La oleada de incendios que asola España ha vuelto a poner de manifiesto las precarias condiciones en las que trabajan los bomberos forestales que los combaten, tanto las plantillas profesionales como las de personal temporal que cubre sólo los meses de mayor riesgo por el fuego. En ambos casos, en muchas ocasiones, dependen de concesionarias privadas subcontratadas por ayuntamientos y comunidades autonómas, que emplean a personas sin la experiencia ni el entrenamiento adecuados.

Los bomberos forestales de algunas de las zonas las más afectadas por los siniestros de estas última semana en Asturias, Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid y País Valencià, han anunciado movilizaciones, mientras sus representantes sindicales insisten a través de comunicados y apariciones en los medios en denunciar los bajos salarios, la escasez de equipos adecuados, la falta de formación y la inseguridad y las pésimas condiciones que enfrentan: jornadas extenuantes, sin lugares adecuados para descansar y pernoctar ni avituallamiento de agua y comida, que a veces sólo está garantizado por la buena voluntad de los vecinos de las zonas donde operan.

También han reiterado el el argumento, ya manido y casi convertido en meme desde hace años, de que los incendios se apagan en invierno mediante el cuidado del monte y la ordenación racional del territorio, aspectos fundamentales en la prevención de las catástrofes y que, según aseguran, los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias en materia de gestión forestal, obvian sistemáticamente desde hace decenios.

"Los dispositivos se van a quedar cortos, llevamos 60 años de abandono del monte y tenemos que prepararnos para lo que va a venir porque la despoblación ha dejado los pueblos vacíos y ya no hay aprovechamiento socioeconómico y cultural de su entorno”, explica Ángel Malanda Lafuente, bombero forestal de los equipos helitransportados que lleva la empresa Tragsa en Castilla y León y sindicalista de la Confederación General del Trabajo (CGT). Recuerda que cuando empezó este año la temporada de riesgo, el pasado 12 de junio, hubo tres bases de esa comunidad que ni siquiera dispusieron de helicóptero durante un mes; que algunas ni siquiera tenían aseos hasta hace bien poco, y que él y sus compañeros cobran por convenio 1,69 euros brutos por hora de incendio, ya sea volando o enfrentándose a las llamas. Los fuegos de León, Zamora, Salamanca y Palencia superan ya las 40.000 hectáreas quemadas, más de 8.200 personas evacuadas y dos fallecidos.

Aguantamos por vocación

"Mucha gente dirá lo mismo, pero para mí esta es la profesión más bonita del mundo, porque cuidamos lo que es de todos. Si muchos de nosotros aguantamos es por pura vocación”, añade Malanda, para señalar la precariedad que provoca el que parte de los efectivos de los servicios antincendios dependan de compañías privadas, cuyo beneficio, sobre todo, proviene de ajustar sus costes laborales y de la contratación temporal. Ésta reduce los efectivos disponibles para limpiar el monte de biomasa –los bomberos emplean directamente la palabra combustible– en los meses en los que ésta se acumula. La Junta de Castilla y León, que dirige Alfonso Fernández Mañueco, no ha hecho públicas las cifras de cómo está distribuido ese personal, pero según los datos de una encuesta de la CGT, realizada entre el 40% de las bases de bomberos forestales helitransportados de la comunidad, sólo un 47% de los trabajadores son fijos, un 23%, fijos discontinuos y un 30%, eventuales.

"En un incendio, la presencia de alguien sin experiencia puede ser un problema grave. Además de los riesgos personales evidente, si por ejemplo no se aleja cuando un medio aéreo va arrojar agua y tenemos que abortarla, podemos perder minutos esenciales en la extinción”, detalla Malanda, quien lamenta además que muchas veces sean los propios bomberos los que tienen que buscarse formación por su cuenta porque nadie se la proporciona.

Raúl Mena también es bombero forestal por vocación. Empezó a trabajar como eventual de la Junta de Andalucía con 17 años y hoy, con 51, es jefe de grupo y secretario general de la sección sindical de CCOO en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. "Nunca va a haber medios suficientes porque el campo está cada vez más abandonado. Cuando yo empecé, todas las temporadas salían cuadrillas de vecinos de los pueblos para limpiar el monte, pero eso se acabó hace tiempo", relata.

Mena explica que un bombero forestal de Andalucía, donde el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha enfrentado varios siniestros de extrema gravedad en el entorno de Tarifa (Cádiz), cobra un salario de entre 1.300 y 1.400 euros al mes, da igual su antigüedad porque, al contrario del resto de los funcionarios públicos, no tienen derecho a ese complemento. Llevan cinco años con el convenio colectivo caducado, cerca de 900 de las alrededor de 3.700 personas que se dedican a la lucha contra los incendios son eventuales y, aunque muchos de los más jóvenes también querrían quedarse y hacer carrera en ese trabajo, "están tan precarizados que en cuanto encuentran algo mejor en cualquier sector, se van". Eso, sostiene, dificulta contar con personal experimentado y bien formado. "No creo que, desde la perspectiva de un civil, haya nada más parecido a la guerra que un incendio. Hasta la nomenclatura es bélica: ataque, frente, combate, flanco, ofensiva... En un incendio tiene que haber profesionales, y la mejor manera de aprender a ser bombero forestal es en invierno, pateando el monte, conociéndolo, sabiendo dónde se ha acumulado el combustible, dónde están las carreteras, los caminos, las casas", defiende.

