Munilla en reiteradas ocasiones mediante correo electrónico a los servicios de comunicación de la diócesis, ante la imposibilidad de hacerlo por teléfono. En el momento de publicación de esta información, los correos no habían sido respondidos.
Con la información ya publicada, Munilla manifestó en su cuenta de X: "Obviamente, esto no tiene recorrido judicial alguno y solo persigue amedrentar a la Iglesia para que no se atreva a predicar la Buena Nueva del amor cristiano, para así intentar imponer al conjunto de la sociedad una antropología de Estado basada en la teoría gender-[LGTBIQ+]".
El obispo añadía en el texto "cuatro breves consideraciones". Por un lado: "Es totalmente falso que yo haya dirigido crítica alguna a colectivos [LGTBIQ+]. Yo critiqué abiertamente la ley aprobada el año pasado en España, en la que se prohíben y penalizan las “supuestas” terapias de conversión. Ahora bien, ¿es delito criticar al Gobierno y sus leyes? ¿No deberían, entonces, denunciar también a todos los parlamentarios que votaron en contra de esa ley en el Congreso?"
Por otra parte: "Subrayé que es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo —hormonas y cirugías incluidas— prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como terapia de conversión…". Además: "La Iglesia no puede por menos de predicar el Evangelio del amor y de la pureza; y no vamos a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que nos pidan libremente ayuda espiritual para vivir en castidad". Y, por último: "Por cierto, yo no he recibido comunicación alguna de esta noticia de prensa, lo cual me hace pensar que hay más interés mediático que judicial".
Lucas López, el presidente de la asociación, quien firma la denuncia, precisaba en ella que el 3 de mayo de 2024, durante el programa de Radio María Sexto Continente, el obispo había afirmado: "Se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales [...] si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas, entonces eso se entiende como terapia de conversión y eso está prohibido".
Luego, había añadido: "Aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano".
La asociación considera que estas afirmaciones "equivalen a una defensa explícita de las llamadas terapias de conversión, prohibidas en España en múltiples normativas". La ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ veta estas actuaciones y establece sanciones económicas de hasta 150.000 euros, al considerar que atentan contra la identidad de las personas LGTBIQ+ y su orientación sexual.
Así dice el artículo 17 de esta norma: "Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".
Además, en declaraciones recogidas por diversos medios el 16 de julio de 2024, el Obispo Munilla justificó —recuerda la plataforma a los fiscales— públicamente estas terapias, negando que sean coercitivas y sugiriendo que su prohibición era un "liberticidio LGTBIQ+".
"Tales manifestaciones —asegura López— no sólo trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica, sino que legitiman simbólicamente intervenciones que atentan contra la dignidad y la salud psicosocial de personas LGTBIQ+, y alimentan un discurso de estigmatización bajo cobertura religiosa".
El código penal español protege de la discriminación en su artículo 510 por dos vías. Por un lado, mediante la condena a una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo [...] por razón de su [...] orientación o identidad sexual".
Y por otro, mediando el castigo a prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a "quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito [...] por su [...] orientación o identidad sexual".


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