"Los voluntarios deben ser profesionales"

Mena, y también Malanda, critican además que los medios y las administraciones usen la palabra "voluntario" para –como en el caso de tres de las cuatro víctimas mortales que se han cobrado el humo y las llamas en lo que va de semana– nombrar a los ciudadanos y ciudadanas que intentan que no ardan los montes de sus pueblos, sus parcelas, sus casas o las de sus vecinos. "Es absolutamente normal que lo hagan, pero hasta cuando hablamos de voluntarios deberíamos referirnos sólo a quienes están preparados", dice el portavoz andaluz, quien advierte de que usar esa palabra erróneamente una y otra vez alimenta la idea de que un incendio se puede enfrentar sin la participación de profesionales expertos. "Parece como si cualquiera pudiera ser o hacer de bombero forestal y no es así", concluye.

"Parece como si cualquiera pudiera ser o hacer de bombero forestal y no es así"

"Yo he visto a gente meterse en un fuego con ropa acrílica y botas de gore-tex”, alerta Zeltia Burgos, agente forestal y secretaria de Administración autonómica de la Confederación Sindical Galega (CIG), mayoritaria en la función pública de la comunidad que preside Alfonso Rueda, donde han ardido ya cerca de 10.000 hectáreas sólo en Ourense. "No se puede mandar a nadie a un incendio sin el entrenamiento y la experiencia adecuadas, la mayoría de las muertes en esos siniestros se producen por la desorientación, el estrés y el miedo que producen, y si hasta los profesionales nos asustamos en esas circunstancias, imagínese lo que le puede suceder a alguien que no lo sea", dice. Por ello, lamenta la práctica habitual de las administraciones de contratar o subcontratar personal no profesional en la temporada de más riesgo. "No se trata tanto de formación sino entrenamiento, y eso no se puede tener si no te dedicas a esto todo el año", añade la portavoz sindical.

Contratados o subcontratados por meses

Tres de esos bomberos no profesionales, a los que algunos medios ya han calificado de "héroes voluntarios", se encuentran hospitalizados en A Coruña por las graves heridas que sufrieron en el incendio de Oímbra (Ourense), cuando las llamas los cercaron. En Laza, en la misma provincia, otros bomberos sí profesionales han denunciado en las redes sociales que Tragsa les ha amenazado con sancionarlos por pretender cumplir las horas de descanso a las que legalmente tienen derecho.

Según datos de la CIG, el operativo antincendios de Galicia bajo mando de la Xunta cuenta con 2.430 personas. Un 60% son funcionarios y el resto, personal laboral, parte del cual se contrata o subcontrata por meses a través de los ayuntamientos y de Seaga, una empresa pública adscrita a la Administración autonómica. Burgos narra que sus compañeros desplazados a Ourense están teniendo enormes dificultades para encontrar sitios donde dormir, porque estamos en plena temporada turística; que comen de bocadillo día tras día con jornadas que se extienden durante semanas muy por encima de su horario; que la Xunta está echando mano de temporeros subcontratados a quienes llama de un día para otro porque las horas extra le salen así más baratas; y que muchos de ellos, tras diez o 12 horas de trabajo en el monte, tienen que limpiar en sus propias casas los vehículos y los equipos de protección, plagados de residuos extremadamente tóxicos e incluso cancerígenos. "Hay que proteger a quienes combaten el fuego, y no se está haciendo", lamenta Burgos.

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Además del maltrato que denuncia, la portavoz de la CIG también señala la responsabilidad de la Xunta de Rueda, y antes de Alberto Núñez Feijóo, por promover "un modelo forestal basado en la eucaliptización y en la venta de los recursos naturales, con ausencia total de un planeamiento del territorio basado en la prevención de incendios" y sin estrategias eficaces para sanear los montes antes de que la acumulación de biomasa los convierta en bombas de relojería. Burgos recuerda que "los expertos han anunciado que lo peor va a venir en las próximas jornadas, con condiciones de alto riesgo para la ciudadanía y para bomberos, agentes forestales y el resto de personal que trabaja en primera línea de fuego". "Ya estamos sufriendo atrapamientos y situaciones críticas, accidentes y lesiones graves que, con el cansancio acumulado y las condiciones climáticas extremas, previsiblemente van a ir a más".

En Madrid, los bomberos forestales de la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, donde el incendio de Tres Cantos acabó con la vida de una persona y quemó 1.500 hectáreas, han decidido suspender hasta el 25 de agosto la huelga que mantenían en defensa de la mejora de sus condiciones laborales, que llevan años reivindicando ante Tragsa y el Gobierno regional. También han lamentado que nadie se haya dignado siquiera a recibirlos.